#Divergentes | Pese a que la decisión final de la Corte Constitucional aún no ha salido, este jueves se conoció que en la ratificación del fallo los magistrados determinaron que el Estado.
Una jornada de movilización digital ambiental hizo eco en el país hace unas semanas. La razón era defender, a través Internet, las consultas populares en los territorios donde existen proyectos extractivos, como la minería o el petróleo. La movilización se llevó a cabo teniendo en cuenta que la Corte Constitucional tenía programada para el 21 de septiembre una audiencia para revisar la tutela interpuesta por la compañía petrolera Mansarovar Energy contra el Tribunal Administrativo del Meta, pues este prohibió las actividades de extracción de hidrocarburos en el municipio de Cumaral después de que ganara el ‘No’ en la consulta popular .
La compañía petrolera alega que el fallo del tribunal municipal violó sus derechos, pues en uno de los pasos que se surtió en la consulta de Cumaral el procedimiento no fue el adecuado. “Entre otras cosas también dicen que el tribunal no podía darle vía libre a esa consulta porque los entes territoriales no pueden convocarla ya que se sale de sus competencias. Sin embargo, eso siempre lo han dicho las multinacionales para frenar estos procesos de participación ciudadana”, comentó Viviana Tacha, abogada integrante del Centro de Estudios Para la Justicia Social Tierra Digna.
No obstante, lo que preocupa es que el resultado de esta decisión, de acuerdo con las organizaciones sociales, afectará inminentemente todas las consultas populares futuras e incluso las que actualmente están en proceso de recolección de firmas, pues la misma Corte aseguró que esta iba a ser una “sentencia de unificación”.
Además, de acuerdo con Tacha, si bien la Corte reconoce en la ponencia que las consultas populares han llenado un déficit de participación en materia de industrias extractivas, parece no considerarlas el “mejor mecanismo” y por eso podría limitar su alcance. “Si la Corte decide algo en concreto como tumbarlo, ese argumento puede ser utilizado por otras empresas para acabar consultas populares futuras. Lo que pensamos que la Corte va a decir es que ni la comunidad puede vetar proyectos extractivos, como tampoco los entes territoriales”, añadió la abogada.
Por su parte, desde el Movimiento Nacional Ambiental (MNA) denunciaron una aparente “captura corporativa” por parte de estas compañías extranjeras sobre el gobierno y las altas cortes. “Estamos expectantes y preocupados porque este es el único mecanismo vinculante que le ha permitido a la comunidad decidir sobre su territorio y los impactos negativos en medio ambiente, economía y sociedad. Queremos visibilizar este riesgo de que la Corte decida darle la razón a estas empresas y que luego este sea el argumento para que puedan hacer y deshacer en todo el territorio nacional”, dijo Valentina Camacho de la Red Nacional por el Agua, organización que lideró la movilización digital de esta semana con el hashtag #ConsultasParaTenerVoz.
Rechazamos la imposición de proyectos mineroenergéticos en nuestros territorios, ninguna decisión sin nosotros. #ConsultasParaTenerVoz en contra de la #DictaduraMineroEnergética. pic.twitter.com/7zZw9EwvIf
— Comité Ambiental (@Defensavida) 19 de septiembre de 2018
Están buscando desmontar y limitar los mecanismos de participación en Colombia porque la gente ha venido haciendo uso de éstos y tomando decisiones sobre sus territorios. ¡Eso se atraviesa al negocio! #ConsultasParaTenerVoz#DictaduraMineroEnergética
— Feliciano Valencia (@FelicianoValen) 20 de septiembre de 2018
Otro de los puntos que tiene en máxima alerta a los activistas y a las mismas comunidades es que en la nueva propuesta de Presupuesto General de la Nación 2019, que será estudiada por las comisiones Tercera y Cuarta del Congreso, hay un artículo que pretende estipular que cada municipio costeé las consultas populares que se puedan desarrollar en su territorio. Es decir, ya la Nación dejaría de cubrir este rubro como tradicionalmente se ha venido haciendo a través del Ministerio de Hacienda.
“ARTÍCULO NUEVO. En desarrollo del artículo 22 de la Ley 1757 de 2015 y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, cada Departamento, Municipio o Distrito, previo a la expedición del acto administrativo que convoque a una consulta popular del nivel territorial, deberá contar en su presupuesto con la apropiación necesaria para atender estos gastos”, se lee en la propuesta de gobierno.
Esto, sin lugar a dudas, frenaría las consultas populares toda vez que los recursos de los municipios son limitados. Frente a otras prioridades, este mecanismo de democracia y participación ciudadana podría correr el riesgo de ser enterrado o perder su fuerza de convocatoria ciudadana.
Adicionalmente, según lo denuncia Renzo García, vocero del MNA, de manera pública se conoce que tres de los magistrados que van a fallar vienen del sector extractivista, por lo que, aseguran, deberían estar impedidos. “Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional, fue asesor jurídico de Ecopetrol. La magistrada Cristina Pardo fue asesora jurídica de Presidencia y Diana Fajardo es una magistrada que en el gobierno de Santos fue quien solicitó la revisión de esta tutela y hoy toma una decisión frente a la misma. Exigimos que no deban tomar potestad”, manifestó el vocero.
Las consultas populares le permiten a las comunidades resolver conflictos socio ecológicos mediante una votación en donde tienen derecho a decidir sobre su autonomía territorial y a definir el modelo de desarrollo que se va a implementar en sus territorios respectivos. Para los ambientalistas, toda esta situación resulta “nefasta”, pues este mecanismo de participación está claramente reconocido en la Constitución Política de Colombia (Art. 104 y 105).
“Cuando comenzamos a conocer lo que la Corte estaba desarrollando vimos que en el título que avalúa el proceso de la consulta de Cumaral se está tratando de decir que se busca establecer los límites y el alcance de las consultas a nivel territorial. Parece que se está implementando un prejuzgamiento en el proceso y por eso estamos tan preocupados. Consideramos que esto es una dictadura mineroenergética en la medida en la que se está vulnerando todo el diseño jurídico y constitucional para privilegiar el interés de las multinacionales por encima del interés de los colombianos, de la voz de la gente, cuando es más que evidente que estos proyectos no traen verdadera calidad de vida ni un bienestar colectivo o social”, agregó Renzo.
Lo que pretenden estos colectivos con este tipo de acciones es que los colombianos se muevan socialmente para elevar el costo político de este tipo de decisiones ante la opinión pública. Además de un ‘Twitteratón’ que llevaron a cabo el miércoles, recolectaron firmas a través de la organización Change para elevar peticiones puntuales ante la Corte Constitucional. (La petición está alojada en el siguiente link por si le interesa participar: https://www.change.org/p/cconstitucional-consultasparatenervoz-no-a-la-restricci%C3%B3n-de-las-consultas-populares)
La decisión de la Corte
Pese a todo el movimiento ciudadano la Corte Constitucional aprobó este jueves 11 de octubre la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, la cual asegura que el Estado es propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la Nación y esto “trasciende intereses regionales y municipales”. De acuerdo con El Espectador, con una votación 5-1 la Sala Plena determinó que si el gobierno tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.
Es decir, según el alto tribunal si bien la Constitución reconoce en cabeza de las entidades territoriales la competencia para establecer el uso del suelo, esta función propia debe ejercerse de manera coordinada con las competencias de la Nación. Así las cosas, al tiempo que la Corte Constitucional aseguró que no hay mecanismo alguno de participación ciudadana que pueda oponerse a este tipo de proyectos, exhortó al Congreso para que defina, en un plazo máximo de dos años, otros mecanismos e instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio.
Los movimientos sociales, por su parte, aseguran que aunque en los medios ya salió la noticia, el fallo oficial de la Corte no se ha dado todavía. “Eso que salió es una primicia en donde se ratifica el fallo. Sin embargo, vamos a esperar el verdadero fallo para pronunciarnos. Hasta el momento hay varias cosas por analizar porque hoy hubo choque de trenes. Primero sale esta chiva de la Corte pero al tiempo hay un pronunciamiento oficial del Consejo de Estado que ratifica que los municipios sí pueden convocar consultas sin haber concertado con la Nación y que las consultas en efecto sí pueden vetar proyectos mineros. Desde la movilización igual desde ya estamos pensando en acciones, pues tenemos claro que las consultas si bien son una herramienta no son lo único. La movilización social, la movilización digital y las estancias internacionales todavía nos dan un parte de esperanza”, comentó Valentina Camacho, de la Red Nacional por el Agua.
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