16 años después de la primera masacre, San José de Apartadó sigue sin conocer la paz
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16 años después de la primera masacre, San José de Apartadó sigue sin conocer la paz

Staff ¡Pacifista! - Febrero 19, 2016

Se conmemora una de las primeras masacres de ese corregimiento. Los actores armados siguen en el territorio.

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Desde 1997, la comunidad de San José de Apartadó se declaró neutral frente a todos los actores del conflicto. Foto: Archivo

Por Daniel Montoya 

El 19 de febrero de 2000, hace 16 años, los paramilitares del frente Árlex Hurtado del bloque Bananero se tomaron el casco urbano del corregimiento de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Allí, asesinaron a cinco personas —una de ellas en la plaza principal— y dejaron a otras dos heridas. Las señalaban, injustamente, de pertenecer a las Farc.

Según un informe publicado por Amnistía Internacional en junio del 2000, los ‘paras’ montaron puestos de control a menos de un kilómetro del Batallón Voltígeros de la Brigada 17 del Ejército, y desde allí se prepararon para cometer la masacre, que ocasionó el desplazamiento de cerca de 2.400 personas.

Tuvieron que pasar 12 años para que se hiciera justicia. En febrero de 2012 fue condenado el empresario bananero y comandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias “Pedro Bonito”, quien se encontraba al mando del frente que realizó esta masacre. Hasta ahora, pese a las denuncias de la comunidad y de las organizaciones defensoras de derechos humanos, ningún miembro del Ejército ha sido condenado por estos hechos.

Pero lo ocurrido en 2000 fue apenas el inicio de una serie de actos violentos que protagonizaron en San José los paramilitares de la región. El 21 de febrero de 2005, el bloque Héroes de Tolová, comandado por Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, asesinó al campesino Eduardo Guerra y a su familia mientras se dirigían a la vereda Mulatos, de San José.

En su camino hacia la vereda La Resbalosa, en el municipio de Tierralta (Córdoba), los ‘paras’ asesinaron a la familia de Alfonso Bolívar y a Alejandro Pérez, un jornalero del corregimiento. Tanto Eduardo como Alfonso eran líderes comunitarios que insistían en decirle “no” a la guerra.

Entonces, la Gobernación de Antioquia responsabilizó a las Farc. Sin embargo, según el testimonio de uno de los paramilitares que participó de la incursión de 2005, las tropas a las que pertenecía fueron protegidas por miembros de la compañía Bolívar del Batallón de Infantería Nº 47 de la Brigada 17.

Por estos hechos fueron condenados a 34 años de prisión el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el subteniente Jorge Humberto Milanés Vega, el sargento Darío José Brango y el subteniente Édgar García Estupiñán. Más adelante, en 2010, el excapitán Guillermo Gordillo Sánchez admitió su participación en los hechos y fue condenado a 20 años de prisión.

En 2012, el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al Estado por los perjuicios morales y materiales que sufrieron decenas de víctimas. El caso llegó al Consejo de Estado, que determinó que la Nación debía ofrecer disculpas públicas e indemnizar a los familiares de las víctimas por un monto total de $3.800 millones.

A mediados de 2015, el Tribunal Superior de Medellín condenó a ocho años de prisión a Uber Yáñez, excomandante militar del bloque Héroes de Tolová, por la masacre de 2005.

La comunidad de paz 

Parte de la declaración de la paz de la comunidad de San José de Apartadó. Foto: cdpsanjose.org

 

En diciembre de 1997, la comunidad de San José de Apartadó creó una Comunidad de Paz, con el objetivo de declararse neutral frente a todos los actores del conflicto y rechazar la presencia de armas en su territorio.

Jesús Emilio Tuberquia, líder de la comunidad, hizo una especie de declaración política en el libro Esperanza: resistencia civil artesana de paz: “no vamos a ceder ante las armas, nosotros seguiremos trabajando unidos diciéndole ‘no’ a la guerra”.

Un “no” que les ha salido bastante caro. En marzo de 1998, solo tres meses después de crear la Comunidad de Paz, 43 de sus miembros ya habían sido asesinados.

Esta situación llevó a que en el 2000 la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiera medidas provisionales para 189 miembros de la comunidad. Estas medidas fueron ratificadas por la Corte Constitucional en 2007, cuando obligó al Estado a notificar cada 15 días ante la Defensoría del Pueblo “las acciones realizadas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la Comunidad de Paz y de las personas que les prestan servicios”.

Hoy, la comunidad, que cuenta con más de 2.000 personas, se enfrenta a nuevos retos de violencia. Desde octubre de 2015, sus habitantes han denunciado la presencia de grupos paramilitares vestidos de civil que portan armas largas.

En un comunicado realizado por el Comité para los Derechos Humanos de San José el 2 de noviembre del año pasado se denunció que en las veredas La Esperanza, Aguas Frías y Arenas Bajas, “los ‘paras’ andan en grupos de 20 a 30, y manifiestan que van a iniciar acciones terroristas contra la población civil como lo hicieron en los años 1996 y 1997”.

Todo indica que, por ahora, y pese a las múltiples decisiones judiciales que la favorecen, la comunidad deberá seguir enfrentando los embates de la violencia.