Hay grandes diferencias en los números. Las organizaciones sociales dicen que la cifra de muertos es mayor a la que publica el Gobierno. ¿Cómo se hace el registro de estos asesinatos?
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Hace unas semanas, el para entonces fiscal general encargado Fabio Espitia dijo que se había registrado solo un asesinato de una líder social en lo que va de 2020. Se refería a Gloria Ocampo, lideresa de Puerto Guzmán, en Putumayo, quien apoyaba la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y fue acribillada por sicarios en su casa, el pasado 6 de enero.
Las cuentas de Espitia no cayeron bien, en especial para las organizaciones sociales que le hacen seguimiento al asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Una de ellas es el Instituto de estudio para el desarrollo y la paz (Indepaz), para la cual el número de muertes durante el mismo periodo es de 30. Es decir, un asesinato diario según el instituto.
Como si no bastara con el flagelo de los atentados a líderes sociales, las cifras sobre sus asesinatos están atomizadas y no cuadran, lo que se ha convertido en una doble tragedia y en una larga discusión entre el Gobierno y las organizaciones sociales. ¿Por qué los números varían? Bueno, sucede por factores que van desde la manera en que cada quien lleva el registro de las muertes hasta la misma definición de qué es un líder social.
La Fiscalía, por ejemplo, toma las cifras que recoge la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia (ONU DDHH). Es su fuente oficial. Esta oficina tiene presencia en varias regiones del país y cuenta con equipos que adelantan tareas humanitarias como la protección a defensores de derechos humanos. Cuando matan a un posible líder social, a ellos les llega el reporte y enseguida se encargan de verificar con las organizaciones o comunidades en el territorio. Con ese método llevan el registro de 397 asesinatos entre 2016 y 2019. Aunque pueden ser más, pues 13 crímenes ocurridos solo el año pasado aún se encuentran en proceso de verificación.
“Esta terrible tendencia no muestra desaceleración en 2020, donde al menos 10 defensores de derechos humanos, según información preliminar, habrían sido asesinados durante los primeros 13 días de enero”, explicó a ONU DDHH en un comunicado.
El contador de la Oficina de DDHH de ONU es el mismo que usa la Fiscalía.
Un método de registro similar maneja la Defensoría del Pueblo. La diferencia con ONU DDHH es que los equipos de la Defensoría tienen más capacidad de desplazarse hasta los municipios o zonas rurales donde ocurren los crímenes para hacer las verificaciones. Esta entidad, que es pública, cuenta con mayor despliegue en la regiones.
La verificación que hace la Defensoría para identificar si un líder social fue asesinado pasa por constatar el trabajo que la víctima haya hecho en el territorio, y solo suma al registro cuando tiene la certeza de que, tras esa pesquisa, se trata de un líder. Su contador llega a los 555 asesinatos entre 2016 y el 31 de octubre de 2019. Con todo y eso, falta incluir los homicidios de noviembre y diciembre y los de enero de este año, que aún están en proceso de confirmación.
Contador de la Defensoría del Pueblo
Las organizaciones sociales llevan las cuentas de otra manera. Por ejemplo, en Somos Defensores, un programa no gubernamental que protege a los defensores de derechos humanos, sus miembros viajan hasta los territorios para recoger información pero también se apoyan con los datos que llegan de las comunidades y organizaciones de base aliadas, un criterio distinto a los de la Fiscalía y ONU DDHH para identificar a los líderes sociales asesinados. “Ellos (otras entidades como Fiscalía y ONU) hacen el monitoreo desde sus oficinas regionales. Tienen que verificar que la persona tenga perfil de líder social. Si no lo logran, no publican”, aclara Diana Sánchez, coordinadora del programa.
Bajo este método, el registro de Somos Defensores -que se publica cada tres meses- es de 426 asesinatos entre 2016 y octubre del año pasado.
Contador de Somos Defensores
Indepaz, que también hace el conteo de líderes asesinados, se apoya con la información que puedan suministrar las comunidades, juntas de acción comunal, asociaciones campesinas, resguardos indígenas, entre otros actores clave de las regiones. El instituto, como lo comenta su presidente Camilo González Posso, incluye en su registro toda persona que ejerza liderazgo, sin importar que ocupe una posición determinada o directiva de una organización. Esa diferencia es clave.
“Un guardia indígena o un miembro de una junta de acción comunal, así no sea su presidente, que esté en funciones de liderazgo puede ser líder social. Al igual que los que apoyan la sustitución de cultivos. Que los maten es un golpe a la organización y al proceso de paz”, asegura González Posso.
Por eso el conteo de Indepaz es el más numeroso. Desde la firma definitiva del Acuerdo de paz -24 de noviembre de 2016- hasta el 30 de enero de este año fueron asesinados, según ellos, 756 líderes.
Contador Indepaz
En ¡Pacifista! también tenemos un contador de líderes sociales asesinados desde la firma del Acuerdo de paz. Actualmente, en nuestros registros van en 263 muertes. ¿Cómo recogemos los datos? Nos basamos en los perfiles que publican medios de comunicación locales, información de organizaciones amigas y en la verificación con las comunidades en los territorios. El último líder que aparece en nuestro registro es Fernando Quintero Mena, quien era presidente de la junta de acción comunal de una vereda de Convención, en Norte de Santander. Lo mataron el pasado 26 de enero.
El lío con las diferencias en las cifras es que ello repercute directamente en la magnitud de la respuesta estatal, la urgencia en la protección, la aplicación de justicia, la dimensión general del fenómeno y la misma definición de líder social. Todo eso se pierde cuando no existe un registro único.
Somos Defensores e Indepaz coinciden en que el Gobierno debe crear un registro único que se basen el trabajo de la Defensoría del Pueblo, que tiene mayor cobertura en los territorios que ONU DDHH; y que incluya las cifras e investigaciones de las organizaciones sociales. Quizás una herramienta así también pueda ayudar a esclarecer estos crímenes, pues apenas un poco más de la mitad de los asesinatos entre 2016 y 2019, el 52,32 por ciento, tiene un avance en su investigación por parte de la Fiscalía.
Contador ¡Pacifista!
El llamado al Gobierno a unificar estos datos es tan solo una solicitud lógica y no una solución. La defensa de los líderes sociales y defensores de derechos humanos va más allá de resolver cómo toca contar los asesinatos, y más bien, evitar que los maten. Como señala Diana Sánchez: “El problema es que la política no funciona. Sean 30, 40 o 50, eso es no problema. Es un asunto de seguridad para los líderes”.
