Conocimos una carta entregada por varios líderes a los responsables del desminado. Dicen que se ha silenciado la crítica y que persisten las deudas sociales.
Tal vez la idea de abrir un espacio para que un puñado de medios de comunicación conociera de primera mano los avances del desminado en la vereda El Orejón, en Briceño, Norte de Antioquia, tenía el propósito de despejar el manto de misterio que ha rodeado ese proceso desde su inicio, hace ya casi siete meses.
Eso, en parte, porque muchos de los líderes de la comunidad se han visto maniatados para expresar sus puntos de vista, no solo sobre los trabajos para el retiro de los explosivos, sino sobre los avances en cuanto a la intervención social que, según han afirmado varias veces el Gobierno y las Farc, se desarrollaría de forma paralela con la destrucción de las minas.
Sin embargo, la visita que se produjo la semana anterior, pese a los balances oficiales que calificaron los avances como positivos, le abrió la puerta a una serie de críticas que no se habían escuchado, por lo menos no con tanta fuerza, por una suerte de veto que los responsables del proceso parecen haber impuesto sobre la comunidad.
Además de los cuestionamientos públicos que formularon algunos líderes y que fueron insumo para varias notas y editoriales periodísticos que se han enfocado en lo “no tan bueno” de las labores de desminado, ¡PACIFISTA! tuvo acceso a una carta firmada por 10 líderes de El Orejón y otras veredas cercanas que fue entregada al general (r) Rafael Colón, director de la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia de la República.
Por medio de ese documento, la comunidad reitera muchas de las observaciones que formuló en otra comunicación enviada a La Habana a finales de julio, cuando solicitaron, entre otras intervenciones, la construcción de una sede comunal, de una escuela y de una placa polideportiva.
Tres peticiones concretas de una lista más extensa formulada con la idea de que, además de la posibilidad de caminar tranquilos por sus tierras, los habitantes de esas comunidades experimentaran un cambio efectivo en sus condiciones de vida, que desde hace décadas están condicionadas por la violencia.
¿Y quién permanecerá en el territorio?
La carta está dirigida a las delegaciones negociadoras del Gobierno y las Farc, y a los países garantes del proceso de paz de La Habana. En ella se reitera el apoyo de los habitantes de El Orejón y de los caseríos aledaños a los diálogos de paz y se afirma que es, precisamente, con base en su esperanza en los resultados de las conversaciones que formulan “una evaluación de los desarrollado hasta el momento actual”.
De acuerdo con los líderes, “la comunidad no ve reflejado en lo social todos los puntos” que fueron remitidos a la mesa en su primera misiva. Una de sus principales preocupaciones está relacionada con las garantías para su seguridad y su permanencia en el territorio una vez se levante el operativo de desminado.
“El derecho a la vida se ve a amenazado por no saber quién queda en el territorio, si es el Ejército, Farc EP o grupos al margen de la ley”. En ese mismo sentido dicen desconocer si se tiene previsto un plan para la erradicación o la sustitución de cultivos ilícitos teniendo en cuenta que los ingresos de muchas familias de la zona dependen, primordialmente, de las plantaciones de coca.
Por otra parte, los campesinos cuestionan las agresiones a las que, dicen, han sido sometidos algunos integrantes del Movimiento Ríos Vivos, organización que ha liderado los reclamos por la implicaciones sociales de Hidroituango en los 12 municipios del área de influencia de ese megaproyecto energético.
Según la denuncia, “dicho movimiento ha sentido la persecución y la estigmatización por parte del Gobierno y de algunos delegados de APN (Ayuda Popular Noruega –la ONG que acompaña el proceso–)” hasta el punto de que, en algunas oportunidades, ha tratado de impedirse el ingreso a la zona de algunos de sus integrantes.
Señalamientos e imposiciones
El comunicado se refiere también a los casos de cuatro personas de las veredas La Calera, Alto de Chiri, La Mina y el corregimiento de Pueblo Nuevo que fueron capturadas a finales de octubre por supuestos vínculos con grupos al margen de la ley.
Según el texto, no existen elementos que prueben la relación de esos capturados con alguna organización irregular. “¿Qué pasará después del desminado con las personas que hemos interlocutado con miembros del Gobierno, miembros de las Farc EP o Ejército, etc. Será que seremos estigmatizados o perseguidos?
Por otra parte, los líderes se refieren a lo que calificaron como una “imposición cultural” a la que ha sido sometida la comunidad. Dicen que, por ejemplo, se han limitado algunas zonas de encuentro común y a algunos de los campesinos se les ha pedido deshacerse de animales domésticos con el argumento de que algunos de ellos podrían afectar la salud de los perros que son utilizados en las tareas de desminado.
La lista también incluye los viejos reclamos sobre la construcción de una nueva escuela, una caseta comunal y una placa polideportiva, obras que no se han iniciado. Igualmente, hablan de deudas en materia de salud, educación, trabajo y alimentación que, según dicen, en algunos casos se han quedado en etapa de diagnóstico.
“Vemos como salen y entran helicópteros para evacuar a los miembros del plan piloto del desminado humanitario y a la comunidad le niegan hasta un carro para sacar a un enfermo”, agrega la carta.
Finalmente, los campesinos se preguntan por qué “la burocracia sí afecta a la comunidad” pero no a las ONG, en referencia a las obras para la construcción del campamento que alberga a los encargados del proyecto, que fueron adelantadas —dicen— sin licencias ni estudios previos, pero, de acuerdo con su explicación, esos trámites han sido el argumento para que no se inicien algunas obras prometidas a los habitantes del pueblo.
Se acaba la paciencia en El Orejón
Asegura una habitante de la comunidad que el lunes de la semana anterior, antes de la rueda de prensa en la zona, algunos integrantes de las delegaciones que adelantan el desminado reunieron a varios pobladores y les dijeron que debían moderar sus críticas para no “tirarse” el proceso.
Esa, dicen los líderes, ha sido la constante. Una ley del silencio impuesta desde el inicio del proyecto piloto de desminado para silenciar los cuestionamientos que han surgido, no solo por las deudas en materia social, sino por la forma como han sido elegidos los lugares donde se han destruido 33 minas antipersonal.
Y es que a juicio de los habitantes del pueblo, el desminado ha priorizado zonas que, si bien pueden estar cerca de la población civil, no son de tránsito frecuente de las comunidades. Por eso insisten en que no es cierto, como se ha dicho, que antes de finalizar el año El Orejón pueda ser declarada una zona libre de sospecha de minas.
Mucho más si se tiene en cuenta que algunas autoridades llegaron incluso a hablar de que en ese territorio habría una mina cada 135 metros cuadrados y que serían cerca de 3.000 los explosivos instalados en toda el área.
A eso se suma que, de acuerdo con información que circula en la comunidad, guerrilleros de la Farc estarían instalando nuevos artefactos explosivos en los alrededores de El Orejón con la idea de proteger algunas posiciones estratégicas de ese grupo en la zona. A eso atribuyen algunos que se mantenga la restricción, impuesta por la guerrilla, para transitar entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.
Según algunos pobladores, en ese espacio las Farc estarían minando algunos caminos con dispositivos que pueden ser instalados en la noche y retirados en la madrugada. Si bien esa versión no ha sido confirmada por ninguna autoridad, solo el rumor indica que el ambiente de zozobra que ha generado el control ilegal de la zona aún está presente. Incluso, con ingredientes más complejos, si se tiene en cuenta que en agosto pasado las Farc denunciaron la presencia de paramilitares en la región.
Según la guerrilla, integrantes de Los Urabeños —autodenominadas Autodefensas Gaitanistas—, estarían ganando posiciones muy cerca poniendo en riesgo los operativos de desminado. Esa idea fue confirmada entonces por líderes de organizaciones que hacen presencia en la zona.
Lo que sigue
Según un texto de “Pastor Alape”, el negociador guerrillero que acompañó la misión de la semana anterior, publicado el jueves por las Farc, el operativo entrará en un receso a mediados de diciembre y se reactivará la primera semana de enero.
De acuerdo con “Alape”, esa acción “ha fortalecido la confianza entre las partes y señalado la importancia de vincular a sectores deprimidos de la nación para que expongan sus necesidades y visiones de paz, reconciliación y búsqueda de la prosperidad en forma amplia, sin temor a la estigmatización o persecución por sus opiniones, para poder construir en forma incluyente el nuevo país que sueñan las mayorías”.
Esa conclusión no se aparta de la posición conjunta de la mesa de conversaciones que en su comunicado más reciente sobre el proyecto piloto de desminado destacó la voluntad de satisfacer las demandas más sentidas de la comunidad, “fortalecer la organización social y proveer capacidad técnica con miras a brindar bienestar y mejor calidad de vida a la población víctima del conflicto. La comunidad será protagonista de su futuro a través de la participación activa en el desarrollo de estos proyectos”.
Sin embargo, esas palabras parecen no recoger la opinión de, por lo menos, un grupo de líderes que insiste en que el camino hacia una mejor calidad de vida en sus territorios aún permanece minado. “Esperamos seguir avanzando en la construcción de paz —dicen los campesinos en su carta—, pero con una panorama de evaluación de lo que ha pasado en estos siete meses (…) en lo social vemos pocos avances y queremos más celeridad al proceso. Esperamos que la paz sea con justicia social”.
