El atentado ecológico en el Putumayo es solo una pequeña muestra de cómo el conflicto armado está destruyendo el medio ambiente. Una víctima que suele pasar inadvertida.
Por: Esteban Montaño
El conflicto armado colombiano es sinónimo de catástrofe humanitaria. Basta con revisar las cifras de desplazados, muertos y desaparecidos para entender por qué es tan difícil ampliar la mirada y describir esta tragedia desde otras perspectivas. Sin embargo, el reciente derrame de más de 130 mil galones de petróleo en la vereda La Cabaña de Puerto Asís, capital de Putumayo, es un buen pretexto para mover el foco y fijarlo en los impactos ambientales de esta guerra que ya superó el medio siglo.
En la madrugada de este lunes, cinco hombres vestidos de civil detuvieron una caravana de 25 tractomulas cargadas de petróleo y le ordenaron a los conductores de 23 de ellas –no se sabe por qué se salvaron los dos restantes- que abrieran las llaves de los contenedores y dejaran salir todo el líquido que estaba adentro. La acción, atribuida por el Ejército a guerrilleros del frente 48 de las Farc que opera en el sur del país, ha suscitado múltiples reacciones de rechazo por las graves consecuencias que tiene sobre el medio ambiente.
Precisamente el Ministro de esta cartera, Gabriel Vallejo, señaló este martes que el crudo afectó un nacimiento de agua, contaminó tres humedales y otros cinco corren peligro de ser invadidos por esta mancha espesa que ya ha recorrido más de tres kilómetros desde el punto en que fue arrojada a la superficie. De acuerdo con el biólogo y ambientalista Guillermo Fonseca, al entrar en contacto con el agua, el petróleo acaba con el oxígeno existente y por ello es que mueren los peces, las plantas y todos los microorganismos que habitan en estos entornos.
Para imaginar la magnitud del daño que causan este tipo de ataques hay que tener en cuenta que, si bien este es apenas el sexto que ocurre este año, según el Ministerio de Defensa entre 2013 y 2014 hubo cerca de 400 voladuras a oleoductos y derrames deliberados de petróleo en departamentos como Nariño, Putumayo, Arauca, Norte de Santander y Sucre. “Aunque se tiende a pensar que los ambientalistas solo nos quejamos por los estragos sobre las plantas y los animales, al final el más perjudicado con todo esto es el propio ser humano que es el que vive en estos lugares y saca provecho de esos recursos”, explica Fonseca.
Aun así, este no es el peor de perjuicios que le causa el conflicto armado al medio ambiente. En palabras de Gonzalo Murillo, coordinador nacional de la Red de Programas de Desarrollo y Paz y experto en temas minero-energéticos, “el cultivo de hoja de coca y la minería ilegal son las dos actividades que más han deteriorado los ricos ecosistemas colombianos”. Para nadie es un secreto que es justamente el control de estas dos fuentes de recursos lo que le ha permitido a las guerrillas financiar su guerra contra el Estado colombiano.
En el caso de las plantaciones de hoja de coca, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU estima que para el año 2013 habían en Colombia más de 48 mil hectáreas sembradas en 23 de los 32 departamentos del país. No obstante, más de la mitad de todos los cultivos de coca se encuentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo, justamente los lugares en donde las Farc tienen mayor presencia y dominio territorial.
Como explica Germán Andrade, subdirector científico del Instituto Humboldt, el efecto negativo de la siembra de hoja de coca radica en que, debido a la persecución que realiza el Estado, estos cultivos van desplazándose por todo el territorio deforestando y transformando los ecosistemas que encuentran a su paso. “Está comprobado que las políticas de aspersión aérea no logran erradicar los cultivos sino que impulsan su traslado hacia otras zonas del país, por lo que es posible afirmar que esas 48 mil hectáreas que existen hoy hace unos pocos años eran ocupadas por bosques naturales”.
A esto se le suman los impactos ambientales que traen consigo las fumigaciones con glifosato, los cuales no solo se relacionan con la destrucción de los cultivos y la contaminación de las aguas, sino con los efectos cancerígenos que tiene sobre los animales y las poblaciones humanas que habitan los lugares aledaños a las plantaciones. Prueba de ello es la decisión del gobierno colombiano de suspender este método de erradicación y la búsqueda de mecanismos alternativos para afrontar este problema.
Con respecto a la minería ilegal, las imágenes de las retroexcavadoras devorando montañas y de las dragas destruyendo ríos resultan mucho más elocuentes que cualquier cifra que intente resumir la magnitud de este desastre ambiental. Las consecuencias de esta actividad, que se disparó en los últimos 15 años como resultado del boom de los precios internacionales de los minerales, van desde la contaminación de las aguas con mercurio hasta la amenaza de extinción de cerca de diez especies de animales salvajes.
Un reciente informe de la Revista Semana mostró que ríos tan importantes como el Cauca o el Magdalena presentan altos niveles de presencia de mercurio en sus aguas, lo que ha vuelto inviable la pesca y hasta el consumo humano. Por otra parte, varias organizaciones ambientalistas han denunciado la paulatina desaparición de las tortugas gigantes de Acandí, en el Chocó, de los jaguares en el Sur de Bolívar, de los loros andinos en la Cordillera Central y del delfín rosado en la Orinoquía y la Amazonía, por citar solo algunos ejemplos.
De allí se deduce que la minería ilegal es un fenómeno que se encuentra en gran parte del territorio nacional, lo cual se agrava por el hecho de que en el negocio están involucrados todos los grupos armados que han encontrado allí una fuente de financiación y un estímulo para continuar con sus acciones violentas. La relación entre esta actividad y la guerra es tan estrecha que muchos de ellos han decidido abandonar el negocio de la coca para dedicarse a captar las multimillonarias rentas que deja la extracción de oro, coltán o tungsteno
La conclusión de este preocupante panorama no es otra que llamar la atención sobre una realidad que a veces pasa desapercibida en medio de un conflicto que está latente y que sigue cobrando la vida de muchos colombianos. Así como la prioridad de las negociaciones entre el gobierno y las Farc es detener el derramamiento de sangre y la aparición de nuevas víctimas, también es importante comprender que de nada sirve silenciar los fusiles si, al final, no queda un país habitable para vivir en paz.
