OPINIÓN | Muchas son discriminadas por su género, y no tienen acceso a salud, trabajo y educación.
Por: Margarita Martínez Osorio
Las mujeres rurales en Colombia tienden a ser objeto de una triple discriminación: por ser mujeres, por ser rurales y por ser víctimas del conflicto armado. Los arreglos de género en el campo suelen imponerles unas cargas desproporcionadas, pues, al mismo tiempo que se encargan, casi enteramente, de las labores de cuidado del hogar y de los hijos, también contribuyen en las tareas agrícolas. Esto lo hacen en un contexto que limita sus posibilidades de educación y de empleo, y en el que, además, han tenido que padecer los impactos del conflicto armado: desplazamiento forzado, violencia sexual, amenaza y asesinato.
Lo anterior se explica por varias circunstancias socio-económicas que confluyen en el mundo rural y que impactan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Por una parte, el 27,8 por ciento de los hogares rurales en Colombia son de jefatura femenina. De la totalidad de estos hogares, el 81,6 por ciento están a la cabeza de mujeres sin cónyuges, y en el 44,6 por ciento de estos casos, ellas tienen la responsabilidad de cuidar y atender las necesidades de niños menores de 18 años –de acuerdo a las cifras del informe de 2011, Mujeres rurales: gestoras de esperanza, del PNUD-.
Además, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el DANE entre 2012 y 2013, revela que las mujeres rurales gastan, en promedio, 8 horas y 10 minutos en labores de cuidado, en contraste con las 3 horas y 6 minutos que dedican los hombres de campo a este trabajo. De igual manera, en las tareas no remuneradas del suministro de alimentos y de limpieza del hogar, las mujeres participan en un 81,1 por ciento, y un 78,8 por ciento, respectivamente –según el boletín 001 de 2015 del Ministerio de Salud-. Esas horas dedicadas al cuidado, más las horas del trabajo productivo, las cargan con una doble jornada que, como si fuera poco, se desarrolla en un contexto de pobreza y precariedad.
De acuerdo con las cifras del DANE, el porcentaje de personas en situación de pobreza en el campo es de 40,3 por ciento, en contraste con el mundo urbano, en el que las personas en situación de pobreza constituyen el 15,4 por ciento. La falta de servicios públicos, de educación, de salud y de posibilidades de movilidad social son problemáticas constantes fuera de las ciudades y municipios, pero sus efectos entre hombres y mujeres no son los mismos. Por ejemplo, las mujeres rurales encuentran múltiples dificultades a la hora de ingresar al mercado laboral en condiciones dignas y estables, dados los estereotipos que las relega al trabajo del cuidado del hogar, y las dificultades para conciliar la distribución del tiempo de la doble jornada –que llega a ser triple en el caso de las mujeres lideresas de sus comunidades-.
La Reforma Rural Integral (RRI), pactada en el punto 1 del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC, reconoce la triple discriminación que ubica a las mujeres rurales en una situación de desventaja. Además de contribuir a cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, la RRI también promete la aplicación del enfoque diferencial para frenar los impactos de la desigualdad económica entre lo rural y lo urbano. Esto, afirma el acuerdo, se logrará con la participación activa de las mujeres campesinas en las instancias de decisión.
Las promesas de la RRI requieren de condiciones para su cumplimiento. A finales de febrero, el gobierno nombró a Visitación Asprilla como cabeza de la Dirección de Mujer Rural en Colombia. Sin embargo, si no se asigna un presupuesto y un equipo de trabajo que tenga capacidad de ejecutar las políticas públicas y proyectos que se requieren para mejorar la situación, es muy difícil que lo pactado en el acuerdo se cumpla. De igual manera, es preciso dar garantías para puedan participar en los escenarios abiertos por el acuerdo para la intervención de las comunidades. Para ello, se deben articular políticas destinadas a redistribuir las cargas del trabajo de cuidado, pues, con la doble jornada es muy difícil cambiar el escenario de exclusión histórica de las mujeres rurales en los espacios de toma de decisión.
Los avances logrados en el acuerdo en materia de reconocimiento de la triple discriminación que enfrentan las mujeres rurales en Colombia no puede quedarse en palabras y promesas vacías. Ya es un avance que se proponga una reforma para cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, y que esto se haga desde un enfoque de género. Sin embargo, si esas promesas no se concretan en acciones y políticas determinadas, la inequidad seguirá siendo la moneda corriente en el campo colombiano.
*Investigadora de Dejusticia
