“Hemos pedido todas las garantías pero el gobierno no las cumple": indígenas del Cauca | ¡PACIFISTA!
“Hemos pedido todas las garantías pero el gobierno no las cumple”: indígenas del Cauca Ilustración: Natalia Torres
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“Hemos pedido todas las garantías pero el gobierno no las cumple”: indígenas del Cauca

Santiago Vega - Agosto 13, 2019

Todavía no se contempla convocar una "segunda" Minga.

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Luego de la declaración de emergencia que emitió la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) el viernes pasado, fueron asesinados cuatros indígenas en Cauca y Córdoba . Tres de ellos  eran guardias indígenas nasa y fueron atacados junto a otros cinco indígenas nasa, entre ellos un niño de siete años de edad que se desplazaban en una chiva de servicio público en Caloto, Cauca, en dirección a  una feria cafetera. El otro indígena asesinado fue Juan Luna, un líder del resguardo Zenú. A él lo mataron y le incendiaron su hogar, ubicado en zona rural de San José de Uré, Córdoba. Su familia se vio en la obligación de desplazarse de su casa.

Se ha identificado, por parte de la Policía y la Fiscalía, que estos asesinatos son el resultado de varias amenazas que han hecho grupos armados como las disidencias las Farc y otras organizaciones que presuntamente le responden al Cartel de Sinaloa, específicamente en el Cauca. Por otro lado, las autoridades han reportado  múltiples amenazas de grupos paramilitares como los Caparros y el Clan del Golfo en Córdoba. Según la Policía en Córdoba, hombres del grupo criminal los Caparros cometieron el crimen del líder indígena Juan Luna.

La ONU y el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, reaccionaron frente a esta ola de violencia contra los indígenas, pues el pasado fue el tercer fin de semana consecutivo en el que se reportan asesinatos contra líderes indígenas y miembros de la guardia. El  defensor acusó a las disidencias de las Farc de sembrar el terror y atentar en repetidas ocasiones contra los indígenas en el Cauca. Por otro lado, las autoridades indígenas ya habían denunciado hace semanas que estaban siendo objetivo militar de varios actores armados.

Ante semejante amenaza de exterminio que están viviendo, por lo menos 72 etnias indígenas del país se ha declarado un estado de emergencia.

¿Una segunda minga?

La “Situación de Emergencia Humanitaria, Social y Económica”  (así la llaman las autoridades indígenas) declarada en todos los pueblos indígenas de Colombia es la última alternativa que han encontrado los pueblos agrupados en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) para protegerse del recrudecimiento del conflicto en algunas zonas específicas del país. Las mismas sobre las cuales ¡Pacifista! lleva meses alertando de hechos victimizantes contra población étnica y campesina.

Jaime Díaz, miembro de la ACIN, dijo que la medida fue tomada por 126 autoridades indígenas que se reunieron por más de seis horas en el resguardo Indígena Toez, en zona rural del municipio de Caloto, Cauca. Por medio de dicha declaración de “emergencia territorial” y “asamblea permanente” buscan que se establezca conjuntamente con el gobierno central una “ruta para dialogar sobre narcotráfico y cultivos ilícitos de hoja de coca”, factor que según ellos es  la principal causa de la violencia contra su pueblo.

El coordinador del Tejido de Derechos Humanos de la ACIN, Mauricio Capaz, dijo que durante la asamblea del domingo se “reafirmó la posición de seguir con el control territorial”. Lo que implica hoy un riesgo muy alto, pues el control territorial contempla mantener al margen del territorio nasa los negocios de los narcotraficantes, que es uno de los motivos por los cuales fueron declarados objetivo militar. 

En una reunión que se adelantó ayer entre la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez y los consejeros del CRIC, se estableció que en una primera medida se atenderá la situación humanitaria que se vive en el territorio. Aida Quilcué, la consejera para lo derechos humanos de la ONIC, nos aseguró que por ahora no se ha hablado de una segunda minga en el año, sino de atender lo más urgente que es la situación humanitaria. 

La Ministra, ha dicho igualmente, que lo más importante ahora es atender la situación de seguridad. Dijo que era muy importante que la población no viera al Ejército como un “enemigo porque ellos tienen la obligación de protegernos”. También, aseguró que habrá una comunicación fluida y permanente entre los indígenas y el Gobierno Duque; aclarando que, respetarán la Jurisdicción Especial Indígena en términos de justicia. Sin embargo,  acordarán junto con las autoridades indígenas la ruta para brindar seguridad a la comunidad de las etnias presentes en el Cauca y capturar los responsables. 

Durante el transcurso de la reunión, en Caloto, asesinaron a Orlando Gómez el rector de un colegio en el municipio. Por eso, Aida Quilcué, sostiene que hay gran desconfianza sobre la actuación del Gobierno de Duque. “Hemos pedido todas las garantías pero el gobierno no las cumple, no hay medidas efectivas” dice Aida. 

Por ahora, el primer encuentro con el Gobierno, sin la presencia del Presidente Duque, espera atender la situación en un corto plazo y evitar que se siga victimizando la población indígena en el Cauca. Jhoe Sauca, coordinador del CRIC, dijo que se seguirán recibiendo inquietudes de lado y lado. 

Algunos hechos recientes

Se tiene información muy amplia sobre actos específicos que buscan atemorizar y desplazar a las comunidades. Durante este mes de agosto, en Córdoba fueron desplazadas al menos un centenar de familias de la etnia Embera Katío debido a un asedio paramilitar en San Juan de Uré el mismo lugar en donde fue asesinado Juan Luna y fue desplazada su familia.

De hecho, el desplazamiento fue lento y, dicen pobladores, empezó con el asesinato en enero de Plinio Pulgarín, un líder campesino de San Juan de Uré. También fue determinante el  aviso de un grupo armado desconocido (se cree que los Caparros o Clan del Golfo) que amenazó y desplazó la población indígena desde enero de este año hasta la semana pasada, cuando se registraron al menos 100 familias víctimas que llegaron a Montería.

En Chocó, los desplazamientos de los pueblos Embera y Wounaan han dejado sin hogar a comunidades enteras de 400 personas que hasta julio no habían  tenido garantías de regreso a sus tierras. En Catatumbo, el pueblo Barí está confinado en medio de los enfrentamientos entre Los Pelusos y el ELN y es el lugar del país con más desplazamiento forzado.

Por otro lado, el pueblo Awá se declaró en crisis humanitaria desde el año pasado por la violencia que han tenido que sufrir en Nariño, especialmente en Tumaco y Barbacoas. Han sido amenazados 56 líderes de su comunidad y han asesinado 29 desde el 2016. De hecho, un fallo de la Corte Constitucional lo declaró en vía de extinción física y cultural a causa de la violencia en sus territorios. Desde la minga los Awá han estado reclamando al Estado el cumplimiento de las medidas cautelares que ordenó la Corte.

Aida Quilcué, la consejera de derechos humanos de la ONIC, nos dijo que muchos de sus pueblos en el sur han sido amenazados de ser masacrados por no permitir que se cultive y produzca narcóticos en sus territorios.

En muchas ocasiones la situación de seguridad de los pueblos indígenas ha estado en cuidado intensivos, y ahora se encuentra en su peor momento desde que se firmó el Acuerdo de Paz. El asesinato sistemático de diferentes líderes de los pueblos del Cauca, el Valle, Córdoba, Nariño y Chocó ha empeorado notablemente.

En una nota anterior de ¡Pacifista! contamos que habría al menos 56 personas indígenas asesinados desde que Duque tomó posesión del gobierno el 6 de agosto del 2018. Sin embargo, nuestros registros se quedan cortos. Contando que hasta diciembre del 2018 la ONIC registró 46 asesinatos; y sumándole los 36 que la ONU confirmó en lo corrido de este 2019, habría un total de 82 homicidios contra el pueblo indígena. Incluso, organizaciones como el CRIC afirman que son 97 los asesinados este año y 159 desde la firma de los acuerdos de paz.

Detrás de tanta violencia

Más allá de los asesinatos que contamos por cada gobierno, lo crítico es que los indígenas llevan pidiendo soluciones reales y concretas desde hace por lo menos 20 años. Sin contar las luchas que datan desde la conquista y la colonia. Como lo retratan los informes del CNMH y varios artículos de Razón Pública e informes de la ONIC, siempre que los indígenas han luchado y resistido contra el Estado, ha sido motivados por la defensa de sus territorios y su cultura.

La violencia que hoy viven el pueblo Nasa y la mayoría de los pueblos indígenas en el país, parte del esfuerzo violento y sistemático de diferentes actores, incluido el Estado, por expulsarlos de los territorios para poder explotar sus tierras. Bien sea manifestándose en el narcotráfico o en la explotación del territorio por parte de multinacionales extranjeras. Así lo ha confirmado el reciente informe del Centro de Memoria Histórica, que relata la historia de los pueblos indígenas durante el conflicto.

Las peticiones de las mingas desde 1999 han sostenido básicamente las mismas exigencias porque en 20 años los gobiernos no han cumplido con los acuerdos que se pactan con cada minga. De hecho, las peticiones siempre son: la defensa de los derechos humanos, recursos para la etnoeducación y la preservación cultural, derogación de licencias mineras que atentan contra la subsistencia de los pueblos, garantías sobre las tierras que la guerra les ha quitado y respeto por la autonomía indígena. Todo lo que está contemplado en la Constitución del 91.

El Acuerdo de Paz de la Habana, como lo dijeron en su momento el Gobierno Indígena y organizaciones internacionales; era la mejor vía para desactivar el conflicto en sus territorios y empezar a subsanar las heridas que ha dejado la guerra. Especialmente en lo concerniente a la Reforma Rural Integral, que incluía la política de restitución de tierras a través del Fondo de Tierras. Así, como el capítulo étnico que incluía garantías de seguridad para los pueblos étnicos, garantías de participación política y priorización para la adecuación de las políticas sobre los cultivos ilícitos.

Las mingas desde hace 20 años han exigido al Estado estos puntos que son fundamentales para superar las inacabables crisis humanitarias por las que pasa el pueblo indígena. De hecho, la minga de este año tenía como uno de sus pilares exigir el cumplimiento de lo acordado en la Habana. Sin embargo, hasta hoy el acuerdo ha sufrido muchos tropiezos, como son: la ruptura de los diálogos con el ELN, la cantidad de desmovilizados que han abandonado el proceso por incumplimientos, y la cantidad de desplazados y asesinados que aumenta día tras día. 

Etiquetas: Crisis humanitaria, Minga,