Bojayá, el pueblo al que le quitamos la voz y el voto

OPINIÓN. Llegó el momento de atender a este pueblo, que pasó de ser testimonio de la sevicia de la guerra a estandarte para la paz.

Por: Daniel Gómez-Mazo, Investigador de Dejusticia.

“Entran los paramilitares, a los quince días entran las FARC, y asesinan medio pueblo”. Así resume Maxima, una mujer negra integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, los hechos del 2 de mayo de 2002. Ese día un cilindro bomba, que impactó la iglesia del pueblo, acabó con la vida de casi 80 personas, más de la mitad de los cuales eran niños y niñas. Hoy Bojayá (Chocó) continúa en la incertidumbre. Sus habitantes no solo viven en la zozobra de la violencia inminente, sino que, como quien es condenado a convivir con el dolor del pasado, casi 15 años después de la masacre ni siquiera han logrado darle digna sepultura a sus muertos. Los restos humanos de los fallecidos permanecen enterrados cerca del caso urbano del municipio, sin que se hubiese concluido el proceso de identificación de los cadáveres.

Bojayá es un pueblo cuya voz no se ha escuchado. No lo hicieron las FARC ni los paramilitares en 2002, cuando a gritos y con improvisadas banderas blancas sus habitantes les imploraron a ambos bandos que no cometieran aquel crimen ignominioso. Tampoco lo hizo el país en el plebiscito del pasado 2 de octubre: en Bojayá el SÍ ganó con el 95.78% de los votos, pero a nivel nacional perdió por menos del 0.5%. Estos hechos parece dar sustento empírico a lo que dice Maxima: “la violencia a nosotros nos las han impuesto, nos las han traído”.

Pero Bojayá no solo es un pueblo al que le hemos quitado la voz; es también un pueblo al que le hemos negado el voto. Según lo pudo comprobar Dejusticia, en los resguardos indígenas de Bojayá, donde habitan comunidades del pueblo Embera Dóbida, muchas personas no pudieron votar en el plebiscito del 2 de octubre, pese a querer hacerlo. En palabras de Falder Chamí, concejal indígena del municipio: “no pudimos votar porque nosotros como pueblos indígenas no tuvimos en ninguna comunidad mesas de votación”.

Las grandes distancias que los separan de los puestos de votación (que en muchos casos pueden ser de hasta 8 horas en lancha), los altos costos que implicaba su traslado hasta las mesas y las barreras geográficas, fueron las principales causas por las que no pudieron acceder a las urnas. A ello se suman otros factores, como el hecho de que los tarjetones en los que debían sufragar estaban escritos en castellano, idioma que no hablan la mayoría de las personas que hacen parte de este pueblo indígena, especialmente las mujeres.

La carencia de puestos de votación accesibles ha dado paso a otras situaciones que ponen en jaque los derechos políticos de los Embera Dóbida en Bojayá. Según algunos miembros de las comunidades indígenas, en comicios electorales previos algunos candidatos han tomado ventaja de las barreras para sufragar que afectan a los habitantes de la zona. Por ejemplo, les han facilitado transporte y alimento a los votantes para que puedan participar de las elecciones, bajo la condición innegociable de que deben comprometer que su voto será para el candidato que asume los gastos. Asimismo, se habrían presentado casos en los que cuando el candidato que pagó por el transporte no resulta elegido, este les niega a los electores el transporte de regreso hasta su lugar de residencia, dejándolos sin comida ni hospedaje a días de camino de sus hogares.

Lo ocurrido en Bojayá, donde solo el 30.37% de los ciudadanos habilitados para sufragar lo hicieron, podría no ser una particularidad de este municipio. Su situación de aislamiento geográfico es similar a la de muchas zonas rurales del territorio nacional, en las que las instituciones públicas, entre ellas las entidades de la organización electoral, tienen una presencia exigua. Es posible que, en otras zonas, más comunidades rurales repitan la historia de Bojayá, donde en época de elecciones hay quienes solo pueden decidir entre no votar o hacerlo por el candidato que les permita llegar a las urnas.

La imposibilidad de acceder a puestos de votación y, por lo tanto, de participar en ejercicios electorales y tomar parte en distintos mecanismos de participación democrática es una situación que genera inquietudes desde la perspectiva de los derechos de los electores. En dicho sentido, la Corte Constitucional y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han señalado la importancia que tiene la organización electoral para los derechos políticos de los ciudadanos y han enfatizado que es deber del Estado disponer de los recursos necesarios para que todas las personas habilitadas para votar puedan hacerlo, sin verse enfrentadas a cargas desproporcionadas.

Ahora bien, frente a barreras para votar como las que se presentan en Bojayá, pareciera ser que el segundo acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las FARC representa una oportunidad para alcanzar mejores condiciones para el ejercicio de derechos políticos en regiones apartadas del país. En dicho sentido, el punto 2.3.2. del acuerdo indica que el Estado deberá promover un diagnóstico de los obstáculos que enfrentan las poblaciones más vulnerables y apartadas para ejercer el derecho al voto, para luego “adoptar mecanismos para facilitar el acceso a los puestos de votación de las comunidades que habitan en zonas alejadas y dispersas”.

En el caso de Bojayá, la implementación de esta parte del acuerdo sería importante para garantizar los derechos políticos de los miembros del pueblo Embera Dobida. Igualmente, constituiría un paso importante en el proceso de ampliación democrática que constituye uno de los fines últimos del acuerdo de paz y significaría un avance en el proceso de consolidación de la democracia participativa en Colombia. Quizá la oportunidad de paz que se gestó en La Habana también dé paso a la posibilidad de reparar, así sea en lo mínimo, a Bojayá. Llegó el momento de atender a este pueblo, que pasó de ser testimonio de la sevicia de la guerra a estandarte para la paz. Bojayá precisa que escuchemos su voz y también merece que le otorguemos el voto.

*Esta columna de opinión representa la voz del autor y no compromete la posición editorial de ¡Pacifista!