Justo después de un fin de semana violento en Buenaventura -cinco asesinatos-, El Centro Nacional de Memoria Histórica lanza en Bogotá una investigación sobre el puerto. La conclusión es una paradoja del posconflicto: una población excluida, masacrada, sumida en la pobreza y una industria próspera.
Por: Esteban Montaño
Un puerto por el que circulan más de la mitad de las mercancías que entran y salen del país. Dos empresas que en 2013 pagaron más de cuatro billones de pesos en impuestos, pero que fueron multadas por no remunerar justamente a sus empleados. Una ciudad con cerca de 370 mil habitantes, de los cuales el 73 por ciento son afrodescendientes. Una ciudad-puerto en la que siete de cada diez personas son pobres y seis de cada diez jóvenes entre 15 y 24 años están desempleados. Ese es Buenaventura, un lugar de Colombia que refleja como pocos la cruel paradoja de un modelo económico en el que la riqueza no se traduce en prosperidad para la gente.
Sin tener en cuenta este contexto, es imposible entender por qué la segunda ciudad más importante del Valle de Cauca se ha convertido en uno de los epicentros de la violencia en Colombia. Para muchos bonaverenses, la consolidación de las Farc en los años noventa, la llegada de los paramilitares en el inicio del nuevo siglo y la multiplicación de las bandas delincuenciales en los años posteriores al proceso de Justicia y Paz guarda una estrecha relación con la privatización del Puerto en 1993 y el consecuente deterioro de las condiciones de vida de los habitantes.
De ahí que el nombre del más reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sea Buenaventura: un puerto sin comunidad. Se trata de una investigación que nació a raíz de una petición que diversas organizaciones sociales -agrupadas en un espacio que denominaron Minga por la Memoria- le hicieron al CNMH para que contribuyera a la comprensión y a la explicación de las causas por las que la violencia de los grupos armados se ha ensañado principalmente contra la población civil.
El resultado es un documento de 484 páginas que no se limita a mostrar que cerca del 44 por ciento de los habitantes de Buenaventura ha sufrido directamente los efectos de la guerra, o que entre 1990 y el 2012 ocurrieron casi cinco mil asesinatos, 475 desapariciones forzadas, 26 masacres y más de 150 mil personas fueron desplazadas de sus territorios. Hace poco, el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, resumió bien este trágico panorama diciendo que en esta ciudad se agotó el diccionario de la violencia.
Buenaventura: un puerto sin comunidad es también una denuncia sobre la responsabilidad de un Estado que por un lado reconoce a los afrodescendientes como sujetos políticos, pero por otro les niega las posibilidades de ascender socialmente a través de sus medidas de apertura económica. Este tipo de Estado, dice el informe, no provee ni regula bienes públicos en seguridad, justicia y bienestar. Lo cual, para el caso de los habitantes de la ciudad-puerto, se convierte en un obstáculo para la supervivencia cultural de sus comunidades.
Esta situación, sumada a la ubicación privilegiada del puerto sobre el Océano Pacífico, ha sido el caldo de cultivo para la aparición de múltiples actores armados que se nutren de los gigantescos recursos que producen las economías ilegales como el narcotráfico, el robo de combustible y la minería ilegal. En estas condiciones, son muchos los incentivos para que estos grupos desplieguen estrategias que aseguren el mantenimiento de este estado de cosas. Y esa es la razón por la que el control de la población civil se convierte en el principal objetivo de los violentos.
Esto ha causado unos daños inmensos en el tejido social de los bonaverenses. Por ejemplo, ha trastocado la relación que tienen con sus muertos y el papel que les otorgan en su ordenamiento social. También ha afectado las relaciones de parentesco y la manera en que transmiten sus conocimientos a las siguientes generaciones. El informe también hace énfasis en la manera como la guerra ha victimizado a las mujeres, que son consideradas dentro de las culturas afrodescendientes como las articuladoras de las comunidades.
A pesar de toda la barbarie que describe, la investigación también da cuenta de la resistencia y la capacidad creativa de los pobladores de Buenaventura para hacer frente a los grupos armados y a las lógicas que quieren imponer en los territorios. Por eso el último capítulo está dedicado a las formas organizativas que intentan rescatar el valor de la vida, sanar el sufrimiento causado y restablecer el sentido colectivo que ha sido perjudicado por la violencia.
En síntesis, en el informe el Centro Nacional de Memoria Histórica intenta desentrañar las causas de una violencia que no solo ha desangrado y aterrorizado a los habitantes de Buenaventura, sino que abre un profundo interrogante sobre la capacidad del Estado para consolidar su presencia en lugares afectados por el conflicto armado. Como dice Gonzalo Sánchez, “Buenaventura es el opuesto de un Estado maduro para el posconflicto”.
