La Fiscalía admitió que 123 casos de los 242 que investigan están en etapa de indagación, es decir, no hay nadie individualizado como presunto responsable. Además, el ente investigativo maneja una cifra de homicidios menor que la ONU. Emilio Archila, consejero para la Estabilización, dice que la Unidad de Investigación avanza 50% más rápido que el resto de la Fiscalía, pero la misma entidad lo pone en duda.
Desde el 2 de abril de 2018, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, advirtió por primera vez la necesidad de judicializar a los autores intelectuales de crímenes contra excombatientes de las Farc. Para esa época se habían registrado 44 homicidios de exguerrilleros. Casi tres años después, 259 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados y tan solo hay cuatro condenas contra determinadores. Así lo reconoció la vicefiscal general de la nación, Martha Mancera, en las respuestas a un cuestionario enviado por este periodista.
Los casos de excombatientes asesinados son asumidos por los 16 fiscales de la Unidad Especial de Investigación de esa entidad, creada en el Acuerdo de Paz que firmaron en 2016 el Estado y las Farc. Hasta ahora, las condenas corresponden a tres asesinatos: uno en Antioquia, uno en Bolívar y otro en Tolima. Preguntamos por qué hay demoras en el enjuiciamiento de los autores intelectuales y la vicefiscal contestó: “llegar al lugar de los hechos de manera oportuna y ágil resulta fundamental para continuar con el proceso penal y considerando que más del 60% de las afectaciones contra reincorporados se producen en zonas rurales el acceso a los territorios resulta complejo”. “Los avances en las etapas procesales no dependen únicamente de investigación y judicialización de la Fiscalía, también involucra el trabajo de la judicatura para avanzar en los procesos penales”, agregó la funcionaria.
“Esto es vergonzoso”, enfatizó para PACIFISTA! Pastor Alape , delegado del partido Comunes (antes partido Farc) ante el Consejo Nacional de Reincorporación, al conocer la cifra de determinadores condenados. “¿Ante este desangre del país la Fiscalía y el Gobierno van a presentar como un éxito la investigación y el hallazgo de cuatro autores intelectuales?”, se preguntó.
En varias entrevistas, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, dijo que las investigaciones contra autores materiales e intelectuales de los homicidios contra excombatientes avanzaban. Incluso, a Colombia2020 de El Espectador le dijo que “los (casos) que la Fiscalía ha resuelto no solamente se refieren a los autores materiales, también a los intelectuales”. Al preguntarle su opinión frente al hecho de que hay solo cuatro condenas contra determinadores respondió: “los resultados que se han obtenido en todos los niveles de investigación y condena en contra de quienes han atacado a los excombatientes es, en mi opinión, sobresaliente, si se tiene en cuenta los resultados que hay en el país en ataques a otras poblaciones”.
Archila también defendió el papel del Gobierno en estas investigaciones al señalar que hay un cartel de los más buscados. “Están los 30 cabecillas de 30 organizaciones que son las organizaciones que han cometido un número muy alto de estos ataques en contra de los excombatientes”, aseguró el funcionario.
La vicefiscal Mancera, en el documento que le remitió a PACIFISTA!, precisó que hay 310 personas vinculadas a las investigaciones por homicidios de excombatientes, de las cuales 62 corresponden a presuntos autores intelectuales. De esos 62 se han emitido órdenes de captura contra 51 -de esas 17 se han hecho efectivas- y los 11 restantes han sido vinculados “mediante neutralizaciones, fallecimientos e imputaciones en centros carcelarios”, aseveró la funcionaria. En total, hay 32 condenas contra personas que participaron en asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz.
De las 242 víctimas que registraba la Fiscalía para el momento de la respuesta (8 de febrero de 2021), 23 hechos tienen sentencia condenatoria, 16 están en juicio, 34 en investigación, hay 43 órdenes de captura vigentes, 3 preclusiones y 123 están en etapa de indagación, es decir, no han sido individualizados los presuntos responsables.
“Aquí se confirma que no hay un compromiso efectivo del Estado para profundizar en estos casos. Llevamos un desangre que inició hace cuatro años y no es lógico que ese sea el resultado”, criticó Alape frente al hecho de que más de la mitad de los casos están en etapa de indagación.
Archila, sin embargo, opina justamente lo contrario sobre esa cifra: “Si usted hace el comparativo de esos casos con el promedio al cual avanzan los casos por homicidios en Colombia va a llegar a la misma conclusión mía y es que, al contrario, lo que se muestra que hay un compromiso inmenso”, le dijo a PACIFISTA!.
El consejero fue incluso más allá y aseguró que la Unidad de Investigación avanza un 50% más rápido que el resto de la entidad. Al preguntarle cómo hicieron el cálculo para establecer esa cifra, dijo: “ese porcentaje lo ha hecho público la Fiscalía misma”. Al consultar en la oficina de prensa del ente investigativo si efectivamente habían publicado en esos términos, respondieron: “de nuestra parte no es prudente decir si avanza un 50% más rápido o no, porque no medimos el trabajo de esa Unidad así”.
Para establecer si lo que afirmó Archila era cierto preguntamos sobre el avance de la Fiscalía en la investigación de homicidios dolosos. La entidad nos proporcionó los siguientes datos:
Los avances de esclarecimiento de asesinatos cometidos entre el 13 de febrero de 2020 y el 13 de febrero de 2021 están en un 31,12%. Por su parte, los avances investigativos en homicidios de excombatientes llegan a un 49,17%. En todo caso, la comparación podría no ser a lugar si se tiene en cuenta que la Unidad de Investigación se creó, precisamente, para priorizar los ataques contra firmantes del Acuerdo de Paz y contra defensores de derechos humanos. Es decir, el reconocimiento de la calidad de las víctimas y las circunstancias de sus asesinatos es un avance por defecto en el esclarecimiento.
Justo por esa razón, también indagamos qué quiere decir “esclarecimiento”. En su página web el ente investigativo publicó, en septiembre de 2019, un boletín titulado: “Fiscalía ha esclarecido más de la mitad de los crímenes contra excombatientes de las FARC”. Le preguntamos a la fiscal Mancera qué entendía la entidad por “esclarecer” un crimen y en su respuesta los términos cambiaron: “la Unidad Especial de Investigación ha logrado avances en el esclarecimiento en el 49,17% (119 de las 242 víctimas) de los homicidios en contra de reincorporados de las FARC-EP”.
“El avance de esclarecimiento se entiende institucionalmente desde el momento en que se obtiene la expedición de una o varias órdenes de captura en contra de una o varias personas plenamente identificadas e individualizadas como presuntos responsables del hecho investigado, por parte de un Juez con Función de Control de Garantías”, aclararon.
Otro hecho que revelan las respuestas de Mancera es que la Fiscalía estaría investigando menos casos de los que reporta la Misión de Verificación de la ONU. Para el momento en el que la entidad dio respuesta tenía 242 registros de víctimas, mientras que Naciones Unidas reportaba 252. Indagamos sobre esa diferencia y el ente investigativo respondió: “como una regla general se abordan los hechos perpetrados en contra de aquellos reincorporados de las FARC-EP que se encuentran debidamente acreditados ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como garante de su participación dentro de la implementación del acuerdo Final, y son beneficiarios de la ruta de reincorporación”.
Esa explicación fue rechazada por Alape, quien enfatizó: “eso es incoherente, todas las personas son acreditadas. Lo grave de esta lectura que hace la Fiscalía es que están excluyendo a los ciudadanos, un funcionario público jamás puede decir eso. Eso debería ser investigado porque a ese ente le corresponde investigar la muerte de cualquier ciudadano en el marco del Estado de derecho. Eso sorprende demasiado. Que un funcionario público diga eso es para irse de para atrás y preguntarse frente a quién estamos”.
Sobre la no investigación de algunos asesinatos de exguerrilleros, el consejero Archila respondió: “no haría jamás la afirmación de que haya asesinatos de excombatientes que la Fiscalía no está investigando, no me atrevería a hacer esa afirmación”. Ante la contrapregunta de que los datos fueron proporcionados por la misma entidad se limitó a afirmar: “todo lo que usted me dice yo se lo creo”.
El partido Comunes pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le otorgue medidas cautelares debido a que consideran que hay un “exterminio sistemático” de exguerrilleros. El último firmante en ser asesinado fue Leonel Antonio Restrepo, el pasado 13 de febrero, en Cañasgordas (Antioquia). Con él han sido asesinados 259 firmantes que dejaron las armas con la ilusión de apostarle a un futuro posible. Para decepción de los excombatientes y del mismo Acuerdo, la justicia no avanza al mismo ritmo que los crímenes. Mientras tanto, ese vacío en las investigaciones se traduce en menos pistas sobre a quiénes y por qué no les conviene la paz.
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