Seis oficiales deberán responder por, presuntamente, haber despejado una porción de ese departamento.
Además de lesionar la credibilidad del proceso de paz, el acto de proselitismo que realizaron tres negociadores de las Farc en el corregimiento Conejo, del municipio de Fonseca (La Guajira), terminó por traerle serias consecuencias al Gobierno.
El procurador Alejandro Ordóñez acaba de anunciar la apertura formal de una investigación disciplinaria contra el Ministro de Defensa y seis oficiales del Ejército, con el fin de determinar si la Fuerza Pública se retiró de ese corregimiento para permitir el ingreso de las Farc y dejó “desprotegida” a la población civil.
Con base en denuncias y artículos periodísticos, la Procuraduría decidió investigar la línea de mando del Ejército que va desde Bogotá hasta La Guajira. Detrás del Ministro de Defensa, el segundo procesado es el comandante de las Fuerzas Militares, General Juan Pablo Rodríguez.
Rodríguez llegó al cargo en 2014, después de dirigir distintas unidades del Ejército en zonas clave para las Farc. Fue comandante de la Quinta División, que opera en Cundinamarca, Huila, Tolima y Quindío; de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín; de la Décimo Octava Brigada, que opera en Arauca, y de la Novena Brigada, con presencia en zonas limítrofes del Huila con Meta, Caquetá, Tolima y Cauca. Además, dirigió el Comando Conjunto de Operaciones Especiales.
El tercer investigado por la Procuraduría es el comandante del Ejército, General Alberto José Mejía, que lleva menos de un año en el cargo. Mejía es uno de los artífices del plan Espada de Honor, una estrategia que se creó en 2012 para desarticular con mayor eficacia a las guerrillas y proteger la infraestructura energética en zonas como Córdoba, Chocó y el Bajo Cauca antioqueño. El plan, que cuenta con tres fases, incluye un fuerte componente de persuasión dirigido a los combatientes de las Farc y el Eln, con el fin conseguir su desmovilización.
Siguiendo la cadena de mando, el Procurador investigará al comandante de la Primera División del Ejército, el General Jorge Enrique Navarrete, cuya misión es custodiar más de 74 mil kilómetros de Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar, y La Guajira.
Navarrete asumió ese cargo hace tan sólo dos meses, luego de llevar las riendas de la Escuela de Caballería y del Centro Nacional de Entrenamiento (Cenae). Es especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y ha tomado cursos de contraguerrilla rural. También comandó el Grupo de Caballería Mecanizado Número 2 y, más tarde, la Décima Brigada Blindada, adscrita a la Primera División.
-
El General Pablo Alfonso Bonilla, comandante de la Décima Brigada Blindada. Foto: Ejército
Justamente, su sucesor en la Décima Brigada, el General Pablo Alfonso Bonilla, es el quinto investigado por el Ministerio Público. A Bonilla le corresponde custodiar los departamentos de Cesar y La Guajira, haciendo uso de 13 unidades tácticas que operan desde los municipios de Riohacha, Distracción, Albania, Valledupar, La Jagua de Ibirico, Curumaní y Codazzi. El General ha cursado múltiples estudios en Estados Unidos y se ha desempeñado como comandante de la Décima Quinta Brigada, con sede en Quibdó.
El sexto oficial que deberá responder por la presencia de las Farc en Conejo es el Teniente Coronel Orlando González Villamil, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Número 2, de la Décima Brigada Blindada. El Grupo tiene puesto de mando en el corregimiento de Buenavista, del municipio de Distracción (La Guajira), que limita con Fonseca. Su misión es garantizar la seguridad de cinco pueblos, del gasoducto y de las torres de energía que hay en la zona; custodiar parte de la frontera con Venezuela, y proteger las instalaciones de El Cerrejón.
El último que fue llamado a rendir cuentas es el Teniente Coronel William Alfonso Chávez, comandante del Batallón de Artillería de Campaña Número 10. El Batallón también opera desde Buenavista, muy cerca al punto donde las Farc llevaron a cabo el acto de proselitismo político que motivó la investigación de la Procuraduría.
Los seis oficiales, que cuentan con amplia experiencia en zonas de conflicto, y varios de los cuales han pasado sus últimos años en La Guajira, deberán enfrentar un largo proceso disciplinario en el que se buscará determinar si permitieron que se despejara una porción de territorio colombiano para que las Farc hicieran proselitismo a favor del proceso de paz y de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente.
Tras la apertura de la investigación, la Procuraduría realizará nuevas pesquisas para determinar si archiva el proceso o eleva pliego de cargos.
La semana pasada, el Gobierno anunció que la crisis que la presencia de la guerrilla en Conejo desató en la mesa de conversaciones fue superada gracias a la intervención de los países garantes.
¿Hubo despeje?
Si bien eso es justamente lo que tendrá que establecer la Procuraduría y definir las responsabilidades disciplinarias que correspondan, autoridades y habitantes de la región no afirman con certeza que se haya tratado de un despeje.
Una habitante de Conejo dice que si bien la presencia del Ejército en la cabecera de ese corregimiento es frecuente, no puede decirse que sea permanente. Agrega que, en muchas ocasiones, pueden pasar varios días sin que los uniformados se asienten o transiten por la zona:”No sé si hayan salido porque venían los guerrilleros. Pero ellos (el Ejército) pueden estar aquí un tiempo y después irse. Tal vez sí los sacaron porque aquí hubo un rumor de que esa gente venía, pero yo no pudo decir que hayan despejado para eso”.
Por su parte, Misael Velásquez, alcalde de Fonseca, dijo que prefiere no entrar en controversias sobre el tema. Afirma que se enteró de la presencia de las Farc en la noche del jueves 18 y que inmediatamente trató de comunicarse con el Ministerio del Interior, donde, según su versión, le dijeron que no tenían conocimiento de la situación.
Agrega que el Ejército normalmente hace presencia en la zona y que estuvo hasta el miércoles en la noche, un día antes del evento, y volvió al día siguiente. “Ahora la situación está normal”, aclara. “Quien debe dar respuesta de si hubo despeje o no es la Fuerza Pública, a ellos hay que preguntarles”, dice el alcalde.
