Alvenio Rosero era el dirigente comunal de una de las zonas con más cultivos ilícitos del departamento.
Este lunes a la 1 de la mañana, desconocidos llegaron a la casa del presidente de la Junta de Acción Comunal de La Unión, Alvino Rosero, y lo asesinaron. Esta región del país es uno de los sitios con mayor cantidad de cultivos ilícitos del país, y este asesinato sucede en medio del aumento de plantaciones de hoja de coca, de los planes de sustitución de cultivos por parte del gobierno y una preocupación internacional por luchar contra las drogas. Al percatarse del homicidio, los vecinos avisaron de inmediato al presidente de AsoJuntas en la región, Jaxin Oswaldo Solarte Rosero.
El martes, a través de un comunicado, Solarte dio la noticia y dijo, además, que “se desconoce los hechos que le ocasionaron la muerte”. Dijo también que “la acción comunal esta de luto, un líder más que perdemos, nos solidarizamos con sus familiares por la gran perdida de nuestro estimado presidente”.
Por el momento no se conoce más información, y las autoridades no se han manifestado. Pero en efecto, según información de la Presidencia de la República, Alvenio Rosero figura como el representante de la Junta en La Unión en una lista de líderes sociales de San Miguel.
Putumayo, junto a Nariño y Norte de Santander, son los departamentos de Colombia donde más han crecido los cultivos de coca, que llegaron a las 188.000 hectáreas sembradas a finales de 2016. Según la revista Semana, “a mediados de febrero, el Gobierno, las FARC y organizaciones campesinas de Putumayo firmaron uno de esos proyectos para sustituir la coca por productos como maíz, cacao y café, que pretenden llegar a los 40 municipios que concentran la mitad de la coca”.
La muerte de Rosero es la segunda de un miembro de movimientos políticos sociales desde que comenzó la implementación de los acuerdos de La Habana, en diciembre de 2016. Los departamentos que más dirigentes asesinados han puesto son Cauca, con 8; Antioquia, con 5; y Cesar, con 3.
Investigadores consultados por este portal empiezan a encontrar patrones en estos crímenes contra estos miembros: han dicho, por ejemplo, que la idea de los victimarios es desarticular cualquier posibilidad de organización y atacar los nuevos liderazgos que puedan llegar a surgir en las regiones. Por eso, la mayoría de los asesinados no tienen más de 35 años.
La propia vicefiscal María Paulina Riveros, en la audiencia ante la CIDH, dijo que “los crímenes obedecían a los siguientes factores: la disputa por rentas ilícitas en zonas de antigua presencia guerrillera, la operación de disidencias de las Farc “que quieren mantener control territorial y social”, los intereses de los corruptos que buscan exterminar a sus “competidores sociales” para conservar el poder, la “falta de conectividad de las localidades con los centros” (lo cual impide el acceso oportuno de las autoridades a los territorios), la incapacidad para legitimar el papel del Estado como garante de la justicia, y el uso de la violencia como “lenguaje transversal a la realidad social colombiana”, según un artículo publicado por ¡Pacifista!.
Lo cierto es que la tragedia sigue. El ministro de Defensa y el Fiscal dicen que los crímenes contra dirigentes sociales “no son sistemáticos” y cuando los movimientos sociales denuncian presencia armada de grupos paramilitares en las regiones más conflictivas del país, responden que esas estructuras “ya no existen”. Mientras tanto, el país sigue viendo cómo matan a sus líderes.
