Opinión | Irina Junieles, investigadora de Dejusticia, analiza los retos de una región que ahora padece la ausencia del Estado
-
Marialabaja vive hoy entre cultivos de Palma y una crisis en el servicio de agua. Foto: Cortesía Corporación Desarrollo Solidario.
Por: Irina Junieles Acosta*
La subregión de Montes de María, en el Caribe colombiano, vive desde hace diez años lo que hoy se llama postconflicto: ausencia de actores armados formales en el territorio y compromiso gubernamental de garantía de derechos y no repetición. Sin embargo, las aspiraciones de construcción de paz en la zona están llenas de tensiones que ponen en riesgo lo construido. Un caso que ejemplifica ese escenario es el conflicto por el agua y la tierra que se vive en diversos puntos de su geografía.
Marialabaja es el municipio más al norte de Montes de María, en el departamento de Bolívar, y está enclavado entre varios cuerpos de agua dulce que le conceden una gran riqueza hídrica y ambiental. Tiene 48.463 habitantes, según las proyecciones del Censo, y el 90,6% de ellos se reconoce como afrodescendiente. Al igual que muchos de los municipios de esa subregión, sus indicadores sociales son precarios.
Datos recientes de cobertura en acueducto no existen, pero a pesar de toda el agua que le rodea, el DANE dice que en 2005 ésta solo alcanzaba al 18.4% de la población. Las comunidades también vienen reclamando acceso a la tierra. Luego del conflicto armado y los cambios en la propiedad, – pendientes algunos por resolver en procesos de restitución -, la población campesina siembra en tierras prestadas o arrendadas, de acuerdo con ciclos de lluvia que cada vez son más volátiles.
El pasado 1 de marzo los habitantes de San José de Playón, corregimiento estratégico del municipio, forzaron el cierre de las compuertas del Distrito de Riego de Marialabaja, con un argumento contundente: “si no hay agua para la gente, no hay agua para la palma”. Era la segunda vez que lo hacían en los últimos dos años. La primera fue a principios de 2016, cuando en medio de una inclemente sequía, los cultivos de palma de aceite reverdecían, mientras la población tenía que hacer largas caminatas bajo el sol para conseguir un poco de agua para el consumo, que por su calidad, lo que provocaba era enfermedades.
El distrito de riego de Marialabaja fue un laboratorio de la reforma agraria de los sesenta, y significó una gruesa inversión del Estado para preparar 25.000 hectáreas que fomentaron la producción de arroz, plátano y la pequeña ganadería, la cual fue acompañada de adjudicaciones de tierra a familias campesinas.
Sin embargo, la apertura económica de los noventa facilitó la importación masiva de arroz que quebró a los campesinos. Luego, la agudización del conflicto armado preparó el escenario para el cambio en la propiedad de la tierra, el abandono y el despojo. Todo ello mientras se incentivaba la siembra de palma de aceite en la región.
La administración del distrito de riego está hoy en manos de una asociación de usuarios (Usomarialabaja) que preside desde 2004 el exministro de agricultura y empresario palmero Carlos Murgas, por lo que el reclamo de los campesinos es permanente: “Sentimos que desde hace varios años el distrito, que se suponía público, está al servicio de las empresas y no del campesinado”.
La población que rodea los embalses del distrito ha denunciado ante las autoridades la precariedad del acceso al agua y a la tierra; la siembra de palma hasta la orilla de los embalses, sin respetar una zona de protección que permita el uso comunal de sus playones a campesinos sin tierra; y la grave situación ambiental de estos cuerpos de agua por cuenta de su uso excesivo, del vertimiento de insecticidas, aceites de motor, y pudrición de los frutos de cultivo en las orillas. Cardique, autoridad ambiental de la zona, ha hecho decenas de inspecciones y tomas de muestras de agua que no se traducen en acciones concretas.
La primera protesta de los habitantes de San José de Playón logró que la Alcaldía municipal comprara una motobomba para impulsar el precario sistema de acueducto rural que surte a parte de la comunidad de un agua turbia y sin tratamiento. La protesta de este año se “resolvió” hace una semana con la militarización de la zona, el repliegue de la comunidad por amenazas anónimas contra sus líderes y la compra del repuesto de la motobomba.
Estas acciones son apenas paliativos para una situación que requiere decisiones urgentes. Un escenario para hacerlo debería ser la Reforma Rural Integral que plantea el Acuerdo de La Habana, que promete la transformación del campo y la generación de condiciones de dignidad para el campesinado, que implican necesariamente, acceso a la tierra y garantía de agua para el consumo y la siembra.
Esto debería traducirse en un Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), a partir del cual, por ejemplo, los pequeños productores de maíz, ñame, plátano y frutales reciban estímulos con asistencia técnica para fortalecer sus capacidades, subsidios a la economía campesina, familiar y comunitaria, créditos y condiciones adecuadas para la comercialización de los productos, con vías terciarias que permitan sacarlos al mercado a tiempo y a bajo costo.
Además, pasa por una planificación y ordenamiento del territorio responsable con el ambiente y que ponga límites concertados al impacto de la expansión de los monocultivos, pero que sobre todo se realice en forma participativa con incidencia real de las comunidades campesinas que tienen apuestas de producción diversificada y agroecológica de alimentos, y se respete la autonomía de los consejos comunitarios y los cabildos menores.
Las reclamaciones de comunidades como Playón no pueden eludirse ni sofocarse con represión, sino adoptando y ejecutando políticas que devuelvan a sus habitantes campesinos, afros e indígenas la soberanía del territorio, entendiendo que aquí confluyen no solo viejas deudas históricas, sino una obligación de reparación integral y transformadora.
En últimas, ese es el gran reto de nuestro tiempo: desactivar con justicia, en el escenario democrático, las tensiones cocinadas a fuego lento durante los años anteriores y posteriores al conflicto armado, y que hoy amenazan la paz territorial estable y duradera.
*Irina es investigadora de Dejusticia.
Este es un espacio de opinión. No compromete la posición de ¡Pacifista!
