Este 13 de mayo, después de una larga batalla legal, un jurado de Oakland, California ordenó a Monsanto pagar 2,000 millones de dólares como reparación a una pareja afectada por el herbicida.
Cuando Alberta Pilliod, de 74 años, fue diagnosticada con linfomas no hodgkinianos (NHL por sus siglas en inglés) en el 2015, era el segundo diagnóstico de esta enfermedad que llegaba a su familia. Su esposo, Alva, había sido diagnosticado en el 2011.
Los linfomas no hodkinianos son un tipo de cáncer que comienza en los glóbulos blancos, llamados linfocitos, que hacen parte del sistema inmune del cuerpo humano. Tras el diagnóstico, Alva desarrolló cáncer de huesos y Alberta cáncer en el cerebro. ¿El causante de sus enfermedades? El uso, durante más de 30 años, del herbicida Roundup en sus jardines.
Roundup es el herbicida más vendido en Estados Unidos. Su ingrediente activo es el glifosato, un químico que ha sido, por decir lo menos, polémico. Roundup es producido por Monsanto, compañía adquirida por Bayer en el 2016.
Este 13 de mayo, después de una larga batalla legal, un jurado de Oakland, California ordenó a Monsanto pagar 2,000 millones de dólares como reparación a la pareja afectada. Este es el tercer caso ganado en contra de la compañía por causar NHL en usuarios de Roundup. En los tres casos, la defensa ha alegado que el producto no advierte los riesgos que conlleva usarlo, y que la empresa ha utilizado publicidad engañosa, afirmando que el glifosato es biodegradable y seguro para el ser humano cuando la realidad es diferente.
A pesar de que en sus primeros estudios el glifosato fue calificado como seguro para los seres humanos, el 20 de marzo del año 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a este químico como “un probable carcinógeno para los seres humanos”. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) el glifosato se encuentra en el grupo 2A; es decir que es “probablemente cancerígeno para el ser humano”. El 7 de julio de 2017, el glifosato fue incluido en la lista oficial de productos cancerígenos del estado de California, EEUU.
Estas declaraciones, sin embargo, han sido cuestionadas por Monsanto en muchas ocasiones, alegando estudios hechos por ellos mismos en los que el glifosato es seguro. Los estudios han sido criticados, pues se alega que han sido manipulados por la compañía para su beneficio. De hecho, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) ha encontrado a científicos manipulando deliberadamente los resultados de estudios contratados por Monsanto acerca del glifosato en dos ocasiones.
El veredicto a favor de Alva y Alberta Pilliod fue el más cuantioso entre los tres que se han ganado en contra de Monsanto. Aunque la pareja se encuentra actualmente en remisión, la suma se estableció teniendo en cuenta los daños causados por los diagnósticos, así como la declaración de los médicos de Alberta de que, en caso de que su cáncer en el cerebro regrese, las lesiones que causaría serían fatales para su vida.
Un golpe a la política de drogas de Duque
Esta noticia representa un duro golpe para el gobierno de Iván Duque, el cual ha intentado, desde el año pasado, retomar la aspersión aérea con glifosato, suspendida en 2017 por la Corte Constitucional, tribunal que tuvo en cuenta los estudios de la Organización Mundial de la Salud que (OMS) que clasifican al glifosato como una sustancia potencialmente cancerígena. En el Plan Nacional de Desarrollo, Duque le apostó a la erradicación o fumigación de 280.000 hectáreas de coca, es decir, a dejar el país sin una hectárea de coca. Vale la pena señalar que, según la información de la ONU, el país tiene 171.000 hectáreas de coca. De ahí a que muchos congresistas hayan catalogado de ambiciosa o populista la meta de Duque.
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Con el glifosato, Duque podría acelerar la eliminación de las hectáreas de coca a corto plazo, pero no lograría resolver el problema y de hecho crearía otros: fumigaría otros cultivos legales y dejaría sin alternativas a los campesinos. Además, según Naciones Unidas, cuando se usa el glifosato la tasa de resiembra es del 50%, mientras que la sustitución voluntaria de cultivos tiene una tasa de resiembra del 0,6%. Por otro lado, la fumigación tiene otro problema y es que no se puede usar en reservas naturales, por lo cual cerca del 32% de la coca está en parques nacionales, resguardos indígenas o consejos comunitarios. Y por último hablemos de los costos: erradicar una hectárea de coca implica fumigar 30. Fumigar una hectárea cuesta 2.600 dólares pero eliminarla definitivamente costaría por lo menos 72.000 dólares.
Recientemente, la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, dijo lo siguiente sobre el glifosato: “Estamos pendientes de que la Corte nos facilite las cosas sin poner condiciones imposibles como que haya pruebas 100 por ciento de que (la fumigación) no causa efectos a la salud. Si usted se toma 100 vasos de agua al día, le aseguro que también se enferma”.
Este año, el gobierno lanzó un plan piloto para fumigar con drones que podrían cargar hasta 15 kilos de glifosato y liberarlo a una distancia de 2,5 metros. Según los cálculos del gobierno, para 2023, con el uso de los drones, se eliminarían cerca de 90.000 hectáreas de hoja de coca en el país. No obstante estas ideas, volver a fumigar a como de lugar con glifosato también han ido quebrando la confianza con más de 99.000 familias campesinas que están suscritas al Programa de Sustitución de Cultivos (PNIS), uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz. Quizás, con esta noticia sobre Monsanto el gobierno pueda reconsiderar su decisión de insistir con un herbicida que, además de cancerígeno, es costoso y mantiene a los campesinos en la pobreza.
