"Hay que entender que sustituir coca no es como ir a comprar pan": Emilio Archila | ¡PACIFISTA!
“Hay que entender que sustituir coca no es como ir a comprar pan”: Emilio Archila Foto: Alto Comisionado de Paz.
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“Hay que entender que sustituir coca no es como ir a comprar pan”: Emilio Archila

Silvia Margarita Méndez - Noviembre 24, 2018

Hablamos con el Alto Consejero para el Posconflicto sobre las demoras en uno de los programas más importantes para la implementación del Acuerdo de Paz: el de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

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En medio de una nueva alza de los cultivos de coca, 171.000 hectáreas según la última medición de Naciones Unidas publicada principios de octubre, en los últimos dos años el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) –contemplado en el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc– ha intentado mantenerse a flote como una solución a mediano y largo plazo para atender ese problema.

En agosto pasado y a su salida de la dirección del programa (gestionado por la Alta Consejería para el Posconflicto), Eduardo Díaz hizo un balance sobre el tiempo de ejecución. En una entrevista con nuestro Proyecto Coca, Díaz reconocía lo positivo de haber firmado acuerdos en regiones de todo el país e iniciado la erradicación de unas 49.000 hectáreas. Sin embargo, también admitía que la sustitución todavía estaba “muy rezagada”, entre otras cosas, por el retraso de inversiones para bienes y servicios imprescindibles para los proyectos legales sustitutos como vías, asesoría de agrónomos o cadenas de comercialización.

La nueva administración de Iván Duque, sin embargo, no encuentra mucho margen para ver un avance positivo. De acuerdo con el nuevo Alto Consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, el principal problema que encontró fue que el gobierno de Juan Manuel Santos “no tuvo planeación” y por eso la segunda fase del PNIS, la de la sustitución después de la erradicación, aún sigue envuelta en preocupantes demoras.

Las cifras que dan incluso son opuestas. Mientras Díaz –quien entonces le rendía cuentas a Rafael Pardo como Alto Consejo– decía que había 25.000 familias con asistencia técnica para sus cultivos sustitutos, Archila hoy asegura que solo hay contratados, en este momento, 17 proveedores que no pueden prestarle asistencia a más de 1.700 familias. Incluso, el número de personas inscritas formalmente al PNIS cambia. A su salida, Díaz hablaba de cerca de 120.000 familias inscritas, pero según Archila se trata en realidad de 90.000.

A pesar de esta diferencia, el nuevo Alto Consejero para el Posconflicto ratifica –a dos años de la firma del Acuerdo– el compromiso de fortalecer el PNIS y continuar con la sustitución consensuada con las comunidades. Archila aclara, eso sí, que quienes incumplan con los acuerdos firmados en el programa recibirán todo el peso de la erradicación forzosa.

¿Cómo va el programa de sustitución de coca y cuál es la hoja de ruta que plantea este nuevo gobierno para los próximos años? Esta fue nuestra conversación con Emilio Archila durante una salida de Alta Consejería a Tumaco (Nariño).

¡Pacifista!: ¿En qué tanto se diferencia su rol como consejero al que tenía Rafael Pardo?

Emilio Archila: Yo no he hablado todavía con Rafael Pardo. A él le tengo una gran admiración. Él trabajó mucho para que su rol saliera bien y ahora yo estoy trabajando mucho para lo mismo.

¿Cómo recibe el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS)? Eduardo Díaz, quien hasta agosto estaba a cargo, dijo que el gran problema es que el indicador del programa han sido las hectáreas y no la gente…

Con Díaz no hablé sino una sola vez, me pareció un hombre muy carismático. Sin embargo esas afirmaciones entran en el marco de su propia gestión. Sobre lo que recibimos puedo decir que hay un tema muy complicado y son los cronogramas que se tenían para este año.

La administración anterior dejó planillado hasta la fase de levantamiento de cultivos, de ahí en adelante no se había hecho ninguna planeación. Lo que hicieron fue planear hasta levantar la mata y de ahí en adelante no había nada y ahí es donde hay que poner asistencia técnica, semillas, en general todo lo del cumplimiento del programa y esa capacidad actualmente no está contratada. Ese es el tema más complejo que tenemos y por eso hemos tenido demoras.

Cuando habla de la gestión que hizo la pasada administración de Juan Manuel Santos, ¿a qué se refiere con “falta de planeación”?

Para poder cumplirle a casi 90.000 familias que ya están en la etapa individual del PNIS, que van desde Venezuela a Ecuador (todo ese corredor ya firmó) hay que entender que sustituir no es como ir comprar pan. Primero hay que ir y mirar qué terreno hay, decidir si a ese terreno le sirve cacao, papa o aguacates. Luego conseguir la asistencia técnica para ayudarle a sembrar, conseguir las semillas, traerlas, sembrarlas, esperar a que lleguen, darle alimentación a la familia campesina durante ese tiempo y luego ayudarle a que eso salga y ahí sí vender.

Para poder hacer eso se necesitaba una planeación logística muy compleja. En estos casos uno tiene que ser milimétrico, sobre todo en el esquema de contratación y eso no hubo. Para darle una idea, en el tema de asistencia técnica hay contratados, en este momento, solo 17 proveedores. 17 que no pueden prestarle asistencia a más de 100 familias cada una. En aritméticas de abogado eso da 1.700 de las 90.000 que tenemos inscritas. Los números no dan. No es un tema político, es un tema logístico.

¿Entonces en qué fase están ahorita?

Estamos en muchas, este no es un programa que tenga fechas definidas. Cada una de las zonas, cada una de las dinámicas, fue firmando un compromiso con el PNIS en un momento diferente. Por ejemplo, solo en Tumaco hay cuatro zonas y cada zona va en unos cronogramas específicos.

Lo que hay que tener en cuenta acá es que los malos, es decir los que compran la hoja de coca, esa materia prima que también hace parte de la cadena del narcotráfico, esos son los principales interesados en crear la sensación de que estamos incumpliendo para arrebatarle a esas familias la legalidad. Nosotros tenemos la certeza de que muchas de las inconformidades han sido incentivadas por las mismas personas que están presionando a las familias para que se salgan del programa.

Es evidente que la institución que usted dirige está cambiando mucho, sobre todo en sus políticas de sustitución y erradicación de cultivos…¿Cuál es el plan? ¿Van a seguir asperjando con glifosato?

El presidente Duque no ha empezado la aspersión con glifosato.

Pues hay un plan piloto con drones en Antioquia, incluso usted mismo hablaba de otras alternativas además de la sustitución voluntaria…

Al final, como dije, la hoja de coca es un eslabón dentro del narcotráfico y por ello reducir el numero de hectáreas al máximo posible, sino eliminarlas, es una ruta para atacarlo. Dentro de las opciones legales con las que cuenta el presidente está la erradicación forzosa y también está la aspersión. Sin embargo, para poder utilizar esta la Corte Constitucional tiene unos parámetros muy severos que implican la protección de todos los intereses. Adicionalmente, al bilaterar con Ecuador hay unos límites con compromiso internacional. Así las cosas, cuando se vaya a utilizar la aspersión, va a ser bajo esos parámetros.

En este momento las cifras muestran un aumento histórico de los cultivos de coca pero la comunidad en municipios en donde hay más hectáreas sembradas, como en Tumaco, reclama que el punto cuatro del acuerdo no se materializó en territorio. Además dicen que “la paz” no ha llegado, pues el abandono del Estado se mantiene… 

La decisión de cultivar ilícitamente es una decisión individual, uno siempre tiene la opción de delinquir o no delinquir. Luego la causalidad directa de decir que porque el Estado no ha llegado entonces yo me pongo a cultivar coca no es algo que esté preparado para aceptar. Lo que sí existe, sin embargo, es un compromiso muy serio de parte del gobierno para dar las condiciones para que existan otras alternativas.

En los acuerdos se previó que la recuperación de las zonas más afectadas por la violencia iba a demorarse 15 años y solo llevamos dos. En este momento estamos fortaleciendo la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) para que sean ellos y no el PNIS quienes deban acudir con esas primeras obras para dar confianza en territorio.

Hay muchas familias que ven en los cultivos ilícitos la única salida para subsistir. Para ellas no es cuestión de tomar el camino del bien o del mal…

Aclaro. No es que en las zonas en donde hayan individuos que opten por seguir cultivando vayamos a voltear la espalda e irnos, no. Existe un compromiso distinto, que es recuperar las zonas más afectadas por la violencia y ahí estamos terminando los PDETS, estamos descongelando recursos, trabajando con la Agencia Nacional de Desarrollo y ajustando las normas de adjudicación para que esos dineros estén focalizados.

Ahora, los programas de sustitución voluntaria son para personas que, valga la redundancia, quieran voluntariamente sustituir. Si una persona, por las razones que sea, decide no hacerlo de esta manera, pues el programa no puede acogerla pero es un tema individual. Es decir si es una persona que tiene la convicción de que va a seguir cultivando coca, esa persona o familia sería ilegal y lo que procedería es que haya o erradicación forzosa manual o de otra forma.

¿Cómo recuperar entonces la credibilidad del campesino, si en algunas zonas ya se está haciendo erradicación y el gobierno no ha desembolsado el dinero para que estas familias puedan subsistir mientras cambian de cultivos? 

Para recuperar la credibilidad del campesino hay dos maneras de hacerlo. La primera es haciendo esto, dar la cara, eso que estoy haciendo hoy. Pero eso solo hace que la gente me conozca. Lo otro es cumplir. La confianza la obtenemos cuando cumplamos y esa es la meta.

En el tema de los pagos ha habido un problema y es que en un momento se incluyeron muchas más familias de las que se había pensado pero ya hicimos los acuerdos presupuestales. Vamos a tenerlos atrasados pero esperamos que entre este mes de noviembre y diciembre lleguen los primeros pagos. Ahora hay unas familias a las que nos retrasamos en el pago sin justificación y otras que estaban desconectadas porque estaban incumpliendo. Entonces hay unas familias que se quejan pero han incumplido. Ha sido de parte y parte. Dentro de las que se quejan por incumplimientos hay unas con las que ya vamos a ponerlos al día y otras que se empezaron a portar mal y ya están fuera del programa.

¿Y el plan de proyectos productivos? Eduardo Díaz también comentaba que el desarrollo de estos supone tierra y no hay porque la formalización de los terrenos está trancada por falta de recursos, porque no han desembolsado dinero, como usted mismo acaba de decir…

No todos los proyectos productivos necesitan tierra y no todos los proyectos productivos que necesitan tierra necesitan que haya propiedad de tierra. Luego pensar que no se puede conseguir tierra, y que de ahí deriva la limitación de los proyectos productivos, es una afirmación que no necesariamente comparto.

Nosotros en el tema de los excombatientes, por ejemplo, esta semana aprobamos siete proyectos productivos, de esos proyectos saldrán beneficiados 500 excombatientes, es decir estamos hablando de una inversión de casi 6 mil millones de pesos y de esos hay proyectos productivos de muchos sectores: telecomunicaciones, ganadería, turismo. En algunos de esos hay concepto de utilización de tierra, pero creo que en ninguno hay la necesidad de ser dueño de la tierra.

¿Cómo piensan hacer crecer el programa de sustitución para bajar los niveles de coca?

En las cifras que tenemos en este momento hay alrededor de 90.000 familias que van a quedar, a final de este año, en la parte individual del programa. Ahí va a haber un número importante porque vamos a pasar de unas 78.000 o algo así que ya estaban adentro, a unas 12.000 más y obviamente eso implica que va a haber una reducción en el número de hectáreas atribuibles en el programa del PNIS en la medida en la que ellos ingresen.

Después quedan, dependiendo de cuántos sean al final, alrededor de 130 mil que estaban en la parte colectiva. Por ponerlo entre comillas, este sería uno de los aporte del programa de sustitución a la erradicación.

¿Cuánto dinero se va a necesitar para implementar los acuerdos, sobre todo después de que la Contraloría asegurara que faltaba presupuesto para los próximos 15 años?

La cifra que ha producido el gobierno y que también ha producido la Contraloría General es de aproximadamente 200 billones de pesos. El cálculo que hizo la administración anterior, lo que ellos consideraban que se iba a necesitar durante todo el periodo de la implementación, es 129.5 billones de pesos. Cuando la contraloría hizo el análisis, ellos estimaron que después de haber hecho los procesos de planeación de los PDETS y el PNIS ni siquiera esa suma sería suficiente sino que se necesitarían unos recursos adicionales y, si no estoy mal, la cifra eran alrededor de otros 30 billones de pesos.

Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que contempló el Acuerdo de Paz para los excombatientes se han ido quedando solos –cerca de 8.000 los han abandonado– y además, hablando de proyectos productivos, de estos lugares solo han salido dos que están andando. ¿Qué está pasando?

Cuando uno habla de los excombatientes uno se está refiriendo a un grupo de personas que una vez que llegaron a la sociedad civil no tienen la obligación de permanecer en los ETCRS. Es decir estamos hablando  de un grupo de personas que si bien era homogéneo en la medida en la que estaban combatiendo, después la vida que cada quien vaya escogiendo es muy disímil.

Por ejemplo, algo que yo he visto es que hay una diferencia muy grande entre quienes eran milicianos y quienes no lo eran. Las personas que lo eran estaban en la parte urbana y su vida era en la parte urbana, entonces lo raro es que se hubieran ido a los ETCRS y ahí hay un número muy significativo.

Muchos otros también tienen familia, papás, hijos, etc., entonces pudieron haber querido irse y en lugar de hacer su proceso de reincorporación en los ETCRS sentirse cómodos cerca de sus familiares. Hay algunos que se han salido pero han creado una especie de asentamientos por fuera de los ETCRS pero manteniéndose juntos, luego hay muchas razones y la preocupación existiría si alguna de esas razones implicaran que fueran a delinquir de nuevo, o dificulten que les podamos prestar el acompañamiento o asistencia bien sea en seguridad o en lo que necesiten para reincorporarse.

¿Cuál es la relación actual del gobierno con las Farc? No tanto como partido político sino con los excombatientes, los que están en los ETCRS…

Espero que muy buenas. Mis relaciones con las personas que están en los ETCRS son profesionales, de trabajo, cada quien hace su tema, estamos ahí para sacar adelante unas prioridades del gobierno. También trabajo con ellos en la mesa técnica de seguridad y ha funcionado muy bien. En el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), que es donde se analizan los temas de los excombatientes, nuestra relación de trabajo en estos meses también ha sido supremamente fluida en todos los frentes.

Así que más allá de si yo tengo relaciones personales o no con ellos, si siento es que el trabajo que se ha hecho ha sido muy ordenado, muy fluido y transparente en cuanto a decisiones y, sobre todo, muy productivo.