Hablamos con el senador del Polo Democrático, quien es la contraparte en el proceso judicial contra Álvaro Uribe.
Por denunciar al senador Iván Cepeda en 2014, Álvaro Uribe se convertirá este martes en el primer expresidente en rendir indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Es un caso que ha dado muchas vueltas, pero lo cierto es que hoy Uribe debe responder por manipular, presuntamente, a testigos, un delito que –en un comienzo– Uribe decía que Cepeda había cometido. La Corte encontró inocente al senador Iván Cepeda y halló, en medio del proceso, presuntas irregularidades que dejan mal parado a Álvaro Uribe. En tres palabras: un efecto boomerang.
Como lo hemos explicado, el proceso que enfrenta Uribe esconde, en el fondo, una denuncia sustancial para la historia del país: el presunto vínculo del expresidente con grupos paramilitares. Lo que dice Juan Guillermo Monsalve, exparamiltiar del Bloque Metro de las Autodefensas y testigo clave del caso, es que en la hacienda Guacharacas, de la familia Uribe, nació el Bloque Metro de las AUC. Y fue justo allí, recordemos, donde la guerrilla asesinó al padre de Álvaro Uribe. Por eso este proceso es trascendental en la historia de Colombia. Supuestamente, el expresidente habría intentado convencer a Monsalve de que se retractara. El 21 de febrero de 2018, el abogado de Uribe, Diego Cadena, fue a la cárcel la Picota para solicitarle a Monsalve que cambiara su versión y que firmara un documento. Monsalve no lo recibió, pero Cadena siguió intentando.
En este proceso hay varias pruebas: una grabación de una reunión entre Diego Cadena, abogado de Uribe, y la pareja de Monsalve, Deyanira Gómez, en la que el abogado intenta ofrecer ciertos beneficios al preso a cambio de una rectificación; una interceptación a una llamada entre Cadena y Uribe en la que hablan sobre la solicitud de reunión con Monsalve; un video de una reunión entre Cadena y Monsalve, en la que el abogado le pide que diga que Cepeda le ofreció plata y lo manipuló, opción que el detenido rechaza. También están los registros de visitas a la cárcel La Picota, en la que aparece el ingreso de Cadena el 22 de febrero de 2018 para hablar con Monsalve.
En este proceso también existen otros testimonios que dejan mal parado al expresidente. El exparamiltiar Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra, por ejemplo, dijo que Uribe, de “manera personal y directa” le pidió que hiciera un video declarando en su favor. Según la Corte Suprema, el abogado Diego Cadena habría hecho lo mismo con otros exparamilitares, ofreciéndoles beneficios jurídicos y económicos, como habría sucedido con la exfiscal Hilda Jannette Niño, condenada por favorecer a exparamiltiares en el proceso de Justicia y Paz. Esto lo habría hecho para favorecer a Santiago Uribe, hermano de Álvaro y quien enfrenta un juicio por ser, presuntamente, financiador del grupo paramilitar ‘Los doce Apóstoles’.
En la indagatoria, los magistrados pueden pedir una medida de aseguramiento contra Uribe. Este escenario ha generado una serie de movilizaciones sociales — convocadas por el Centro Democrático — en favor del expresidente. Movilizaciones que piden que cese el proceso. Todo, han señalado desde uribismo, ha sido “un montaje judicial”. En el trasfondo de todo este proceso ha estado Iván Cepeda, hijo de Manuel José Cepeda — dirigente de la Unión Patriótica asesinado en 1994— , filósofo, activista por los derechos humanos y desde 2009 congresista del Polo Democrático. Hablamos con él.
¿Cómo vio las marchas en favor de Uribe?
En general la posición que tenemos con mi abogados es la de llamar a la ciudadanía a que se respete de una manera absoluta la independencia, la libertad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque lo que hemos presenciado en las últimas semanas es una campaña absolutamente desleal en la que a través de toda clase de mentiras se está intentando generar un ambiente de opinión para que cuando se produzcan decisiones de fondo, se tenga listo un ambiente en el que la idea de que esas decisiones son sesgadas o parcializadas.
Queremos salirle al encuentro de ese tipo de actitudes y confrontarlas en el sentido de que en un Estado de derecho hay que respetar la independencia del poder judicial independientemente de la persona que sea llamada a rendir cuentas.
Durante estas marchas y movilizaciones, las tendencias que se han formado en redes sociales obedecen un poco a esta posición de Uribe de defender lo que él llama el “Estado de opinión”, que para él es lo que prima por sobre el Estado de derecho. ¿Cuáles cree que sean las implicaciones políticas de recurrir a lo que Uribe llama el “Estado de opinión” –llamar a las movilizaciones, generar tendencias en redes, etc?
Lo que veo es que ante la ausencia de argumentos jurídicos, dado el avanzado momento del proceso, es que se está apelando a una especie de rebelión conservadora y absolutamente antidemocrática contra las instituciones de la justicia. No se trata de esta campaña de mentiras que se ha divulgado en los medios. También son las propuestas en el Legislativo que intentan acabar con las Cortes e ir hacia un modelo de supuesta justicia –que sería a la medida de los intereses de impunidad que tienen esos sectores del uribismo. Aquí lo que hay que hacer es abogar y proteger esas instituciones –independientemente de si se está o no de acuerdo con sus decisiones. En Colombia hay que aprender a respetar las decisiones judiciales.
Sí…
Es que tenemos que asumir que en Colombia cualquiera puede ser llamado a rendir cuentas ante la justicia. En otros países latinoamericanos es común que un presidente o expresidente pueda ser llamado a rendir cuentas. Eso también debe comenzar a ser normal en Colombia. Y creo que estamos dando los pasos correctos en esa dirección.
Cuando el presidente Duque habla del proceso dice que el confía en la inocencia de Uribe. ¿Esa posición del poder Ejecutivo no causa un poco de ruido en el proceso?
Sí, yo creo que el presidente Duque debería guardar silencio frente a esta situación. Él es el menos indicado para pronunciarse en cualquier sentido con relación a esto –él desempeña la jefatura del Estado, su posición debe ser absolutamente neutral y respetuosa independientemente de cuales sean sus convicciones y gustos personales sobre un asunto tan importante como este.
Se ha cuestionado mucho que la Corte haya citado a Uribe dos semanas antes de las elecciones regionales y han reforzado la idea de que eso tiene que ver con una suerte de ataque al Centro Democrático. ¿Cómo responde usted a esto?
Eso no es cierto. Este proceso ya tiene una historia muy larga. Hay que recordar que comenzó a raíz de una denuncia penal en mi contra instaurada por el senador Uribe y que duró, en un proceso de investigación prelimar, seis años. En ese tiempo la Corte practicó toda clase de pruebas –en periodos electorales y en no electorales– y al final produjo una decisión, que es un auto inhibitorio y una compulsa de copias. El auto inhibitorio favorable a mí y la compulsa de copias para el expresidente Uribe. Desde junio y julio del año anterior vino un nuevo proceso en el que se ha llamado a rendir cuentas al expresidente Álvaro Uribe y eso ha sido hecho en distintas etapas.
Primero vinieron unos recursos de nulidad que presentó la defensa de Uribe y del representante Prada; luego vino una recusación nuestra a una magistrada, que considerábamos estaba objetivamente impedida para adelantar la instrucción. Posteriormente se han practicado pruebas y ahora vienen las indagatorias. Es decir, aquí no ha habido un calendario que haga coincidir las actuaciones de los magistrados con el calendario electoral; sino el simple y elemental hecho de que la justicia tiene que actuar en todo tiempo. Sería absurdo pensar que hay que detener las indagaciones y cualquier clase de instrucción que practique la justicia porque hay elecciones en un país. Eso solamente se le ocurre a quien quiere tergiversar estos asuntos ante la opinión.
En el comunicado de prensa que usted sacó esta mañana dice que ‘se está queriendo presentar a Uribe como un perseguido, cuando él no lo ha sido’. ¿Nos podría explicar esto?
No puedo entrar a comentar hechos puntuales de la investigación porque me atengo a la exigencia perentoria que ha hecho el magistrado instructor de respetar la reserva sumarial. Pero lo que sí puedo decir es que la opinión pública ha escuchado que en las últimas semanas hay una campaña incesante, agresiva, desleal, para intentar –a través de mentiras- generar una confusión en la opinión pública. Y esto se hace de distintas maneras: tergiversando las pruebas, desacreditando a los magistrados, cambiando el lugar entre quien es investigado y quien, en este caso, es la víctima. Y entonces eso consigue generar un ambiente en el que reina la total confusión sobre lo que está pasando. Y eso, a mi modo de ver, es una estrategia que busca generar una animadversión a las decisiones que pueda tomar la Corte.
Así como hay marchas en defensa de Uribe, ¿usted cree que los ciudadanos que no lo apoyan también deberían salir a la calle?
Estoy en contra de que en este momento –y lo hago desde mi estricta convicción personal– se estén promoviendo esa clase de demostraciones. Ahora, yo respeto el derecho que tienen todos los ciudadanos de salir a la calle y expresar sus puntos de vista, pero creo que es un momento para dejar que los magistrados actúen libremente.
La Silla Vacía hacía un análisis sobre cómo este proceso afecta a Duque en su legitimidad, no está bien en el tema del desempleo y con respecto al Acuerdo de paz también hay dudas. ¿Cómo cree que esto pueda afectar políticamente a Duque?, y en términos más amplios ¿cómo cree que este proceso afecte el Acuerdo de paz?
No, yo no creo que esto que está ocurriendo pueda tener un impacto negativo, todo lo contrario. Yo creo que es muy saludable que en un país que está construyendo la democracia se haga normal que cualquiera –independientemente de ser un político influyente, alguien con poder económico– deba comparecer ante el llamado de un juez. Creo que eso es lo propio dentro de una sociedad democrática.
Petro decía hace poco que le gustaría ver a Uribe en la JEP. ¿Qué piensa de esta idea?
No, yo no puedo pronunciarme frente a esto. Prefiero mantener silencio sobre asuntos puntuales y cuando venga el momento y las circunstancias lo permitan, hare mis consideraciones de una manera lo más extensa posible.
Se lo preguntaba más en términos de justicia transicional, más allá de Uribe concretamente y pensando en la pregunta de manera más amplia…
Soy un defensor de la justicia transicional y esa que se ha creado en particular para este proceso que está en curso, la defiendo y creo que es una salida para lograr verdad, justicia, y democracia en este país.
El Espectador publicó una suerte de perfil doble en el que trazan las carreras políticas de usted y de Uribe y muestran los puntos en los que se tocaron. En términos generales, ¿qué piensa de esta narrativa que se ha dispuesto en la opinión pública de enfrentarlos a ustedes dos como enemigos acérrimos?
En lo que a mi compete yo lo que he hecho es defender los derechos humanos, defender a las víctimas del conflicto, trabajar por la paz, trabajar porque Colombia sea una sociedad democrática. Ahora, en medio de ese trabajo me he encontrado con figuras políticas con las cuales he coincidido y con las cuales he tenido una relación de colaboración; y otras con las que tengo abiertas diferencias en el plano político, y en general de la visión sobre la sociedad colombiana. Pero eso es propio de la democracia. Aquí no hay, como se ha querido interpretar, una situación personal de odios y venganzas sino lo que hace parte de la confrontación política en democracia.
Una narrativa que es recurrente en el Centro Democrático es que se le ha entregado el país a las Farc y que ahora van a juzgar al expresidente. Explíquenos un poco los alcances de este proceso…
Hay que recordar que quien comenzó este litigio jurídico fue el senador Uribe, ¿no? Aquí no hay ningún plan preconcebido. El senador Uribe decidió tomar el camino de la denuncia penal y por ese camino hemos ido. Y hay que aceptar las reglas de juego. No puede ser que entonces cuando las decisiones de la justicia no son favorables, entonces comienzan a esgrimirse argumentos tan retorcidos como que este país está tomado por el terrorismo. Eso es desleal.
En una entrevista que ¡Pacifista! le hizo a la socióloga Sara Tufano en relación a una idea que empezó a circular hace unos meses de que lo que había que hacer era negociar la impunidad de Uribe, ella respondía rotundamente con un no. Que ese no era el camino y que las instituciones correspondientes tenían que surtir sus procesos. Y que la democracia se veía fortalecida juzgando a quien se tuviera que juzgar. ¿Qué piensa de esa aseveración? ¿Se debe negociar la impunidad de Uribe?
No, yo creo que no. No se puede negociar la impunidad de nadie. Es falaz decir que con este proceso de paz se haya negociado la impunidad. Ahí hay un tribunal que está actuando, hay una Comisión de la verdad. Así que no hay algo así como un negocio de impunidad a cambio de la paz. Y si eso es válido para quienes dejaron las armas, es válido para cualquier otro ciudadano. En Colombia tiene que haber justicia y verdad porque sobre esos pilares podemos construir la democracia.
¿Cuál es su sensación en este momento en términos generales?
No me puedo pronunciar sobre el contenido de lo que está investigando la Corte. Lo único que puedo decir es que yo creo en la justicia y que voy a respetar sus decisiones.
