Paradójicamente, a los cultivadores de coca para usos legales los persiguen los grupos armados y el gobierno.
La coca está ligada a la historia de Perú. Los Incas fueron los primeros que utilizaron la planta para sobrellevar los problemas de altura, alimentación y en general como elemento de la vida diaria— incluso era esencial en los rituales religiosos—. Según el Congreso de Perú, estas técnicas llevan alrededor de 6.500 años antes de la conquista española.
Actualmente estos usos están clasificados como “usos tradicionales lícitos” y están reconocidos en el art. 14 inc 2 del gobierno de Perú y en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes desde 1988. En este documento señalan que existirán garantías para los cultivos de coca: “se tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente”
Hoy, de acuerdo con cifras del gobierno, son en total 11.000 toneladas de coca que tienen un uso lícito en Perú. Dentro de los productos lícitos derivados de esta planta están los medicinales, las infusiones, la harina de coca, los caramelos, entre otros.
Marianne Zavala es cultivadora lícita de coca en Perú, vive en el departamento de Junín, en un distrito llamado Pangoa. Desde que tiene uso de razón, Zavala ha cultivado la coca, pues sus abuelos y posteriormente sus padres continuaron con esta tradición ancestral peruana. Marianne tiene media hectárea de un cultivo de coca y gracias a su cultivo produce harina de coca y algunos derivados, como galletas, pasteles, biscochos y otros productos de panadería.
Además de ser una representante de los agricultores cocaleros en su región, Zavala es juez de paz de su comunidad. Ha luchado durante años en contra de la estigmatización de los cultivadores de coca así como contra la presión de los narcotraficantes.
En Perú hay diferentes grupos armados que van por el negocio del narcotráfico: están las mafias serbias, las bandas chalacas y las bandas del Callao; grupos que tienen conexión con otras bandas criminales de Colombia y México.
Conocimos a Marianne Zavala en el encuentro que hizo el Centro de Estudios Sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes (Cesed) de la mano con Open Society Foundations. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con ella para conocer sobre su experiencia como cultivadora y los retos que ha tenido que sortear.
¿Tu comunidad ha tenido problemas con grupos ilegales?
Sí, no es fácil organizarnos, siempre cuidamos para que no se nos filtren estos grupos. Algunos dirigentes de estos grupos criminales se acercan a la comunidad para ofrecer negocios, incluso algunos campesinos me dicen “oye, dice que nos van a financiar y que vamos a ganar mucho”. Pero yo les digo que es mejor no hacerlo; siempre el que se mete en eso termina perdiendo.
Lo que hicimos para tratar de no tener problemas con este tema fue firmar un acuerdo: si algún socio se encuentra vinculado con esos negocios, será expulsado.
Donde más hemos visto influencia de estos grupos es en el Alto Huallaga (provincia del departamento de San Martín), allá tienen territorios que hoy en día controlan, además quieren imponer sus ideas y están en contra del empadronamiento. Ellos contradicen lo que nosotros queremos construir y no le dan la cara al gobierno.
Digamos que ellos no permiten que podamos demostrar cuántos somos y saber la producción que hacemos, pues muchos se filtran en nuestros terrenos, es complicado. Incluso nos amenazan y asesinan, a una líder en Uchiza (localidad peruana del departamento de San Martín), la asesinaron por impulsar el Empadronamiento, ella se llamaba Diodora Espinosa.
El empadronamiento al que se refiere Marianne es un proceso que se estableció con la Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas de febrero de 1978 de Perú, en la que se registraron ciertos predios de uso legal (la totalidad de la producción lícita de 1978 era de 9,747.06 ha). Esta ley contemplaba que todo sembrío nuevo sería ilegal y tendría que ser erradicado. Sin embargo, dichos cultivos fueron aumentando a medida que pasaron los años. Incluso Perú ,a mediados de la década de los noventa, fue el país con más p cultivos de coca; en 1995 tenían 115,300 ha. Ese lugar lo ocuparía unos años más tarde Colombia.
¿Has tenido problemas con el Gobierno por tus cultivos?
Bueno a nosotros nos consideran ilegales precisamente porque no alcanzamos a entrar en el empadronamiento. Solo cuatro lugares cercanos de mi zona sí están dentro de este. En ese aspecto hay un problema con el empadronamiento.
Lo que yo cultivo son productos legales, yo produzco la harina de coca y de ahí tenemos diferentes derivaciones como pasteles, galletas… bueno variedad de productos.
Mi familia siempre ha cultivado y el uso siempre ha sido para alimentación o para medicinas, mis abuelos empezaron, luego mi papá, pero a él lo mataron y por eso sigo yo con los cultivos.
¿El gobierno les ha propuesto cambiar sus cultivos por otros?
Sí, eso es lo que ellos llaman desarrollo alternativo: ellos llegan a los territorios pero no de forma directa, digamos que empiezan a organizarse en algunos lugares, les dicen a los habitantes que la coca trae problemas y les proponen a los producir otros productos, como el algodón o la paprika. La gente los escucha, se organiza, hacen el cambio de sus cultivos, les dan su primer pago y ya para el segundo pago el gobierno se desaparece. Digamos que la gente hace lo posible para hacer parte del programa, pero no les garantizan la sostenibilidad económica.
Eso pasó en Tingo María y Valle del Monzón (ciudad y distrito del departamento de Huánuco, Perú): la gente invirtió en paprika, sacaron créditos y luego para comercializar la cosecha, cuando necesitaban ayuda, los que promovían la sustitución se desaparecieron. Uno dice, ¿para qué hacen eso esos funcionarios? La gente se les organiza al principio, tienen la disposición, pero luego ellos se van y no les responden. Por eso la gente se pone resentida.Por eso no creemos en esos planes.
¿Les han intentado erradicar forzosamente los cultivos?
No, pero en el distrito vecino en Mazamari, en donde está el poblado de San José de Parali, sí. Ellos quisieron acercarse al gobierno para hacer la comercialización legal de sus productos, pero al permitir que entraran a sus cultivos, lograron localizar la zona para hacer efectiva la erradicación. Allá esparcieron un hongo que les dañó los cultivos.
Entonces nosotros en Pangoa, al ver eso, somos muy cuidadosos con esos acercamientos que hacen los diferentes funcionarios.
¿Ustedes sienten una estigmatización por tener estos cultivos?
La estigmatización generalmente viene de parte del Gobierno, de funcionarios, de las autoridades. Porque acá, en la comunidad, nosotros nos conocemos, somos vecinos y tenemos una buena relación.
Uno de los momentos en los que sentí más discriminación fue cuando fuimos a una Feria Agropecuaría del distrito que reúne a diferentes productores y gremios como los cacaoteros, cafeteros, plataneros… bueno en general varios productores, y pues nosotros también somos un gremio y por eso fuimos a participar. Sin embargo, cuando pedimos el stand para poner nuestros productos en la muestra, funcionarios del gobierno que estaban organizando el evento nos dijeron que no podíamos mostrar lo que hacíamos porque no era el mejor ejemplo para otros productores.
Ahí sinceramente me sentí muy mal, y no ha sido la única vez. También la Policía nos muestra mal, uno de los coroneles que llegó a la zona comenzó a decir en el poblado que “aquellos que siembran coca son narcotraficantes”. Él viene con esa mentalidad para estigmatizarnos y nos hace quedar muy mal ante la gente. Acá yo estoy en la lucha contra del narcotráfico, sólo queremos comercializar lo que es legal.
Según el estudio de Monitoreo de Cultivos de Coca en Perú, hecho por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Perú tiene actualmente 49.900 hectáreas de coca. De ese total, 117.000 toneladas representan la producción de hoja seca, que es la que mayormente se utiliza para elaborar cocaína, y sólo 11.000 toneladas se utilizan para uso lícito.
