A Jaime Estiven Valencia lo mataron en febrero de 2008, siendo menor de edad. Sin embargo, la justicia no le ha dado prioridad a su caso.
El viernes 8 de febrero de 2008, Jaime Estiven Valencia llevaba dos días desaparecido. Su madre, María Ubilerma Sanabria, lo había buscado por cada rincón de Soacha, al sur de Bogotá. Cuando intentó poner la denuncia en la Fiscalía, le dijeron que se calmara, que seguramente estaba de fiesta o con amigas. Le dijeron que no hacía falta que llorara. Jaime Estiven era un joven de 16 años y su madre tenía un mal presentimiento.
Ese mismo viernes, cuando María volvió angustiada a su casa, Yuli, su otra hija, le dijo que su hermano había llamado. En voz baja y angustiada, Jaime había dicho que volvería el domingo o el lunes de la semana siguiente. Le pidió a Yuli que le dijera a su mamá que no lo fuera a castigar por haberse ido sin avisar. Pero no volvió ni el domingo ni el lunes: la siguiente noticia la tuvieron meses después, en septiembre, cuando vieron por las noticias que a los jóvenes que habían desaparecido en Soacha los habían encontrado muertos en Ocaña, Norte de Santander, a 640 kilómetros de distancia.
María y su familia fueron a Medicina Legal, en Bogotá, a identificar a Jaime Estiven en unas fotos. “Mi niño tenía 16 años, pero en esas fotos parecía de 8. Sus pestañas eran largas y abundantes, y en la foto aparecían pegadas, seguramente porque estuvo llorando mucho tiempo. Yo no lo quería creer. Lo único que hice fue tirarme al piso de rodillas y pedirle a papito Dios que por favor ese no fuera mi muchacho”, cuenta María, siete años más tarde, con los ojos vidriosos.
En Medicina Legal vieron el protocolo de necropsia. Jaime había muerto el 8 de febrero, un par de horas después de que hiciera la última llamada a casa. Y el detalle aterrador que cambió todo: aparecía como dado de baja en combate contra el Ejército. Al principio todo era confusión. La familia Valencia Sanabria no entendía cómo un niño menor de edad había recorrido medio país sin avisar para unirse a un grupo guerrillero y había caído en combate en apenas dos días. A medida que aparecieron más casos y el escándalo salió a la luz, entendieron que los jóvenes habían sido víctimas de un montaje.
Mi niño tenía 16 años, pero en esas fotos parecía de 8. Sus pestañas eran largas y abundantes, y en la foto aparecían pegadas, seguramente porque estuvo llorando mucho tiempo. Yo no lo quería creer
Mover los restos de Jaime desde Ocaña fue un lío. María no tenía la plata que hacía falta para el trámite y tuvo que tocar puertas durante dos meses pidiendo ayuda. Por fin, después de que le tendiera la mano el entonces personero de Soacha, Fernando Escobar, María pudo trasladar el cadáver de su hijo entre Ocaña y Bogotá. Eso pasó en noviembre de 2008. Días después del entierro, María empezaría una cruzada para pedir justicia por el asesinato de Jaime Estiven.
Por recomendación de funcionarios de la alcaldía de Bogotá, muchos familiares de las víctimas de Soacha acudieron a la Asociación Minga por asesoría jurídica. Minga, desde entonces, ha llevado los casos de algunos jóvenes, entre ellos el de Jaime Estiven. Pilar Castillo, la abogada de que lleva el caso de Jaime, estira un folleto y dice: “esta revistica la sacamos en 2010, para explicar detalles de los procesos judiciales en los casos de Soacha. La información ya está vieja, pero el proceso del hijo de María Sanabria sigue todavía como dice ahí”.
En 2009, el caso de Jaime Estiven, junto con los de Daniel Martínez y Diego Marín, otros dos falsos positivos, lo tomó la Fiscalía 72 especializada de Cúcuta. La fiscalía era diligente con los casos, según cuenta la abogada: se alcanzó a hacer el reconocimiento del cuerpo, se hicieron indagaciones sobre los posibles reclutadores, sobre las personas que habían reportado gastos de munición en esa época y probó el arraigo de la víctima en Bogotá, para desvirtuar la información que había dado el Ejército para decir que pertenecían a grupos armados ilegales. Esas investigaciones apuntaron a la Brigada Móvil 15 del Ejército, que operaba en Ocaña.
Para sorpresa de los familiares de las víctimas, pese a las solicitudes que se habían hecho de continuar las investigaciones en Cúcuta, en agosto de 2010 mandaron el proceso a Bogotá. El caso quedó en manos de la Fiscalía 97 de la Unidad de Derechos Humanos. La Fiscalía General argumentó que el traslado se había hecho para centralizar todos los casos en Bogotá y para descongestionar el aparato judicial en Cúcuta.
Lo único que hice fue tirarme al piso de rodillas y pedirle a papito Dios que por favor ese no fuera mi muchacho
La defensa de las víctimas cree que el traslado contribuyó a lo que se convirtió en una cadena de dilaciones, porque un nuevo juez debe tomarse el tiempo de empaparse del caso, de revisar los hechos, y muchas veces se pierden los avances que venían de atrás. Ese no fue, sin embargo, el único obstáculo: cuando el caso llegó a Bogotá, dos de las fiscalías encargadas, la 97 y la 19, desde mayo de 2009 habían empezado con audiencias de imputación de cargos en casos similares por ejecuciones extrajudiciales. El caso de Jaime Estiven quedó en la cola de una lista de casos que seis años después todavía sigue atascada.
La justicia colombiana no tiene fama de ser la más eficaz. Muchos casos, sea cual sea su naturaleza, pueden quedarse estancados o presentar irregularidades en el desarrollo. Pero María Sanabria y su defensa tienen razones para creer que hay razones más pesadas que la ineptitud del sistema para frenar el caso de Jaime Estiven y evitar las sentencias contra los militares implicados.
María supo que iba a ser difícil desde que, en marzo de 2009, pocos meses después de que arrancó el camino hacia la justicia, el parrillero de una moto, sin quitarse el casco, la tomó por el pelo y le dijo que se quedara callada “si no quería terminar como su hijo, con la jeta llena de moscas”. Después de eso llegaron más amenazas, unas por debajo de la puerta, otras por teléfono. María recuerda especialmente una: el día que le llegó a su celular un mensaje que decía “Mamita, te quiero mucho. Atentamente: Cadáver”.
La tenacidad de María no se agotó con las amenazas y nunca detuvo sus denuncias. Pero da la impresión de que lo que no se pudo frenar con por la vía ilegal, a punta de miedo, se ha intentado entorpeciendo el proceso legal. A siete años de que el caso de Jaime Estiven se llevara ante la justicia, todavía no se ha podido realizar la audiencia de imputación de cargos contra los once militares que en principio están relacionados con su muerte.
¿Eso no debería ser al revés: que si es un menor de edad al caso se le da prioridad?
La primera audiencia se programó siete años después de que María enterrara a su hijo. La fecha, que la familia esperaba ansiosa, era el 10 de noviembre pasado. Pero una vez más algo se interpuso: solo asistieron 3 de los 11 militares citados. Fueron, además, 8 abogados de la Defensoría del Pueblo, pero no fueron los abogados de confianza de los acusados, a los que el sistema debe darles prioridad. El coronel Jesús Amado Rincón, el de más alto rango entre los acusados, dijo que no había recibido ninguna citación. La muy esperada audiencia se aplazó.
Pilar, la abogada de María, dice que uno de los problemas para que su caso haya sido tan lento es que Jaime Estiven era menor de edad. “¿Eso no debería ser al revés: que si es un menor de edad al caso se le da prioridad?”, se pregunta María. La abogada dice que una de las razones es que los testigos clave en otros casos, en especial Alexander Carretero, uno de los reclutadores, no han querido soltar información sobre este caso porque, justamente al tratarse de un menor de edad, la justicia no contempla beneficios para quienes colaboren.
El miedo que tienen María, su familia y los abogados de Minga, la ONG que le ayuda, es que se repitan los patrones que no han dejado avanzar otros casos similares: como en muchos se repiten los implicados y los abogados son los mismos, las audiencias a veces se cruzan y se aplazan; otras veces, se cambian los abogados y hay que dar tiempo para que la nueva defensa se empape del caso; otras —muchas más de lo normal, según María y Pilar— los acusados se enferman o no están en el país.
La mayoría de los casos que en 2009 tuvieron audiencia de imputación de cargos apenas van en el juicio oral. Por estar cerca del fin de año, la audiencia aplazada en el caso de Jaime Estiven se reanudará en 2016. La defensa y la familia sospechan que los tiempos serán similares a los otros casos: ¿cuándo acabará un juicio que empiece en 2016 si los que empezaron en 2009 siguen en curso?
