En los municipios donde quieren sustituir la coca, los homicidios aumentaron un 38% Ilustraciones por Juan Ruiz - ¡Pacifista!
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En los municipios donde quieren sustituir la coca, los homicidios aumentaron un 38%

Santiago Valenzuela A - Abril 10, 2019

Los grupos armados están desplazando a las familias que no quieran cultivar y el gobierno no les ofrece soluciones.

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Este año Iván Duque debe tomar una decisión trascendental: profundiza y corrige las falencias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) —en el cual están inscritas 99.000 familias — o se la juega por una estrategia de erradicación y fumigación de cultivos de uso ilícito, dejando en el aire uno de los planes más ambiciosos del Acuerdo de Paz. Hasta ahora, el presidente le ha dado más protagonismo a la segunda opción aunque se ha comprometido a cumplirles a las familias que acordaron una sustitución con el gobierno Santos. 

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publica este miércoles un informe sobre los desafíos de la sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia. El PNIS, poco promocionado en las agendas mediáticas, es un programa que nació del Acuerdo de Paz firmado con las Farc y que involucra a 130.000 familias que firmaron acuerdos colectivos para sustituir sus cultivos de uso ilícito, principalmente de coca. De ese número de familias, 99.000 se vincularon formalmente al PNIS. Hoy, el 67% de las familias , cerca de 66.000, recibieron pagos para erradicar y comenzar a sustituir.

¿Qué se ha logrado con el PNIS? A la fecha se han erradicado de forma voluntaria 34.767 hectáreas de cultivos de coca de las 52.000 que tienen las familias que se inscribieron — en el país hay 171.000 hectáreas de coca, según la ONU—. El nivel de cumplimiento de aquellas que se comprometieron es del 94%, lo que demuestra una voluntad por cumplir lo acordado en La Habana. 

 

Infografía: Juan Ruiz- ¡Pacifista!

 

El PNIS ha tenido varios problemas desde finales de 2016, cuando comenzó su ejecución. En la primera fase, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, la FIP señala que el programa “avanzó aceleradamente en la firma de compromisos, sin claridad sobre la disponibilidad de recursos y las capacidades necesarias para su implementación”. En la segunda etapa, con Duque, “el enfoque del PNIS ha estado más dirigido a la administración y menos a la concertación, asumiendo que la tarea es cumplir los compromisos, pero no firmar más acuerdos”.

El PNIS se encuentra en un punto de quiebre. Para 2019 necesita 1.6 billones de pesos para cumplirles a las familias inscritas, pero actualmente cuenta con cerca de un billón de pesos. Esto no solo puede generar incertidumbre en las familias inscritas, sino que deja en el aire a 33.119 que están a la espera de los primeros pagos. Para cumplirles, se necesitan 1.3 billones de pesos adicionales que el gobierno de Duque no tiene presupuestados.

A la molestia de estas familias se sumaría las de otras 13.351 que no han sido aceptadas siquiera en el PNIS. Y existen otros problemas: solamente el 10% de los recolectores inscritos en el programa están recibiendo beneficios; de 88 lugares donde se implementa el PNIS, solamente en dos se están desarrollando proyectos productivos: en Briceño, Antioquia, y en Guerima, Vichada. En la coyuntura han surgido otros problemas que el gobierno no ha resuelto. Cerca de 3.000 familias que tienen sus predios en Parques Nacionales Naturales no tienen claras las alternativas económicas para salir adelante en su territorio.

Uno de los problemas más urgentes que Duque debe afrontar es la inseguridad por la que atraviesan las familias y los líderes que apoyan la sustitución. En 2018, en los municipios donde se está implementando el programa incrementaron los homicidios en un 38% respecto a 2017 —pasando de 933 a 1.283 muertes violentas—. En este aspecto existe otra cifra desgarradora: “con respecto a las agresiones a líderes sociales en los municipios que hacen parte del PNIS, durante el 2018 disminuyeron las amenazas en un 68%, pero aumentaron los homicidios en un 165%”.

¿Por qué está fallando el PNIS?

Primero, dice la FIP, existe una desconexión entre el programa y la Reforma Rural Integral. En el transcurso del último año no ha quedado claro cómo se articula el PNIS con los planes de transformación territorial que promete la reforma rural. La sustitución vino acompañada de subsidios, pero nunca hubo claridad sobre los recursos para la provisión de bienes y servicios que se necesitan en los territorios. Además, señala la FIP, los espacios de participación en los territorios  fueron cooptados por distintas organizaciones que asumieron la vocería de las poblaciones. En algunos casos, dicen, “las Juntas de Acción Comunal han tenido un papel poco transparente en la selección y certificación de los beneficiarios”.

El gobierno Santos tampoco pudo sostener algunas promesas, como el tratamiento penal diferenciado para los cultivadores de coca. El trámite de esta Ley en el Congreso no prosperó y el tema de los cultivos sigue siendo abordado desde el  punto de vista de una política antinarcóticos y no desde la óptica del desarrollo rural. En la administración Santos, además, el Ministerio de Hacienda destinó 4.5 billones de pesos para la implementación del PNIS, para alcanzar 123.225 familias. Estos recursos, no obstante, fueron inferiores a lo que estimaron la Contraloría y Fedesarrollo. Esta última entidad calculó que se necesitaban, mínimo,  5.6 billones de pesos para impactar a 150.000 familias.

Para cubrir el PNIS en 2019 se necesitan alrededor de 600.000 millones de pesos adicionales de los 338.000 millones de pesos que destinó el gobierno de Duque y de los 712.000 millones de pesos que tiene el  Fondo Colombia en Paz.  Si se descongelan otros recursos de ese fondo, 1.4 billones de pesos específicamente, el gobierno podría cumplirle a las familias vinculadas, pues las estimaciones del programa señalan que para 2020 y 2021 se requieren, como mínimo, 1.1 billones de pesos.

En líneas generales, dice la FIP, la administración del presidente Duque necesitaría alrededor de 2.7 billones de pesos para terminar de ejecutar el PNIS. Estas cifras, sin embargo, no incluyen la vinculación de las 33.119 familias que firmaron acuerdos colectivos y que, según el PNIS, requerirían de “1.3 billones de pesos adicionales”. Se necesita, además, fortalecer el personal. Hacia el final de la administración Santos el programa contaba con 130 personas contratadas , sin embargo, la FIP encontró que “las regionales del PNIS están desbordados y no cuentan con las capacidades para desarrollar los distintos componentes del programa”.

Retrasos y decepciones

La implementación del PNIS se realizaría, en teoría, en un primer periodo de dos años en los que debía garantizarse la asistencia alimentaria con 12 pagos al año de 2 millones de pesos y la asistencia técnica por dos años para la formulación y el acompañamiento de  proyectos productivos que hicieran viable la sustitución. Este proyecto deberá garantizar ingresos y autosostenimiento en un largo plazo. De las 99.097 familias inscritas en el PNIS, el 67% recibieron el primer pago; el 40% cuenta con asistencia técnica y el 17,2% cuenta con acompañamiento en sostenimiento y seguridad alimentaria.

A diciembre de 2018, a las oficinas del gobierno llegaron 3.313 planes de inversión de las familias inscritas. Sin embargo, la FIP encontró que la “asistencia técnica llegó ocho meses después del primer pago; el componente de auto-sostenimiento, 13 meses después, y el proyecto de ciclo corto, 19 meses después”.

La expectativa en las familias era que a partir del tercer mes recibieran asistencia técnica, la cual tuvo cinco meses de retraso. “Sin la contratación de la asistencia técnica no se puede avanzar en los demás componentes, y por eso las familias están terminando el ciclo de pagos sin contar aún con un proyecto productivo que pueda garantizar los ingresos básicos para su subsistencia”, asegura la FIP.

Un problema a resolver es el de las 13.351 familias que están suspendidas del PNIS. Siete municipios concentran el 62% de los casos: Tumaco, en Nariño (3.735 suspensiones); Tarazá, en Antioquia (1.043); Orito (1.138), Puerto Asís (986), Puerto Guzmán (879) y San Miguel (539), en Putumayo; y Cartagena del Chairá, en Caquetá (721 suspensiones). A raíz de estas suspensiones se han presentado movilizaciones y bloqueos. En San José del Fragua, Caquetá, los campesinos declararon asamblea permanente y han salido a protestar por la decisión del gobierno.

Para que el programa siga adelante, Duque no debe perder de vista a los recolectores, que representan el 17% del total de los beneficiarios del PNIS, con un total de 16.848 familias. Según el PNIS, los recolectores recibirían 12 millones de pesos durante un año por labores comunitarias. No obstante, el mismo programa señala que al 31 de enero de 2019 solamente 1.632 recolectores habían sido vinculados a las actividades de interés comunitario. Esto quiere decir, en otras palabras, que el 10% de los recolectores inscritos cuentan con un plan de atención.

Otro punto que llama la atención en el balance de la FIP es que de 23.500 familias que identificaron líneas productivas, alrededor de 17.000 priorizaron la ganadería, 3.000 el café, 2.500 el cacao y 1.000 la palma. Esto resulta preocupante, pues “ alrededor del 60% de los cultivos de coca se encuentran fuera de la frontera agrícola (el límite que separa las áreas para actividades agropecuarias de aquellas para la conservación o protección de la biodiversidad)”.

Sustitución violentada

Los hallazgos en materia de seguridad dan cuenta de que el saboteo violento de la implementación del Acuerdo de Paz es una realidad. En 56 municipios que hacen parte del PNIS se incrementaron los homicidios en un 38% en 2018, mientra que a nivel nacional el aumento fue del 5%. Los municipios PNIS con un mayor número de homicidios fueron Tumaco, en Nariño; Tarazá, en Antioquia, y Tibú, en Norte de Santander.

Los asesinatos a líderes sociales también aumentaron en un 165%, pasando de 20 a 53 muertos en los municipios PNIS. Líderes como Martiza Ramírez, Argemiro López y Luis Conteras fueron asesinados en los últimos meses por respaldar la sustitución voluntaria de cultivos. Al respecto, la FIP dice que “esta tendencia guarda relación con el cambio en la postura de los actores armados ilegales que, en un primer momento, hicieron advertencias y manifestaron su desacuerdo con el PNIS,  pero que desde el segundo semestre de 2018 han pasado a acciones de violencia directa”.

En algunos lugares, los grupos armados están ordenando la resiembra. Así sucede, por ejemplo, en Calamar, Guaviare, donde las disidencias de las Farc estarían ofreciendo 50 hectáreas de selva a cada familia para que cultive coca. Las que se resistan, dicen, deben abandonar la zona.  Si el gobierno no se ocupa siquiera de vincular a más de 33.000 familias que firmaron acuerdos colectivos y que no han recibido un pago, será difícil que la oferta de las disidencias sea rechazada.