Como líder del Bloque Caribe e integrante del Estado Mayor de las Farc, Santrich deberá responder por varios delitos y deberá trabajar por la reparación de las víctimas.
El caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte, ‘Jesús Santrich’, no termina con el fallo de la JEP que niega su extradición. La palabra impunidad ha inundado las redes sociales en las últimas horas y lo cierto es que Santrich tendrá que esforzarse para demostrar que está interesado en la justicia y la reparación de las víctimas. Si bien su caso está en un punto complejo (la Procuraduría apeló el fallo y el camino de la extradición todavía no está cerrado), lo cierto es que Santrich firmó un acta de compromiso en la JEP que lo obliga a responderle a las víctimas.
Hay que decirlo: Santrich no la tiene fácil. En las últimas horas se filtró un video en el que aparece hablando con Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, sobre mercancías y negocios. Una fuente cercana a Santrich nos dijo que el video “no dice mercancías de qué tipo, pueden ser de aguacate, banano, pero eso no lo dice entonces no se puede inferir directamente que se trata de cocaína”. El video, no obstante, deja muchas dudas y será la JEP y la Corte Suprema las que definan si, en efecto, una Corte de Estados Unidos tenía razón cuando dijo que Santrich intentó exportar 10 kilogramos de cocaína.
Supongamos que Santrich sigue su proceso jurídico en la Jursidicción Especial para la Paz (JEP). Si es así, son varios asuntos por los que debe responder. Desde los 21 años (tiene 51), Santrich ingresó a la guerrilla de las Farc, donde participó en las actividades del Frente 19 de las Farc, al mando de ‘Adán Izquierdo’. En su carrera en la guerrilla llegó a ser miembro del Estado Mayor Central de las Farc y jefe del Bloque Caribe. Durante muchos años, incluso en las negociaciones con el gobierno de Andrés Pastrana, Santrich fue considerado como la mano derecha de Iván Márquez, hoy en la clandestinidad.
Para empezar, Santrich debe comprometerse con la reparación material de las víctimas, pues desde 1993 la guerrilla aceptó, después de la VIII Conferencia Nacional Guerrillera, un esquema financiero en el cual aparecía la minería como una de las actividades predominantes. Según la Fiscalía, hubo explotación minera, así como extorsión de los intervinientes en el proceso. “Bajo este esquema de control, la guerrilla manejó considerables volúmenes de riqueza que en ocasiones pasaron a formar parte de las reservas del Secretariado, con miras a servir como moneda de cambio en transacciones de armamento”, dice el ente acusador.
Al realizar un análisis sobre los recursos que recibió las Farc por concepto de minería y actividades relacionadas, la Fiscalía encontró que, entre 1993 y 2016, el Bloque Caribe, donde estaba Santrich, alcanzó a tener ingresos superiores a los 200 millones de pesos –esta cifra verificada con incautaciones y testiomonios, pero los ingresos seguramente superarían los 2.000 millones de pesos –. Y este punto no es menor si se tiene en cuenta que, según el Ejército, los ingresos por narcotráfico de las Farc superaban los 1.7 billones de pesos anuales.
Al Bloque Caribe, solo hasta 2008, se le atribuían el derribamiento de más de 50 torres eléctricas, decenas de voladuras de oleoductos y el asesinato de más de 260 integrantes de la Fuerza Pública. La mayoría de investigaciones tienen que ver con delitos cometidos en La Guajira, Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba y Antioquia. De hecho, al Bloque Caribe se le adjudican diferentes delitos sexuales, tanto de las integrantes de las Farc así como de mujeres campesinas, como lo ha reseñado el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fiscalía.
Existen varios casos emblemáticos en los que Santrich debe aportar a la reparación de las víctimas con la verdad, como es el secuestro y posterior asesinato de la exministra Consuelo Inés Araújo Noguera, quien fue asesinada en 2001 después de ser secuestrada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta época fue clave, pues Santrich no participó el los diálogos de paz que propuso Pastrana y asumió una visión radical desde la región Caribe. Vale la pena señalar, además, que como integrante del Estado Mayor de las Farc, también deberá aportar la verdad por otros crímenes de lesa humanidad, como los cerca de 30.000 secuestros que hizo la guerrilla y los cerca de 25.000 casos de desaparición que se le atribuyen.
¿Qué dicen las víctimas?
Luz Irene Largo Hernández, víctima de las Farc en Riosucio, Caldas, reaccionó con tristeza al enterarse de la noticia: “Siento que la justicia en Colombia está más hacía al lado de las Farc, del lado de las personas que en algún momento me agredieron, física y verbalmente, personas que no les importó abusar de su poder. A ellos no les importó pasar por encima de niños, niñas, personas inocentes y familias humildes (…) con esta decisión le están quitando los pantalones a la justicia, la autoridad. Para mi, es ver a un asesino y terrorista libre, y peor, sin decirnos la verdad, sin darnos la cara”.
Luz Irene siente que sus derechos están siendo vulnerados: “No hay garantías de nada, las víctimas no tienen claridad de nada y sus vidas están peligrando.Tampoco han sido escuchadas en todo el tema de Santrich”.
Isabel Cristina Alzate, familiar de una víctima de las Farc por minas antipersonal dice que “la extradición de Seuxis Paucis Hernández representaba un riesgo para la paz en términos de verdad y reparación para quienes son considerados el centro de los acuerdos: las víctimas”.
Alzate pone en duda las actuaciones del fiscal Néstor Humberto Martínez, pues para ella era inevitable interpretar que el proceso contra Santrich gozaba de un alto interés político y ponía en jaque las actuaciones de la JEP, afectando el derecho a la verdad y a las garantías de no repetición de las víctimas.
Sandra Useche, víctima de desplazamiento forzado por parte de las Farc en el 2002, dijo lo siguiente: “No me parece bien que lo liberen como si nada, porque ha sido un asesino, ha hecho sufrir al país entero. Las decisiones que ha tomado la JEP pareciera que favorecieran al que comete el mal y a los que nos ha tocado sufrir, no nos beneficia en nada. La JEP queda mal ante un país en donde hemos sufrido”.
Leyner Palacios, víctima de la masacre de Bojayá, recibió la noticia con tranquilidad. Para él, el hecho de que Santrich no haya sido extraditado puede representar una ganancia para las víctimas: ” Santrich tendrá deudas con las víctimas colombianas. Yo esperaría que con la implementación de la JEP él y otros integrantes de las Farc respondan por las afectaciones que nos causaron”.
Y agrega: “Para mí la decisión de una posible extradición era ver como se cerraba la puerta para que las víctimas pudieran acceder a la verdad. La no extradición es coherente con lo que se firmó en La Habana. Ahora lo que sigue es que el proceso de reparación sea serio. Este momento debe ser aprovechado por los miembros de las Farc para demostrar que están comprometidos con las víctimas, que en serio les interesa la no repetición y la reparación”.
El pasado 17 de mayo de 2018, la JEP recibió 80 informes del Centro Nacional de Memoria Histórica con más de 300.000 documentos y miles de testimonios de las víctimas y otros agentes del conflicto armado. La Jurisdicción ha priorizado casos como el secuestro para que las Farc rindan cuentas, pidan perdón y paguen penas alternativas si dicen la verdad. A la Jursidicción ya han asistido antiguos comandantes de la guerrilla como Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
La presidenta de la JEP, Patricia Linares, se ha comprometido públicamente con las víctimas: “Durante años soñamos con aportar al país, y especialmente a las víctimas, una memoria reparadora que contribuyera no solo a aliviar su dolor sino a aportar insumos que permitieran avanzar hacia la construcción de garantías de no repetición y de un proceso de reconciliación”.
Si Santrich no es extraditado, la JEP debe garantizar la verdad, la reparación y la no repetición. Es la única forma de otorgarle legitimidad al Acuerdo de Paz.
