Lo dice Teófilo Vásquez, autor del más reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica.
“En este país nos encanta la discusión por el nombre de la cosa, y no por la cosa misma”. Así zanja el sociólogo Teófilo Vásquez el debate sobre si los grupos armados surgidos de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) son bandas criminales (bacrim), Grupos Armados Organizados (GAO) o paramilitares.
Autor de la más reciente investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, titulada “Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD) (2006-2015)”, Vásquez insiste en que, cualquiera que sea su nombre, esas organizaciones son un desafío enorme para el gobierno en esta fase de implementación de los acuerdos de paz y un jugador fundamental en el ajedrez de las economías criminales.
La investigación concluyó que los GAPD, herederos de las AUC, de los narcos del Norte del Valle y de los mafiosos de los Llanos Orientales, han asesinado a 2.518 personas desde 2006, han desplazado comunidades enteras en Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, y controlan buena parte de las economías subterráneas del Urabá antioqueño, el sur de Córdoba, el bajo Cauca, el Magdalena Medio, el Andén Pacífico y la capital de Norte de Santander.
Hoy, una de las mayores preocupaciones de la sociedad civil es la amenaza que las GAP representan para la vida de los líderes sociales y los combatientes en tránsito a la vida legal. De acuerdo con el informe, entre 2011 y 2015 más del 57 por ciento de las víctimas de las GAPD fueron integrantes de organizaciones sociales.
Hablamos con Vásquez, que presentará hoy la investigación en la Feria del Libro de Bogotá, sobre las motivaciones de esas estructuras, sus alianzas y los riesgos que representan para la construcción de la paz. Su conclusión: el gobierno tendrá que negociar.
Desde que surgieron los GAPD el país se ha enfrascado en una discusión sobre si esas organizaciones tienen o no motivaciones políticas. ¿Qué encontró durante la investigación?
En el mundo político, los GAPD se entienden de dos maneras: la izquierda los ve como un fenómeno que se armó deliberadamente y que es igual a las AUC, y la derecha los ve como personas que se rearmaron por intereses económicos. Pero no es ni lo uno ni lo otro. Luego de la desmovilización, esos grupos se enfrascaron en un proceso de recomposición, en el que los grandes buscaban domar a los pequeños. Luego, en la medida en que se fue desarrollando la negociación con las Farc, fueron recuperando el perfil anticomunista y antizquierda, lo cual está demostrado con la ola de asesinatos contra dirigentes sociales. Si consideramos que ese proceso es político, entonces sí: los GAPD tienen intereses políticos. Pero no son son iguales a las AUC.
¿Los ataques contra los líderes están asociados a disputas ideológicas o a discusiones territoriales por las rentas ilegales de las que se lucran los GAPD?
Al fenómeno paramilitar, visto en el largo plazo, le incomodan profundamente los liderazgos que ponen en cuestión el orden derechista y que cuestionan su monopolio sobre economías legales e ilegales. Ahora mismo, el interés de los GAPD es impedir la dimensión territorial de la implementación del acuerdo firmado con las Farc y convertir en objetivo militar a quienes promueven la restitución y la redistribución de las tierras o se oponen a la minería ilegal, la agroindustria y la ganadería. No le quepa la menor duda de esto: hay un patrón de acción sistemática contra líderes sociales, políticos y de izquierda.
En general, la academia ha explicado los orígenes del conflicto armado a partir de los conflictos agrarios. ¿Qué papel juega la lucha por la tierra en el ajedrez de los GAPD?
Con el tiempo, el conflicto ha pasado de ser una lucha por la tierra a una lucha por el territorio, no solo en su dimensión militar, sino en función de los nuevos modelos de desarrollo rural. Ya no hablamos de conflictos solo en términos de tenencia, de la agroindustria y de la ganadería, sino de la minería, del petróleo, de los usos no agrícolas del mundo rural. Lo que tenemos ahora es una combinación de la disputa en el sentido clásico de la concentración y del acceso, combinada con intereses por los recursos naturales. En eso, obviamente, los GAPD tienen intereses muy grandes.
Está probado en sentencias judiciales que las AUC tuvieron relaciones estrechas con políticos, empresarios e integrantes de la Fuerza Pública. ¿Cómo se relacionan los GAPD con esos actores?
Las AUC le apostaron a la imposición de ordenes sociales autoritarios, cuya expresión más visible fue la “parapolítica”. Ahora, los GAPD no buscan alianzas con los políticos para constituir poderes locales, sino para evitar que el Estado los combata: lo hacen mediante la violencia o la corrupción. Esto ocurre, entre otras cosas, porque el Estado central ha sido incapaz de imponerles reglas de juego civilizadas a los políticos regionales. Sin embargo, ya no hablamos de un proyecto nacional, sino de fragmentaciones territoriales. El fenómeno de ahora se parece mucho a la primera etapa del paramilitarismo, que se remonta a los años 80.
Hay un patrón de acción sistemática contra líderes sociales, políticos y de izquierda.
¿Y cómo son las relaciones entre los GAPD y la policía y el Ejército?
Hemos encontrado alianzas para corromper mandos medios de la Fuerza Pública que les permitan desarrollar sus actividades legales e ilegales. Eso es muy diferente a la alianza contrainsurgente que tuvieron las AUC con agentes estatales, que está probada hasta la saciedad. Pero, como decimos en el informe, todo eso puede revertirse en la medida en que avance la implementación de los acuerdos con las Farc, que puede avivar el paramilitarismo de corte contrainsurgente y antizquierda.
¿Quiere decir que pueden aumentar los ataques contra la sociedad civil por razones políticas?
Sí, no lo dude ni un segundo. Si la sociedad no se moviliza y si el Estado no toma las medidas suficientes, el fenómeno puede escalar.
En marzo pasado, la vicefiscal María Paulina Riveros le dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en los últimos años, la justicia ha condenado a más de 1.000 integrantes del Clan del Golfo e incautado bienes de esa organización avaluados en $4 mil millones. Sin embargo, el Estado no ha conseguido menguar el poder de esa estructura. ¿Por qué?
El gobierno se ha equivocado. En lo puramente militar, trasplantó lo que fue exitoso con las Farc a la lucha con los paramilitares, pero se le olvidó que son dos organizaciones diferentes. Con las Farc, apuntarle a altos mandos tenía sentido porque alteraba la jerarquía y la moral de la tropa. Es que (los desaparecidos comandantes guerrilleros) “Manuel Marulanda” y “Alfonso Cano” son irreemplazables para las Farc. En cambio, si acaban con “Otoniel” (el jefe del Clan del Golfo), pues sube otro a punta de violencia, que es como ocurren las sucesiones entre los bandidos. El gobierno, además, ha sido incapaz de reemplazar con éxito el orden que los paramilitares crearon en las regiones, de acabar con las economías ilegales y de ofrecerles incentivos a los antiguos mandos medios de las AUC para que dejen de venderle su experticia al mejor postor.
Pero esos mandos medios pasaron por un proceso de reintegración a cargo del gobierno, que ha sido criticado por, supuestamente, no haber contenido las reincidencias. ¿Está de acuerdo con que fracasó el proceso de reintegración de las AUC?
Si juzgamos la reintegración como la posibilidad de que los combatientes iniciaran una ruta de inserción a la sociedad civil, el balance es relativamente exitoso: la tasa de reincidencia fue de 25% en la estadística más pesimista y de 15% en la más optimista. Pero el problema es que el proceso se desarrolló pensando solo en los hombres, y no en los contextos. Los combatientes tuvieron que tratar de reintegrarse en condiciones de reproducción de la violencia y de existencia de economías ilegales, por lo que los incentivos para hacer el tránsito eran muy pocos y buena parte de los mandos medios decidieron reclutar una nueva generación: la de los miles de jóvenes de los barrios urbanos y rurales que están excluidos política, social y económicamente.
Justamente, el informe plantea que la violencia de los GAPD no solo afecta el campo, sino mayoritariamente a los barrios pobres de las ciudades intermedias. ¿Por qué?
El fenómeno paramilitar siempre ha tenido un pie en lo rural y otro en lo urbano. Sin embargo, el control de ciudades intermedias se acentúa en la actual etapa, porque lo que han hecho los GAPD es ampliar el portafolio de prestación de servicios de seguridad y de regulación de economías ilegales, como las asociadas al microtráfico y los pagadiario. Eso implicó una mayor urbanización del fenómeno.
El gobierno ha sido incapaz de reemplazar con éxito el orden que los paramilitares crearon en las regiones.
Desde hace varios años, el Ejército y la policía han denunciado alianzas entre las guerrillas y los GAPD en los negocios del narcotráfico y de la minería ilegal. ¿Corroboró esas alianzas durante la investigación?
Hasta 2015, cuando hice trabajo de campo, esas alianzas existían. Las organizaciones hicieron tratos para dividir la cadena productiva del narcotráfico en zonas como el Catatumbo, el Andén Pacífico y el norte del Meta: la guerrilla controlando el cultivo de hoja de coca y la producción de la pasta base, y los paramilitares la comercialización, cada uno en función de lo que sabía hacer. Eso no quiere decir que se hayan fundido: son enemigos políticos disputándose territorios, pero, donde sea más eficiente distribuirse la cadena productiva, ¿para qué van a pelear?
¿Se puede acabar con los GAPD por la vía militar?
No, por la fuerza no se va a poder. A título de lo que quiera, el gobierno va a tener que negociar con esos señores, que son un factor que ejerce control territorial y violencia. Obviamente, estamos hablando de grupos con identidad política, propósitos y estructuras muy distintos a los de las guerrillas, por lo que la negociación tiene que ser diferente. Lo que sí está claro que estamos ante nuevos desafíos de seguridad que están entre la violencia organizada y la delincuencia común, y que implican una mayor imbricación de actores violentos y economías ilegales. El Estado tiene que tomar decisiones de fondo.
