Conocimos cuatro escritos en que se pide explicaciones a los magistrados sobre las filtraciones del caso Plazas Vega.
Muy molestos con la Corte Suprema de Justicia están los familiares de Carlos Augusto Rodríguez e Irma Franco, dos de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Todo por cuenta de las más de siete filtraciones (según sus propios cálculos) sobre el caso Plazas Vega que, desde 2014, los magistrados de la Sala Penal le han entregado a distintos medios de comunicación.
Este lunes se conoció que Jorge Molano y Germán Romero, abogados de las víctimas, le pidieron cuentas a la Corte a través de un derecho de petición de siete páginas. En él, exigieron que se les informe qué acciones se han tomado para identificar y sancionar a los responsables de esos hechos y, más grave aún, para separarlos del proceso que busca revisar la condena a 30 años de prisión que pesa sobre el coronel retirado.
A esa solicitud se adjuntaron cuatro declaraciones extrajudiciales en las que los familiares de Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería del Palacio, y de Irma Franco, militante del M-19, dejaron constancia de los perjuicios emocionales que han sufrido por cuenta de las filtraciones. Sobre todo, porque es a través de los medios que ellos se enteraron de que, lo más probable, es que la Corte absuelva a Plazas Vega.
¡PACIFISTA! conoció las declaraciones de los familiares, fechadas a finales de noviembre pasado. El 28 de ese mes, Alejandra Rodríguez, la hija de Carlos, acudió a la notaría 40 de Bogotá y dijo que “la filtración de apartes y noticias nos ha afectado a los familiares de los desaparecidos en el Palacio de Justicia de manera importante”. Y agregó que “esa zozobra a la que me he visto sometida durante este año únicamente ha generado más dolor y sufrimiento que aquel que he tenido que soportar durante estos 30 años en que la justicia ha sido inoperante”.
Alejandra también declaró que le “preocupa sobre manera que esta manipulación mediática no permita que la justicia tenga independencia, sino que los magistrados se sientan inclinados a fallar no en derecho, sino por las graves presiones ejercidas por los militares y por parte del establecimiento, los medios y la sociedad”.
Ante la misma notaría compareció Cecilia Cabrera, madre de Alejandra y esposa de Carlos Augusto Rodríguez. Según ella, que también trabajaba en la cafetería del Palacio, “la indebida filtración a través de los medios de comunicación anunciando que (Plazas Vega) será absuelto por la desaparición forzada de mi esposo y de otra persona (Irma Franco) me afecta y me revictimiza constantemente”.
A Cecilia le inquieta que la imparcialidad de la Corte se vea afectada por situaciones como “la intervención del expresidente y senador Álvaro Uribe y la esposa de Plazas Vega, la hoy senadora Tania Vega, a tal punto de mostrar que 7.000 ciudadanos respaldan tal proyecto de sentencia manifestando que Plazas Vega es inocente”.
Cecilia se refiere a una petición que Nicolás Posada, un colombiano residente en Estados Unidos, radicó en la plataforma change.org. En ella, Posada le pidió a la Corte que “apruebe la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar y revoque la condena del coronel Plazas Vega”, y recordó que la votación de los magistrados está 6 a 2 a favor del oficial retirado que lideró la retoma del Palacio.
En una semana, la solicitud de Posada consiguió 7.000 firmas. En video, y a través de redes sociales, los congresistas del Centro Democrático Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Alfredo Rangel y José Obdulio Gaviria, entre muchos, manifestaron su respaldo a esa campaña. Algunos de ellos calificaron a Plazas como “héroe de la patria” y “héroe de la democracia”.
También lo defendió el exguerrillero del M-19 y senador de ese partido Everth Bustamente, quien dijo que el coronel (r) “no es responsable de la desaparición de personas. Fue otra parte de la cadena de mando, que estaba ubicada en la Casa del Florero, la responsable y quien tendrá que rendir cuentas ante la justicia”.
Ante la Notaría 40, César Enrique Rodríguez, el hermano de Carlos, también opinó que “el excesivo despliegue mediático del procesado y sus partidarios afecta y revictimiza a los familiares, porque continúa desconociendo a los desaparecidos y las graves responsabilidades de los mandos militares y pretende mostrar a la opinión pública que son héroes y no criminales. Se ha llegado al exceso de la recolección de miles de firmas para pedirle a la Corte la libertad de Plazas Vega, como si la justicia se hiciera por votación popular”.
Otro que declaró fue Jorge Eliécer Franco, hermano de Irma. Según él, las filtraciones sobre el caso han “venido causando perjuicios a mí y a la familia, en forma material y moral”. Por eso, les pidió a los magistrados que “colaboren a evitar los perjuicios a la administración de justicia”.
A más tardar, el próximo 15 de diciembre la Corte deberá responderles a los familiares y a sus abogados qué acciones ha tomado para evitar y sancionar las filtraciones.
La sentencia en el caso de Plazas Vega se espera desde 2012, y lo que decida la Corte será fundamental para los otros tres procesos judiciales que cursan contra distintos militares por las desapariciones forzadas que ocurrieron durante el holocausto. Se dice, incluso, que jueces y magistrados están a la espera de este fallo para emitir sus propias decisiones de acuerdo a la línea que trace la Corte. Los familiares, por su parte, esperan que se ponga fin a la zozobra que han cargado durante tres décadas de investigaciones.
