Tanto las agresiones contra Javier Ordóñez como los abusos durante las protestas contra la violencia policial quedaron en video. Esas grabaciones sirven para que no haya impunidad.
El video en el que dos patrulleros de la Policía de Bogotá reducen violentamente a Javier Ordóñez fue visto desde muy temprano el 9 de septiembre por miles de usuarios de redes sociales en Colombia. Además, para muchos fue la primera noticia del día al sintonizar los noticieros de televisión o prender la radio, pues todos ya hablaban con indignación del asesinato de este hombre, de 43 años, a manos de la Policía.
La grabación es bastante dicente. Se ve a Ordóñez en el suelo pidiendo que se detenga la agresión, pero los policías hacen caso omiso a su llamado. También se escucha a un amigo de Ordóñez —quien graba el video— exigiendo un alto a los choques eléctricos con el taser. Luego los uniformados llevan a Ordóñez al CAI de Villa Luz, en Engativá, donde lo golpean. Lastimosamente no hay registro gráfico ese momento.
Según Medicina Legal, los golpes que Ordóñez recibió en el CAI fueron los que le ocasionaron la muerte. El alcance y la gravedad de su caso detonaron, pasadas un par de horas, las protestas contra la violencia policial en Bogotá, Soacha y otros lugares del país.
La grabación del amigo de Ordóñez es importante. Sin ese video hubiese sido difícil enterarse de la agresión mortal contra Ordóñez, acelerar la investigación del caso e identificar a los responsables.
Los videos como garantes de justicia
Según la ONG Temblores, entre 2017 y 2019 hubo 639 homicidios por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía y los servicios de inteligencia. La mayoría de estos asesinatos no pasan de ser una estadística más, pues pocos llegan a tener espacio en los medios de comunicación por falta de un video o una grabación, como sí ocurrió en el caso de Ordóñez.
En mayo de este año, en el municipio de Puerto Tejada (Cauca), Anderson Arboleda murió tres días después de que un policía lo golpeara fuertemente en la cabeza. No obstante, su caso fue conocido porque justo por la época de esa agresión se estaba hablando del asesinato de George Floyd por parte de un policía de Minneapolis, en Estado Unidos. El caso de Arboleda sirvió para revivir la discusión sobre el racismo en Colombia y denunciar, una vez más, que en el país también hay violencia policial.
A diferencia de Ordóñez, en el caso de Arboleda no hay un video público (o por lo menos no se conoce) que respalde lo que pasó. Y aunque ese material exista, no es seguro que la investigación para definir culpas y responsabilidades termine siendo justa. Un ejemplo de esto fue lo vivido en Los Ángeles (Estados Unidos) en 1991, cuando cuatro oficiales blancos golpearon brutalmente a un hombre negro: Rodney King. La agresión fue registrada por un camarógrafo que estaba cerca y rápidamente se hizo conocida.
En abril del año siguiente, los cuatro agentes fueron llevados a juicio y la grabación era la prueba reina en su contra. Sin embargo, los cargos de violencia policial y uso excesivo de la fuerza terminaron rechazados por el jurado. La reacción de los barrios negros de Los Ángeles desató la peor ola de protestas y violencia en la historia estadounidense. Hubo más de 50 fallecidos y 2.000 heridos.
Tom Bradley, alcalde de Los Ángeles por aquel entonces, criticó efusivamente la decisión del jurado y la postura de la Policía. “Nuestros ojos no nos engañan: vimos lo que vimos y lo que vimos fue un crimen”. La Policía, por su parte, respaldó a los oficiales en todo momento, incluso el comandante jefe testificó a favor de ellos y uno de los involucrados afirmó que la violencia policial es legítima en algunos casos.
Retomando el caso de Ordóñez, a diferencia de King, rápidamente fueron señalados los dos responsables mientras que en Estados Unidos la Policía respaldó en todo momento a los agresores de King; o por lo menos, hasta que se ordenó una segunda investigación en la que sí fueron encontrados culpables. En el caso de Ordóñez, al cabo de unos días, ambos patrulleros perdieron el respaldo institucional y se tuvieron que enfrentar a la justicia ordinaria.
La investigación del caso Ordóñez vinculó, además de los dos agentes que se ven en el video, a otros cinco policías que estuvieron involucrados en las agresiones posteriores a las que se registran en la grabación. Pese a que la autopsia de Medicina Legal reveló que Ordóñez murió por los 40 golpes y 13 disparos con taser que recibió, todavía no se ha definido qué ocurrió con exactitud en el CAI de Villa Luz. Sin embargo, el video dio pie a que más personas tengan que responder por este asesinato.
Así mismo, el video expone el uso indebido del taser y de los procedimientos policiales. Justamente en las protestas contra la violencia policial se evidenció, de nuevo, malos procedimientos por parte de la Policía. La explícita violencia sistemática que acompañó esas jornadas también fue grabada. Aunque los abusos de la fuerza son evidentes, la Policía no hizo un mea culpa sino que respondió con más violencia.
No hay peor ciego que el que no quiere ver
Las cámaras se convirtieron en el enemigo de una Policía sin autocrítica. Videos de abusos hay bastantes: desde uniformados dando bolillazos y arrastrando personas por el suelo hasta agentes disparando su armas de fuego contra multitudes. Quienes representan a la fuerza pública minimizaron su responsabilidad evidenciada en las grabaciones y enfocaron la culpa en los vándalos.
Carlos Holmes Trujillo, cabeza del Ministerio de Defensa, tardó dos días en reconocer lo sucedido y pedir perdón. Sin embargo, el 14 de septiembre Trujillo calificó de irresponsables a quienes aseguraban que los policías causaron la muerte de más de una docena de personas.
A la defensiva también están los altos mandos de la Policía. El general Hoover Penilla defendió a los uniformados que dispararon y aseguró que cada policía toma la decisión de usar su arma de fuego o no, dependiendo de la situación a la que se enfrente. No obstante, según confirmó el mayor general Gustavo Moreno, hay 65 uniformados investigados por los hechos del 9 y 10 de septiembre.
“¡Este es mi derecho!” grita. La respuesta del policía es golpearla.
¿Cómo no van a estar las calles llenas de rabia y hastío? pic.twitter.com/EOqiqGb7Ia
— Jairo Rivera H. (@jairoriverah) September 10, 2020
Un periodista fue agredido y censurado por la Policía y el ESMAD en Bogotá, quienes le impidieron seguir grabando, pues iniciaban la arremetida y los ataques contra los ciudadanos. #MasacreEnBogota #todaslasvidasimportan #PoliciaNacionalParenDeMatar
Video:@DonIzquierdo pic.twitter.com/SpT0Z0oOzC— Juan Camilo (@JUANCAELBROKY) September 11, 2020
Las voces desde la fuerza pública y el Ministerio de Defensa permiten pensar que son reacios a una reforma integral a la Policía Nacional, pese a las evidencias de violencia.
En el caso de Anderson Arboleda, un video pudo haber puesto su nombre y su historia en la opinión pública sin necesidad de compararlo con George Floyd, pues Arboleda fue agredido el 19 de mayo en Puerto Tejada y murió días después, el 21; mientras que el homicidio de Floyd ocurrió el 25 de mayo. Gracias a una grabación los policías que mataron a Javier Ordóñez (o por lo menos dos de ellos) serán procesados por la justicia.
La violencia policial no es nueva en Colombia, tampoco lo son los videos que demuestran esta conducta. Casos como el del Día del Skater del año pasado o la agresión a un vendedor ambulante de la tercera edad durante la cuarentena por la pandemia son prueba de ello. Material gráfico para denunciar y pedir una reformar integral a esta institución hay de sobra, lo que no existe es voluntad política.
Es por eso que las cámaras nos pueden ayudar a buscar justicia ante esa violencia. La Fundación Witness, que apoya la documentación de este tipo de violaciones, reconoce las denuncias en video como una oportunidad valiosa para encontrar justicia en estos casos y exigir cambios en las políticas de seguridad.
En su obra ‘Vigilar y Castigar’, el filósofo francés Michel Foucault ejemplificó este tipo de situaciones por medio del panóptico, una arquitectura carcelaria. En esa estructura hay una torre central desde la que se puede vigilar las distintas celdas que componen una prisión, por lo que los presos se sienten vigilados y condicionan sus acciones por miedo a ser descubiertos. La crítica que hace Foucalt va más allá de vigilar presos: los policías están dentro de esa observación.
Lo ideal sería que las personas que juraron proteger la vida de los ciudadanos no tengan que ser vigiladas para tener la certeza de que cumplen su labor. Lamentablemente los videos de Javier Ordóñez y de los posteriores abusos de la Policía en las protestas demuestran que debe existir una presión sobre los funcionarios para reconocer que el problema va más allá de unas manzanas podridas.
Así las cosas, parece que las cámaras son la única defensa que tiene la ciudadanía. El problema es que ni aún así alcanza.
