Conozca todos los detalles del último informe de verificación de asuntos humanitarios en la región del Catatumbo.
Catatumbo, ese territorio rico en petróleo y agricultura, esa región de once municipios — entre ellos El Tarra, Tibú, Convención, Hacarí, Teorema y Sardinata —, está de nuevo en el radar por un motivo difícil: la guerra. Aunque los habitantes sostuvieron la ilusión de paz por los acuerdos que se firmaron con las Farc, el conflicto armado continúa.
Los grupos armados han cambiado de nombre y ahora el Ejército reporta más de 1.103 insurgentes distribuidos en los siguientes grupos: ELN (Ejército de Liberación Nacional), EPL (Ejército Popular de Liberación) y los GAO, que son los grupos armados organizados como el Clan del Golfo, Los Rastrojos y Los Puntilleros.
¿Qué buscan estos grupos? Principalmente, la coca. Estos cultivos siguen siendo una de las principales fuentes de ingresos en la región: 1 kg de pasta de coca cuesta en el Catatumbo 2´400.000 y 1 kg de Clorhidrato de coca 4´400.000.
El pasado 28 de octubre de 2018, el general Alberto José Mejía Ferrero, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, anunció un plan especial orquestado por la unidad en Ocaña que la Fuerza de Despliegue Rápida Número 3, la cual está compuesta por más de 5.000 hombres.
El pasado 10 de junio, la comunidad expidió el siguiente comunicado:
“La comunidad del municipio de San Calixto denuncia que, por órdenes del coronel Castañeda, tropas del Ejército Nacional adscritos a la FUDRA No.3, invaden violentamente los terrenos privados de los campesinos, colocando sus campamentos dentro de ellos e instalando trincheras que construyen deforestando el terreno. Denuncian que ya hay varias familias que se han visto en la obligación de desplazarse forzosamente, debido a que soldados de la FUDRA No. 3 les comentan: “Es mejor que se vayan de acá, nosotros no los vamos a proteger”.
Esta situación, dicen, “se viene presentando desde diciembre del 2018 y se agrava con la restricción total de movilidad por las rutas de acceso a las fincas de los campesinos después de las seis de la tarde, lo que establece un toque de queda ilegal sin ningún tipo de justificación expresa”
Según fuentes consultadas por Revista Semana, han muerto 29 soldados en las distintas brigadas en Catatumbo y 9 de ellos fueron asesinados por disparos de francotirador (los francotiradores pueden ubicar a su objetivo a 1.200 metros de distancia). Hoy la brigada tiene desplegados a 9.200 hombres a lo largo y ancho de 9.743 kilómetros.
El coronel William Camargo, comandante de la Brigada Móvil No. 33, señaló que en esa zona el conflicto se ha recrudecido. “Quien no tenga capacidad de sobrevivir, que se vaya de aquí, porque esta es la universidad de la guerra”, le dijo un soldado, en medio de un patrullaje.
Durante 2018 y corrido del 2019, de acuerdo a la información de la Policía Nacional, se han presentado en la región 266 homicidios. Naciones Unidas documentó 23 casos de personas entre civiles y combatientes afectadas por Minas Antipersonales y Munición sin Explotar.
Tan solo en el corregimiento de Cartagenita han sido asesinadas 41 personas entre 2017 y 2019. De estas personas, el Estado ha reconocido el asesinato de Wilmer Jácome, Luis Teresa Rodríguez y Dimar Torres. En el casco urbano de Convención han denunciado amenazas constantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-.
La mesa por la vida
Carlos Negret, Defensor del Pueblo y quien tomó posesión hace 34 meses, manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en esta región, en la Mesa por la Vida:
“Les he manifestado a las autoridades del Estado que tienen a su cargo la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con el único objetivo de prevenir este fenómeno violento que se robe la vida de ustedes los líderes, los defensores de derecho y de paso se lleve por el camino la democracia, sea uno, sean 100, sean 1.000 los líderes asesinados, el dolor y el daño social es exactamente igual, la indignación se debe mantener intacta, lo importante no es el número, por eso no vale la pena hacer maromas para tratar de justificar lo injustificable”.
El defensor se refirió a la retención de dos militares en San Calixto y dijo que esta vez, por fortuna, se logró hacer una mediación para que fueran liberados.
Ahora, no olvidemos que la Defensoría del Pueblo ha emitido 7 alertas tempranas durante los último 18 meses por afectaciones serias en El Carmen, Convención, Teorama, Hacarí, San Calixto, La Playa, Belén, El Tarra y Tibú.
Desde enero del 2018 se han presentado 86 homicidios, dice la misma fuente. El desplazamiento forzado, por otro lado, ha afectado alrededor de 688 personas. Han sido asesinado, además, 14 líderes sociales en los últimos tiempos. La Defensoría ha tramitado 61 solicitudes de protección entre 2018 y lo que va de 2019.
Al finalizar la Mesa por la Vida, el defensor dijo lo siguiente: “Tenemos que trabajar por un Catatumbo donde la fraternidad pueda ser sinónimo de aceptar diferencias es decir como hermanos tramitar nuestras discrepancias y nuestras diversidades, es decir, un Catatumbo con oportunidades de vida, donde sea atractivo y sostenible cultivar productos como la piña, la cebolla y no la coca, donde podamos soñar desde el territorio y cumplir los sueños que tanto se merece el Catatumbo”.
Antecedentes
Después de la publicación que realizó New York Times sobre las directrices del Ejército solicitando implícitamente aumentar las bajas, las denuncias públicas en los municipios han crecido. Principalmente en Convención, Hacarí, El Carmen, San Calixto, Teorama y el Tarra.
Las denuncias de las comunidades han generado aún más desconfianza en las fuerzas militares. Las tropas del Ejército Nacional que hacen presencia en la región del Catatumbo, reclaman las comunidades, responden a la implementación de la política de las exigencias en el aumento de resultados, sin tener en cuenta la seguridad de la población o seguridad de sus objetivos militares.
Las denuncias del informe #12 salieron a la luz pública el pasado mayo, y fueron expuestas por la Comisión por la vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, Asociación MINGA, el equipo Jurídico Pueblos, la Corporación construyendo Poder, Democracias y Paz (PODERPAZ), International Action for Peace (IAP) y la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia (REDHER)
En el municipio de Tarra, la vereda la Esperanza, El Helecho y el municipio de San Calixto se encontraron denuncias sobre disparos contra los campesinos y líderes sociales a plena luz del día. El de 18 de mayo en La Esperanza el Ejército, señalan, disparó contra una mujer que se encontraba caminando por vía principal, causándole una herida en la pierna. El 22 de abril, agrega la denuncia, en la vereda El Helecho el Ejército disparó contra tres líderes sociales del municipio de San Calixto.
¿Qué dicen las comunidades?
Yermin Sanguino, quien hace parte del CISCA (Comité de Integración Social del Catatumbo) nos contó que las denuncias recibidas en la primera Misión de Verificación fueron sobre las violaciones de derechos humanos por parte de los actores armados y, en una segunda misión, la mayoría de denuncias de la comunidad fueron sobre abusos por parte del Ejército.
“Se tiene que garantizar una relación más estrecha entre las instituciones y las comunidades. Se logró evidenciar una serie de estigmatización y señalamientos a las comunidades. Falta de reconocimiento de los actores de la vida, líderes y defensores por parte del Estado”, nos dijo.
Existe, nos lo confirmó, una desconfianza mayor con el Ejército: “Hay situaciones en las que las comunidades debido a las agresiones que reciben por parte del Ejército llegan al punto de poder reaccionar de manera violenta sin querer justificar, pero son respuestas ante la incapacidad de ver como las personas de las comunidades van siendo desaparecidas, asesinadas y desplazadas. Esto es falta de los lazos, la única presencia en la Fuerza Pública y sus acciones van en contravía con la comunidad”.
Un informe clave del CISCA
En el segundo informe de verificación, el cual se presentó el 10 de junio, se reportan abusos de las acciones cometidas por parte de tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA del Ejército Nacional de Colombia. Denunciaron intimidaciones a quienes hacían parte de la misión de verificación, no dejándolos pasar a las zonas donde existen las mayores denuncias que podrían relacionarse justamente con agresiones a la población civil.
Según fuentes (no revelamos los nombres por seguridad) en algunos lugares el Ejército les impidió llegar a algunas zonas, una de ellas en donde las fuerzas armadas tienen control sobre el agua potable. La mayoría de zonas tienen restricción de movilidad después de las 6:00pm por parte de los grupos armados y en otras zonas por directrices del Ejército.
Entre el 14 y el 18 de mayo hicieron otra misión en Ocaña y los municipios de Hacarí, Convención, El Carmen, San Calixto, Teorama, El Tarra y Tibú, donde finalizó. En su realización contó con el acompañamiento de Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo/Regional Ocaña, Naciones Unidas/DDHH, MAPP-OEA; con las organizaciones de derechos humanos Corporación Construyendo Poder Democracia y Paz/ PODERPAZ, Equipo Jurídico Pueblos y Asociación MINGA y con medios de comunicación.
Una de las conclusiones del informe es la siguiente:
“Se ha reducido considerablemente la confrontación entre insurgencias y, actualmente, toma mayor relevancia los riesgos que trae para la población civil el aumento drástico de la Fuerza Pública en el Catatumbo. A esta situación deben sumarse los 10 casos de asesinatos de líderes sociales durante el 2018 en la región, y los 4 casos que se han registrado desde la Oficina de Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos en lo que va corrido del 2019”.
¿Qué está pasando en los municipios?
Convención
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, este municipio fue un punto estratégico de los paramilitares. Un punto neurálgico de control fue el retén instalado en la Cadena (barrio la primavera): “Los paramilitares instauraron un control mucho mayor y más férreo sobre la población y la cabecera municipal, en comparación al impuesto en los municipios del alto Catatumbo, por ser un sitio estratégico”.
En las denuncias recibidas en 2019, sigue la constante de que el Ejército está estigmatizando a algunos pobladores:
“A muchos campesinos los torturaron, les pusieron una bolsa de tela oscura en la cabeza y les echaron un líquido que les generó ardor en los ojos. Los colgaron de los pies en un árbol, los amenazaron con degollarlos y quitarles las uñas. Los dejaron amarrados a un árbol cerca a sus fincas, de las cuales robaron varios millones de pesos que tenían los campesinos como ahorros. Ese mismo día, tres miembros del Ejército Nacional llegaron hasta la finca de una mujer, madre de tres hijos menores de edad, le rompieron las camas, los colchones, los muebles y grabaron el hecho para mostrarlo como amenaza a la comunidad días después.”
San Calixto
En este municipio los paramilitares ejercieron control territorial durante casi cuatro años. Se asentaron en la cabecera municipal y se tomaron varias casas en los barrios Primero de Marzo, Manizales y Bolívar. En el corregimiento de Palmarito instalaron un punto de control estratégico, sin embargo, la base la instalaron en La Quina, caserío pequeño con una vía. Allí permanecieron durante tres años y medio, durante la década pasada.
Hoy, en 2019, se conocen denuncias que involucran a los miembros de Fudra No. 3 quienes usando sólo el camuflado del pantalón y una camisa negra, supuestamente atacaron a dos jóvenes a quienes, según la comunidad, “amordazaron, amarraron con cabulla los brazos y las piernas, los arrastraron contra el suelo, les disparaban a los pies, los golpeaban fuertemente en el rostro y en sus cuerpos, destruyendo su ropa y hasta robando el dinero que dentro del hogar se encontraba. Les pusieron un arma en las manos para que salieran corriendo y así poder matarlos con una justificación”.
El Carmen
Este municipio es conocido por la masacre de Santa Inés, en 2004, donde los paramilitares instauraron un control total, confinando a las comunidades; las personas no podían ni salir de su casa por temor. La comunidad en las denuncias recibidas señala que el Ejército trataba a los habitantes como guerrilleros y les impidió la circulación en las fincas,.
Durante la semana santa del año 2019, agrega el 2do informe de Verificación, que miembros del Ejército Nacional llegaron a una vereda y “se asentaron en una casa que funciona como gallera, rompieron las tablas, se apropiaron del servicio de luz eléctrica y de un televisor.” En varias veredas se denuncia la revisión de mercados de las familias, los impedimentos para la libre movilidad de los niños y niñas en las carreteras y la dificultad que esto genera para la comercialización de productos.
Teorama
En Teorama muchas personas tuvieron que desplazarse a la cabecera municipal “porque no querían compartir su vivienda con los matones y no saber a qué hora lo podían sacar a uno también y hacerle la fosa”, decían los habitantes en 2016.
En este territorio, las comunidades señalan que el Ejército todavía trata a las personas como colaboradores de las insurgencias en los territorios. Además, denuncian que los drones están todas las noches sobre la cabecera de los corregimientos y que las estrategias llegan a ser tan abusivas que “los soldados seducen a jóvenes del sector para que colaboren con el Ejército ofreciéndoles mercados que vienen entregando a algunas familias”.
La Playa
Desde el 1 de junio aproximadamente 241 personas viven un desplazamiento masivo en los municipios de Hacarí y la Playa Belén, en las veredas de Los Cedros, Locutama y Astilleros, Miraflores y Capellanía. Se desplazaron por los enfrentamientos entre los grupos armados que operan en la zona y por el homicidio de un líder social en la Vereda de Los Cacaos del municipio de La Playa. A esta situación se suma que al menos 61 niños y niñas se encuentran sin acceso a la educación, también denuncian la contaminación con minas antipersonal y munición sin explotar alrededor del agua, cultivos y campos donde recolectan la leña. Toda esta información fue proporcionada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
La comunidad necesita protección, pues han aumentado las amenazas colectivas e intimidaciones; también necesitan elementos de aseo e higiene, especialmente para las mujeres; atención psicosocial y servicios de salud; educación para los niños, niñas y adolescentes por el al temor que tienen a los enfrentamientos alrededor de las escuelas.
