Caso por soborno contra Uribe podría ser clave en el rompecabezas del conflicto
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Caso por soborno contra Uribe podría ser clave en el rompecabezas del conflicto

Staff ¡Pacifista! - Julio 25, 2018

El expresidente señaló que aceptaría que lo juzgue la Corte Suprema de Justicia, tribunal que tiene en su poder testimonios y grabaciones que podrían dar lugar a nuevas investigaciones en su contra. 

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Álvaro Uribe Vélez. Foto: Centro Democrático.

La investigación que debe enfrentar Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia podría alcanzar una proporción histórica. En esta primera fase, la justicia deberá determinar si el expresidente sobornó a falsos testigos para que declararan en contra del senador Iván Cepeda, quien tuvo en cuenta los testimonios de Pablo Hernán Sierra García y Juan Monsalve Pineda para demostrar que el expresidente tuvo conocimiento y una presunta participación en la consolidación del paramilitarismo en Antioquia. Este es el caso por el que el alto tribunal decidió llamar a indagatoria al exmandatario, quien a su vez anunció su renuncia como senador para afrontar el proceso.

Según los dos testigos, quienes hicieron parte del bloque Metro de las Autodefensas, en la hacienda Guacharacas de la familia de Álvaro Uribe se gestó una estructura paramilitar con el aval de Santiago Uribe Vélez, su hermano Álvaro, los hermanos acusados por narcotráfico Santiago y Pedro Gallón Henao, y los ganaderos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe. Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, antiguo administrador de la Hacienda Guacharacas, aseguró que el origen del bloque Metro de las Autodefensas fue en este predio, antigua propiedad de la familia Uribe.

Además de los testimonios, la justicia cuenta con decenas de interceptaciones telefónicas que dejan mal parado al exmandatario. La Fiscalía tiene pruebas de que el ganadero Juan Guillermo Villegas Uribe llamó en 10 ocasiones a Monsalve antes de que declarara. Además, existe la ya célebre, grabación de octubre de 2015, en la que Uribe le dice lo siguiente a Villegas: “Me están investigando a mí con usted y tienen interceptado el teléfono… O sea que esta llamada la están escuchando esos hijueputas (…) para que sepa yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con esto sin mencionarlo a usted”.

¿De manipulación de testigos a investigación por paramilitarismo?

De acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, la investigación que se está llevando contra Uribe que involucraría a manipulación de testigos y su posible renuncia al Senado es solo “el morbo” de la noticia que se está discutiendo en este momento: “el tema de fondo es la promoción de grupos paramilitares por parte de la familia Uribe Vélez en la Hacienda Guacharacas. Toda la orgía de violencia de la ofensiva paramilitar arrancó en Guacharacas”.

La Hacienda Guacharacas, en Antioquia, fue propiedad de la familia Uribe Vélez, y fue allí donde supuestos miembros de las Farc asesinaron en 1983 a Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe. Luego, en 1995, miembros del ELN quemaron la hacienda y, a partir de esto y como ya mencionamos, hay testimonios de paramilitares que vincularían a la hacienda –y a Álvaro Uribe– con la creación del Bloque Metro de las autodefensas.

Juan Monsalve Pineda –antiguo trabajador de la hacienda– y Pablo Hernán Sierra, que hicieron parte de esta estructura, le dijeron a la Fiscalía que la creación del Bloque Metro se dio en respuesta a la quema de Guacharacas, y que allí se había establecido la base de operaciones de este grupo paramilitar bajo el mando inicial de Álvaro Uribe, su hermano Santiago y el ganadero Santiago Gallón Henao, que ya fue condenado por paramilitarismo.

Las otras situaciones que enredarían a Uribe con la creación del Bloque Metro son un cartel de tráfico ilegal de gasolina a cargo Luis Alberto Villegas —vecino de Guacharacas— para el que se habría utilizado la hacienda y estaba destinando a financiar al grupo paramilitar. También la supuesta ayuda económica al Bloque Metro por parte de la Convivir El Cóndor —legalizada por Uribe como gobernador de Antioquia— y la supuesta vista gorda al narcotráfico dedicado a financiar a grupos paramilitares. Hasta ahora, Uribe ha negado tajantemente todas estas acusaciones.

Ariel Ávila también menciona la posible implicación de Álvaro Uribe en las masacres del Aro y la Granja, que aunque no hacen parte de la investigación por la supuesta manipulación de testigos sí están en el radar de la Corte Suprema. De hecho, fueron declaradas de lesa humanidad por el alto tribunal. Ambos sucesos se dieron en corregimientos de Ituango, Antioquia cuando Uribe era gobernador.

Según los comandantes paramilitares Salvatore Mancuso, Enrique Villalba y ‘Don Berna’, Uribe tenía conocimiento de estos hechos desde antes que sucedieran, e incluso habría un helicóptero de la Gobernación sobrevolando la zona de El Aro durante la masacre y ofreciendo supuesta ayuda logística a los paramilitares.

Giancarlo Mejía, profesor investigador de la Universidad Católica, nos dijo que a priori no se  puede hacer una especulación jurídica sobre todos estos acontecimientos, y que deberá ser la justicia la que determine la posible culpabilidad de Uribe, y que hasta entonces se deben garantizar sus derechos fundamentales y presumir su inocencia.

También advierte que, sea culpable o no, “desde la perspectiva política, sus enemigos van a aprovechar para afirmar que existen vínculos comprobados con paramilitares. Políticamente, esta situación da para cualquier cosa, sobre todo en un contexto de polarización como en el que vivimos”. Mejía dice que Uribe tiene muchas investigaciones en su contra pero ninguna condena, y que por esto hay que hacer una diferenciación entre lo jurídico y lo político.

Una pieza clave en el rompecabezas del conflicto

La historia del paramilitarismo en Colombia tiene diferentes matices y uno de los puntos más álgidos es la presunta relación entre el Estado y los grupos paramilitares. Desde 1962, cuando llegó el general estadounidense William Yarborough a Colombia, se habla sobre estrategias militares para atacar a la oposición. Yarborough, quien estuvo en la 82 Divisón durante la guerra de Vietnam, le recomendó al gobierno colombiano crear organizaciones antiterroristas y anticomunistas. Pese a que la Fuerza Pública, en general, no ha establecido públicamente relaciones con grupos al margen de la ley, sí existen minorías radicales que se han acercado a los paramilitares.

Durante la vigencia del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay (1978-1982), fueron documentados excesos de la Fuerza Pública en el marco de la política anticomunista, la cual criminalizó la movilización social. En la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986) cuando se reconoció a la guerrilla de las Farc como un interlocutor válido y trató de llevarse a cabo un proceso de paz, los sectores más radicales del Ejército salieron a relucir buscando un objetivo común: eliminar físicamente a la guerrilla. De manera paralela, se crearon en Colombia grupos paramilitares impulsados por narcotraficantes y militares de extrema derecha. Tal es el caso de Muerte a Secuestradores (MAS), el Escuadrón de la Muerte a Abiegos (MAOS), Casitgo Firmantes Intermediarios Estafadores (CAFIES) el Movimiento Anticomunista Colombiano, entre otros.

Con el genocidio de la Unión Patriótica (UP) como telón de fondo, estos grupos paramilitares crecieron y fueron ganando legitimidad en sectores políticos. Quizás el momento en el que tuvieron más poder fue en la década de los noventa, cuando se crearon las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por Carlos Castaño Gil. Entre 1996 y 1997 las AUC alcanzaron a tener 30.000 hombres en sus filas.

La reunión de la Hacienda Guacharacas, que ha desatado todo esta polvareda judicial, se habría llevado a cabo justamente en 1995, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia.

Estudios de los historiadores Carlos Medina Gallego y de Mauricio Romero indican que el paramilitarismo fue evolucionando con el paso del tiempo. Primero como respuesta de los narcotraficantes al secuestro y la extorsión, y posteriormente a un proyecto político, en el que el nombre de Carlos Castaño es clave. Su paso por las Autodefensas coincidió con la regularización del paramilitarismo por parte del gobierno de Ernesto Samper, el cual impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir), las cuales tuvieron como principal epicentro el departamento de Antioquia.

Cuando Andrés Pastrana llegó al poder, fueron destituidos los generales Rito Alejo del Río y Fernando Milán por sus nexos con paramilitares, lo que comprobó la relación entre sectores del Estado y los grupos al margen de la ley.

Como sucedió en la administración de Barco — cuando surgieron grupos paramilitares en oposición al proceso de paz — durante el mandato de Pastrana, mientras se  adelantaba un proceso de paz con las Farc en San Vicente del Caguán, los grupos de extrema derecha se unieron nuevamente en contra de ese proceso. Es así como el 23 de julio de 2001, en Santa Fe de Rialito, Córdoba, se firmó un documento entre los líderes de las AUC y 32 políticos para “refundar la patria”.  El Pacto de Rialito, como fue conocido este documento, fue la prueba inicial del escándalo de la parapolítica en Colombia. En la lista aparecían políticos como Jorge Luis Feris, José María Imbeth y el exgobernador Jesús María López. Fueron más de 100 políticos los que se reunieron con los líderes paramilitares Salvatore Mancuso, Don Berna, Diego Vecino y Jorge 40.

En su confesión ante la justicia, Salvatore Mancuso  señaló que los paramilitares, después de las masacres, le entregaron en varias ocasiones los cadáveres al Ejército Nacional, institución que, según él, los presentaba como guerrilleros muertos en combate. En ese entonces los paramilitares aún controlaban rutas del narcotráfico, pues vale la pena recordar que entre 1998 y 2001 se expandieron en Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo para hacerse cargo del negocio de la cocaína.

De acuerdo con el historiador Edgar de Jesús Velásquez (PhD. en la Universidad Católica de Chile), “Durante la administración de Uribe Vélez resaltan tres tendencias de la situación de Derechos Humanos: aumento de las ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la fuerza pública por medio de los falsos positivos, el incremento de las detenciones arbitrarias y la paramilitarización de la sociedad y las instituciones. Esta última tendencia, en el plano militar se expresa en el hecho de que paramilitares se institucionalizaron a través de empresas e instituciones, en el ámbito económico controlan actividades ilegales y además participan de proyectos agroindustriales con el auspicio del gobierno y, en materia política, está el escándalo de la parapolítica”.

En caso de que la Corte Suprema encuentre culpable a Uribe en el proceso, sería casi inevitables que apareciera una pregunta clave: ¿Qué motivaciones tuvo el expresidente para cometer los delitos de los que fue acusado y por qué quería ocultar las denuncias sobre la hacienda Guacharacas? Lo que podría desencadenar toda una nueva ola de averiguaciones.

Sin embargo, como bien lo dice Giancarlo Mejía, esa es una posibilidad que hasta ahora está afincada en el terreno de la especulación. Hasta ahora, Álvaro Uribe solo ha sido llamado a indagatoria.

 

Para este artículo tuvimos en cuenta los siguientes documentos:

Las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia (1964-2006), de Pedro Rivas Nieto y Pablo Rey García.

Historia del paramilitarismo en Colombia, de Edgar de Jesús Velásquez Rivera.

Fernando Cubides “Los paramilitares y su estrategia”.