Un reciente informe de la Comisión Colombiana de Juristas, presentado ante la JEP y la Comisión de la Verdad, muestra la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en las masacres ocurridas entre 2000 y 2001.
Los enfrentamientos armados entre guerrilleros, militares y paramilitares, en los Montes de María, entre Bolívar y Sucre, han hecho de esa región un constante territorio en disputa. Solo entre 2000 y 2001 fueron asesinadas 175 personas, en diez masacres paramilitares, sin que las Fuerzas Militares intervinieran para proteger a la población. En ‘El silencio de las gaitas’, un informe que acaba de presentar la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), se evidencia esa negligencia del Estado para acudir a los lugares atacados por los paramilitares. Y va más allá, pues también señala el apoyo que la Infantería de Marina y la Policía Nacional dieron a los victimarios durante las masacres de Ovejas-Canutal, El Salado, Mampuján-Las Brisas- San Cayetano, Hato Nuevo, La Libertad, Curva del Diablo, Chinulito y El Cerro, Macayepo, Carmen de Bolívar y Chengue.
Además de una investigación, la CCJ insta a la Justicia Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad a que cada caso sea declarado como crimen de lesa humanidad.
¿Qué pasó exactamente en Montes de María? En la década de los noventa, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) empezaron a tener el control de los territorios en la zona apoyados por los grandes ganaderos y dueños de tierras. Durante el gobierno de Andrés Pastrana consolidaron un esquema de asaltos a los campesinos de la región en busca de guerrilleros y colaboradores de estos grupos para asesinarlos.
No eran hechos aislados: había todo un plan de eliminación sistemática, pues solo entre 1996 y 2003 fueron ejecutadas 42 masacres a manos de grupos paramilitares.
Según el informe, las Fuerzas Militares hacían parte de ese esquema colaborando con suministros e información durante las masacres. Tenían acuerdos entre ambas partes que incluían el conocimiento previo de los planes de ataque y la omisión del Ejército para detener las agresiones a la población o, incluso, su participación directa.
Así lo declaró ante la Fiscalía el militar Cristian Acosta: “Consistió en apoyo aéreo cuando había combates. También en munición, medicina, calzado y comida, además de ayudas en la información de inteligencia de los supuestos guerrilleros que estaban en los corregimientos donde se hicieron las masacres. Así fue la colaboración que dio la Infantería de Marina a las autodefensas”.
La Brigada Primera de Infantería de Marina (Biprima), comandada por el entonces contraalmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas, es la principal cómplice y colaboradora de los grupos paramilitares que perpetraron las masacres investigadas en el informe, en conjunto con agentes de la Policía de Sucre y Bolívar. Estos miembros de la Fuerza Pública tenían información previa de las matanzas que iban a suceder en al menos cinco de los diez casos.
En la masacre de El Salado, por ejemplo, el comando de la Biprima ordenó replegar cuatro grupos de la zona, movilizar dos hacía el sector Los Números y dos más hacia Macayepo. Esto dejó libres las vías para la incursión de los paramilitares en El Salado y solo tres días después hicieron presencia en la zona, cuando la masacre ya había pasado y los asesinos se habían ido.
“Estando en el área no sabía con quién estaba trabajando, si era con las autodefensas o con la Infantería de Marina, porque allá decían que todo estaba coordinado con la brigada. Nosotros estábamos en El Salado y los paramilitares a los alrededores haciendo su masacre”, declaró el militar Alfonso Enríquez Benítez a la Fiscalía sobre la masacre de El Salado, evidenciando el control de los grupos paramilitares en la zona y su complicidad con la Fuerza Pública.
Con este informe, la CCJ le solicita a la JEP una investigación de cada una de las diez masacres y una depuración de las Fuerzas Armadas de los militares involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, teniendo en cuenta sus declaraciones.
Por esa razón, se solicita la indagatoria del comandante de la Biprima de ese entonces (Quiñonez Cárdenas), de los hombres que estaban bajo sus órdenes y de los comandantes de la Policía de Bolívar y Sucre de esos años, el general retirado Rodolfo Palomino López, los coroneles retirados Normal León Arango Franco y Carlos Eduardo Devia Gutiérrez y coronel Mario Nel Flórez Álvarez.
Además, las víctimas que participaron en el informe solicitan a la Comisión de la Verdad la creación de una subcomisión que brinde garantías de no repetición y en la que sea posible recibir, proponer y evaluar proyectos. También piden al Congreso de la República crear un mecanismo de control de ascensos de militares y policías donde organizaciones de la sociedad civil puedan interferir en los procesos de aquellos que estén involucrados en violaciones a los derechos humanos.
