Dos de los cuatro puntos desminados en la vereda Orejón están en una finca de Hidroituango. En otro se construiría una base militar.
El trazo no guarda proporciones exactas. Es una hoja más bien amarillenta, con líneas de colores que dibujan caminos y algunos puntos centrales para las comunidades de varios caseríos del occidente del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia. Abajo, dos líneas azules representan el río Cauca y, a esa misma altura, a la izquierda, la presa del proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Casi en el centro, una línea punteada roja delimita un predio de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y, dentro de ella, aparecen dos áreas también trazadas con marcador rojo: Chiri 1 y Chiri 2. Más arriba está el dibujo de una escuela, de varios caminos veredales y de dos cerros. A la izquierda, otras dos áreas demarcadas en rojo: Alto Capitán y La Guinea.
El mapa, levantado a mano por un grupo de líderes de la vereda Orejón, sustenta la denuncia con la que, aseguran, el proyecto piloto de desminado en esa zona, acordado en la mesa de conversaciones de La Habana por el Gobierno y las Farc en 2015[1], que terminó en su primera fase en diciembre pasado, priorizó áreas estratégicas para el desarrollo de proyectos mineros y energéticos.
Aunque el Gobierno, por medio de la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal (Daicma), entidad encargada del proceso, niega que se hayan considerado intereses privados en la selección de las zonas intervenidas, los campesinos aseguran que el proceso le dio la espalda a lugares de mayor importancia para las comunidades.
Y es que de las cuatro áreas elegidas para el proceso, dos se encuentran en un predio que fue adquirido por Empresas Públicas de Medellín para el desarrollo de las obras de Hidroituango, un ambicioso proyecto público para construir la central hidroeléctrica más grande de Colombia[2], y en una de las otras dos sería construida una base militar que los líderes ven con más desconfianza que agrado. Toda la zona, además, se encuentra en un área concesionada por el Estado a la multinacional minera Continental Gold que obtuvo la autorización para explorar la región en busca de yacimientos de oro.
La finca Las Aliadas
Chirí 1 y 2 hacen parte de la finca Las Aliadas, un predio que linda con la vía que EPM construye para conectar el lugar donde estará la presa de la hidroeléctrica con el corregimiento de Puerto Valdivia.
Esas tierras hoy están atravesadas por un camino que usan los campesinos de Orejón y otras veredas cercanas para llegar hasta el centro poblado más cercano, el corregimiento de El Valle, en Toledo. Sin embargo, permanecieron abandonadas cerca de 15 años luego de que su administrador, Jaime Tamayo, hijo del propietario original, se desplazara por presiones del ELN.
“Toda la vida trabajé con mi papá en esa tierra, viví allá ocho años y la guerrilla empezó a molestarnos hace 15. En el pueblo —la cabecera municipal de Briceño— había mucho paraco y allá esos guerrilleros, entonces decidimos salir desplazados antes de que la cosa se calentara más”, dice Tamayo.
No regresó a la zona hasta que lo contactó un negociador de Empresas Públicas de Medellín para informarle que esa finca hacía parte de los predios que compraría la compañía para el megaproyecto hidroeléctrico. Como no llegaron a un acuerdo sobre el precio, o en su defecto para una reubicación, la empresa inició el proceso para expropiar la finca con base en la resolución 317 del Ministerio de Minas y Energía que declaró una medida cautelar sobre cientos de predios de la región por tratarse de propiedades de “utilidad pública e interés social” para la construcción de la represa.
Por eso, junto a sus hermanos, tomó la decisión de vender. El negocio se cerró en enero de 2015. Hidroituango pagó 495 millones de pesos, según consta en el certificado de tradición y libertad del inmueble. Así, el proyecto de EPM se hizo dueño de las tierras que concentraron parte de los esfuerzos del Batallón de Desminado Humanitario (Bides), la organización Ayuda Popular Noruega y la comisión de las Farc en el proceso que, hasta noviembre pasado, y luego de seis meses de labores, había destruido 33 minas antipersonal en una zona donde, llegó a decirse, podría haber cerca de 3.000[3].
Alto Capitán y La Guinea
Además de los dos sitios ubicados en los predios de EPM, el proyecto piloto de desminado en Orejón seleccionó otros dos lugares conocidos como Alto Capitán y La Guinea. En el primero de ellos ocurrió el accidente que cobró la vida del soldado Wilson de Jesús Martínez, integrante del Batallón de Desminado Humanitario, quien murió por la detonación de un explosivo el 15 julio de 2015, cuando recién empezaba el proceso.
Es también en ese lugar, un punto poco concurrido, pero con una vista privilegiada sobre la región, donde de acuerdo con la comunidad y una resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ejército tiene prevista la construcción de una base militar cuya licencia hace parte del paquete de obras autorizadas para la hidroeléctrica.
De acuerdo con sus títulos de propiedad, cada uno de esos predios, Capitán y Guinea, tienen dos dueños, pero en ambos coincide el nombre de una persona. Se trata de un líder de la región que, a diferencia de muchos de sus vecinos, ha defendido en diferentes escenarios las bondades del proceso de desminado.
“Yo soy demasiado optimista y valoro cualquier paso importante que se dé. El hecho de que se haya desminado una parte genera una tranquilidad inmensa, puede ser que la vereda no sea tan grande ni que los habitantes no seamos tantos, pero es una pedazo de Colombia. De forma personal yo estoy agradecido con la entidades que han aportado para que se haga el desminado y se genere un ambiente de cambio. Estoy seguro de que nos van a seguir apoyando”, dice el campesino.
Oro y coca
Muchos habitantes de la región saben del potencial minero que está bajo sus pies y, en efecto, por buena parte de esa zona de Antioquia se extiende una concesión de la compañía minera Continental Gold, propietaria del proyecto Berlín, que se encuentra en etapa de exploración. De acuerdo con datos de la misma empresa, el territorio concesionado supera un área de 38 mil hectáreas en los municipios de Briceño, Yarumal, Toledo y San Andrés de Cuerquia.
Sin embargo, Orejón y veredas cercanas como Berlín, La Calera, Buena Vista y La Mina han sido zonas con una marcada influencia del frente 36 de las Farc. Sus habitantes hablan de presencia de actores armados desde hace cerca de tres décadas. Primero, las guerrillas del ELN y las Farc, y luego grupos paramilitares que llegaron a disputarles el control de la zona. Con el inicio de las obras de la represa, se reforzó la presencia del Ejército y, con la llegada de las tropas, se recrudecieron los enfrentamientos hasta que finalmente algunas estructuras guerrilleras se replegaron hacia zonas montañosas.
Es así como pese a una tradición aurífera marcada por la minería artesanal, pero también por la explotación de la multinacional canadiense Timmins Ochali que estuvo en la zona entre 1930 y 1946, esos territorios, todos en el área de influencia de Hidroituango, hoy dependen en buena medida de la economía cocalera impuesta por la guerrilla.
(Vea también: ¿Qué va a pasar con las familias que viven de la coca en zonas de las Farc?)
Incluso, en los expedientes de los títulos mineros del proyecto de Continental Gold, archivados en la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, se encuentran varios certificados de la Alcaldía de Briceño y del Batallón de Artillería No. 4 del Ejército en los que, por solicitud de la empresa, con el fin de que se suspendan sus obligaciones como titular de la concesión por razones de seguridad, se ha ratificado la complejidad de la situación de orden público en esas veredas.
“(…) se han tenido informaciones de presencia constante de una de las subcomisiones de la compañía de finanzas del Frente 36 de la ONT-FARC y a su vez en el área general de estas veredas se han tenido activación de artefactos explosivos improvisados donde se han presentado miembros de las Fuerzas Militares heridos y asesinados a causa de estos actos terroristas”, dice uno de los certificados, expedido por el Ejército en abril de 2013.
Ese es el contexto de varias comunidades de Briceño históricamente aisladas por su distancia de la cabecera municipal, pero también afectadas por su dependencia de una economía ilegal, por la presión de diversos actores armados y por los impactos que, aseguran algunos líderes, ha tenido la construcción de Hidroituango sobre su tejido social.
Esos efectos, según dicen, se han extendido a buena parte de los 12 municipios de la zona de influencia del proyecto e incluso, en 2011, una magistrada del Tribunal Superior de Medellín solicitó que se investigara si existe conexión entre la consolidación de Hidroituango y la expansión del Bloque Mineros de las Autodefensas en esa región. La hipótesis plantea que los paramilitares, a fuerza de masacres y asesinatos selectivos, habrían arrinconado a los opositores y habrían allanado el camino para iniciar las obras.
A ello se suma la situación de cientos de familias que han tenido que aprender a convivir con el riesgo de los explosivos enterrados por la guerrilla muy cerca de sus caminos, que han condicionado sus pasos y han representado para esa región la carga de ser considerada uno de los lugares más minados de Colombia.
¿Cómo se delimitaron los puntos para el desminado?
Pero, ¿cuál es el problema de que se desminen predios de interés para proyectos minero energéticos? Si bien la relación de algunos habitantes de la zona con el Proyecto Hidroeléctrico Ituango no ha estado libre de conflictos, e incluso se han denunciado agresiones recientes por parte de personal encargado de la seguridad de la obra[4], el problema en este caso, de acuerdo con los líderes, no radica en el beneficio que eso pueda representar para las empresas sino en que esos lotes, aseguran, no son los más importantes para las comunidades de la zona.
Por tanto, afirman que si bien el proyecto de desminado debería también intervenir esos predios, no hay justificación para que estos se prioricen mientras no se ve ningún avance en los alrededores de otros sitios que, según dicen, son mucho más relevantes en su vida cotidiana.
“Las partidas de Orejón es un camino por el que transitan los habitantes de cuatro veredas y se pidió que intervinieran ese sitio desde el primer día que llegaron. Pero no, decidieron empezar en lugares que no son tan importantes para la comunidad”, dice una de las líderes.
Sin embargo, el general (r) Rafael Colón, director de Acción Integral contra las Minas Antipersonal de la Presidencia de la República, dependencia del Gobierno que coordina el proceso, asegura que la delimitación de los lugares donde se inició el desminado se hizo con la comunidad y que fueron ellos quienes resaltaron la importancia de los lugares seleccionados.
La comunidad se reunió con nosotros y con los delegados de las Farc y, en conjunto, se hicieron mapas a mano alzada.
“La comunidad se reunió con nosotros y con los delegados de las Farc y, en conjunto, se hicieron mapas a mano alzada. Nos dijeron: en ese camino murió una vaca, en ese un soldado, en ese un guerrillero. Las Farc nos dijeron que efectivamente en esos sitios había presencia de minas y ese fue el insumo para tomar decisiones sobre las áreas que se señalizaron”, dice Colón.
El funcionario agrega que de ninguna manera se consideró quiénes eran los propietarios de los predios o se tuvo en cuenta el posible favorecimiento que podría recibir una u otra empresa con el proyecto de desminado. “Hay organizaciones como Ríos Vivos que dicen que nosotros estamos desminando en sitios donde le conviene a Hidroituango cuando, insisto, nosotros construimos con la comunidad las áreas para despejar de minas”.
Ríos Vivos, la organización no gubernamental de la que habla Colón, ha abanderado los reclamos de habitantes de los municipios del área de influencia de Hidroituango en contra de los efectos negativos y el impacto sobre los derechos de las comunidades que, sostienen, ha tenido el megaproyecto de EPM en la región. Isabel Cristina Zuleta, vocera de esa ONG, dice que el proceso de desminado no puede desconectarse de los intereses asociados con el avance de las obras de la hidroeléctrica.
“El territorio no está desminado. Independiente del número de minas que digan que han sacado, hay una crítica porque primero se desminaron las tierras de EPM, mientras zonas estratégicas para las comunidades, como los caminos hacia las fuentes de agua, no han sido desminadas”, dice Zuleta.
Sin embargo, a finales de febrero, en respuesta a un derecho de petición radicado por esa ONG, Colón reiteró la idea de que las áreas para el desminado fueron delimitadas con las personas de la zona: “Siendo la vereda El Orejón del municipio de Briceño, el lugar escogido de manera conjunta por el Gobierno Nacional y las FARC-EP para adelantar el proyecto piloto de desminado humanitario, todas las actividades relacionadas de manera directa con las operaciones de desminado humanitario, han sido producto de las orientaciones y recomendaciones de la comunidad de El Orejón (especialmente), sus resultados beneficiarán intereses comunitarios y colectivos de los habitantes de ésta vereda y veredas aledañas. No existe ningún acuerdo, ni conversación, ni interlocución, con una empresa privada, que tenga relación alguna con el proyecto piloto de desminado humanitario que se desarrolla en la vereda Orejón”.
Por su parte, Empresas Públicas de Medellín asegura que no ha participado en ninguna de las decisiones relacionadas con el proyecto de desminado humanitario: “EPM no tiene injerencia en el proceso de toma de decisiones sobre los sitios a intervenir por parte del Gobierno Nacional en el desminado en el Norte de Antioquia”.
Pero, pese a que la compañía sostiene que no tiene relación alguna con el proceso, en su respuesta a la consulta formulada por ¡PACIFISTA! coincide con Colón al afirmar que “en la vereda Orejón se aplicaron los protocolos que tiene establecidos el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, donde las prioridades de los sitios a intervenir son definidas por las comunidades de las áreas contaminadas”.
La empresa agrega en que las actividades en la zona “las desarrolla el Gobierno Nacional, con plena autonomía, en coordinación con otras instancias del Estado, como las Fuerzas Armadas, y con el apoyo de organismos internacionales expertos en la materia, con el propósito de prevenir la ocurrencia de eventos que puedan afectar la vida y la integridad de las poblaciones aledañas a los sitios que han sido contaminados por grupos armados al margen de la ley con dichos artefactos”.
Sí se consultó a la comunidad
Uno de los líderes de la vereda Orejón dice que las reuniones que menciona Colón sí ocurrieron, pero que en ellas se señalaron por lo menos nueve lugares que estarían minados y, en ningún momento, la comunidad pidió que se tuvieran en cuenta específicamente los cuatro que fueron seleccionados: “Se llevaron esa información y no supimos más como en un mes. Luego nos citaron a otra reunión, sacaron un mapa y nos dijeron que esos eran los cuatro puntos donde se iba a desminar. Aceptamos pensando que más adelante iban a incluir los otros, en ese momento no maliciamos nada, fue después cuando comenzamos a analizar que la parte de abajo (Chiri 1 y 2) era de EPM y que a la de arriba (Capitán y La Guinea) ya nadie iba pero que era un mirador que se tomaron la guerrilla y los paramilitares”.
Al respecto, la Daicma asegura que en la selección de esos cuatro puntos se tuvo en cuenta la viabilidad técnica pues, de acuerdo con el general Colón, desminar un sector como el Alto del Oso, muy cerca de las Partidas de Orejón, tomaría más de 10 años.
En el otro punto, Alto Capitán, hoy está la tierra removida por la máquina barreminas y la cruz en honor al soldado muerto. Todavía muchos temen acercarse al lugar, aunque dicen que tampoco necesitan hacerlo. “Ese antes era un sitio de encuentro, de recreación, de irse las parejas a rastrojear por allá, pero hace más de 15 años estaba hecho un rastrojo y ahora a nadie le interesa pasar por ahí. El más importante era Partidas de Orejón, por ahí vienen las comunidades de Yarumal y de otros corregimientos, pero eso sí no lo tocaron”, dice el mismo líder.
Esos sitios los desminaron por la represa de allá abajo, mire, por eso los escogieron
“Esos sitios los desminaron por la represa de allá abajo, mire, por eso los escogieron —dice otro campesino señalando los campamentos de Hidroituango que se ven desde Orejón—. Es que yo aquel hijueputa filo (Alto Capitán) no lo necesito para nada, les sirve es para la base militar que quieren poner para que cuide ese proyecto”.
Pero el propietario de los predios de La Guinea y Capitán dice no creer que la selección de los puntos, incluyendo los dos que se encuentran en sus propiedades, haya tenido que ver con la represa. “La comunidad hizo aportes y ellos (los encargados del desminado) evaluaron los aportes. No es que la comunidad diga ‘empiecen por aquí’, pero en las decisiones han tenido en cuenta a la comunidad. Yo no creo que esto esté tratando de favorecer los intereses de nadie. Yo no me atrevo a juzgar de esa manera, y pienso que el Alto de Capitán es estratégico y donde podría quedar un batallón, pero a mí ninguna entidad me ha dicho que le dé permiso para hacer alguna cosa”, dice el campesino.
Sin embargo, Gabriel Londoño, presidente del Concejo de Briceño, coincide con los campesinos que insisten en que la selección de los puntos para el desminado está relacionada con las iniciativas minero energéticas que avanzan en la región: “Es preocupante que se trata de un proyecto de limpieza con doble propósito para entregar una zona sin minas, sin grupos armados y militarizada, para proteger a las multinacionales. No hemos rechazado el progreso y el desarrollo pero sí la privatización del territorio. Antes andábamos libres por toda la orilla del Cauca porque nos gustaba ir a nadar o a minear, pero ya no podemos ni caminar por allá. Eso lo lleva a uno a pensar que es una zona que se está organizando es para las empresas”.
La deuda social
A esa controversia se suma que, según varios líderes, no se han notado avances significativos en al pliego de exigencias sociales que formularon los campesinos a las delegaciones negociadoras del Gobierno y de las Farc con la idea de que, una vez finalice todo el proceso, la comunidad experimente un cambio efectivo en sus condiciones de vida.
En julio de 2015 varios líderes enviaron una carta a la mesa de conversaciones de La Habana en la que pedían, por ejemplo, la construcción de una escuela, de un centro de salud y de una placa polideportiva. Si bien en un comunicado, a finales de ese mismo mes, las delegaciones negociadoras aseguraron que se avanzó en “una caracterización sico-social de la vereda y se discutieron acciones para un plan de reparación a la comunidad de la mano del Gobierno nacional, regional y local”, las comunidades sostienen que sus solicitudes no han sido atendidas pese a que en los últimos días se inició la construcción de una caseta comunal y se pusieron en marcha algunos proyectos liderados por la FAO y la Cancillería.
Por esa razón, a finales de noviembre elaboraron otra carta en la que evaluaban los avances y reiteraban su preocupación, entre otras razones, por la “imposición cultural” a la que ha sido sometida la comunidad y por el destino que tendrá la región una vez culmine el proceso de forma definitiva. Los líderes aseguran que, además, hasta diciembre de 2015, mientras los responsables del desminado estuvieron en la vereda, impusieron una ley del silencio, pidieron no formular críticas sobre el proyecto y, en particular, les solicitaron no referirse a Hidroituango para no afectar el desarrollo del proceso.
“En Briceño somos amigos de la paz porque hemos sufrido mucho, pero sí le pedimos al Gobierno Nacional y departamental que nos ayude. Que no nos dejen solamente diciendo que desminaron y se vayan sin hacer inversión social. Lo que hemos recibido de Hidroituango y del desminado ha sido pañitos de agua tibia. Es que estamos haciendo esto por la paz, pero también hagamos algo por Briceño”, dice Gabriel Londoño, el presidente del Concejo municipal.
(Vea también: La cuenta de cobro que pasó la gente de El Orejón por el desminado)
Para el director de Acción Integral contra las Minas Antipersonal, las críticas se deben a las grandes expectativas que ha despertado el desminado y a que el proyecto piloto tiene un alcance limitado. “Como se trajeron tantas expectativas, con justa razón la comunidad quiere que se resuelvan sus problemas históricos. Todos esos matices los estamos evaluando para responderle a la gente como se lo merece. Pero hay que aclarar que el piloto se circunscribía a atender 23 familias, 80 habitantes. Lo que estamos mirando en este momento es si hacemos una segunda fase que es lo más seguro que va a suceder con la posibilidad de ampliar la zona de desminado a veredas vecinas”, le explicó Colón a ¡PACIFISTA! en diciembre.
Esa segunda fase fue anunciada a principios de febrero por las autoridades locales. Danilo Agudelo Torres, alcalde de Briceño, dijo que a más tardar el 15 de ese mes estarían de nuevo las delegaciones en el territorio para iniciar el proceso, esta vez, en la vereda Pueblo Nuevo. Sin embargo, si bien después de ese anuncio hubo una reunión con varias autoridades de la que hizo parte el general (r) Rafael Colón y la organización Ayuda Popular Noruega, en ese espacio no se concretaron fechas ni los lugares que serían desminados en esta nueva etapa.
“Nosotros allá volvimos a exigir como comunidad que desminen las Partidas de Orejón y el Alto el Oso. Pero el general Colón dijo que no se ha definido todavía si se va a seguir desminado lo que faltaba de Orejón o si vienen para Pueblo Nuevo. De pronto eso todavía no se sabe porque a esa reunión no vinieron los delegados de las Farc, no sabemos por qué. Pero ya fue el domingo hace ocho días que dijeron que en 15 días estarían acá otra vez, eso ya sería este fin de semana (la última semana de febrero) pero ellos han estado corriendo esa fecha seguido y nada que arrancan”, comenta uno de los campesinos.
Y en efecto, al consultar nuevamente al general Rafael Colón, el funcionario explicó que se han mantenido en contacto con las comunidades, pero que es cierto que todavía no hay una delimitación de otras áreas o una fecha concreta para reiniciar el proceso. “Nos falta una parte pequeña de verificación de una sendas sospechosas, y para continuar estamos esperando instrucciones de La Habana”, dijo.
Fuentes del Gobierno explicaron que esas instrucciones se han tardado debido a que las tensiones de las últimas semanas en las negociaciones han impedido que las delegaciones de paz se pongan de acuerdo en aspectos logísticos que incluyen, por ejemplo, la cuestión de si habrá, como en la primera fase, acompañamiento de las Farc en la continuación del proceso.
Los retos del desminado luego del proyecto piloto
El desminado humanitario en la vereda Orejón fue planteado como un proyecto piloto que arrojaría conclusiones sobre la forma como el Gobierno y las Farc tendrían que avanzar en procesos similares para enfrentar un problema que desde 1990 y hasta el pasado primero de marzo de 2016 había dejado 11.406 víctimas en todo el país.
La presencia de esos artefactos explosivos se extiende por 31 de los 32 departamentos de Colombia. Antioquia, donde está la vereda Orejón, lidera los listados de víctimas. De acuerdo con los reportes oficiales, en ese departamento se han contabilizado 2.512 personas afectadas, más del doble de Meta, que se encuentra en el segundo lugar, con 1.138 casos.
Si bien el general (r) Rafael Colón dijo en marzo del año anterior que el Gobierno asumiría el reto de entregar todo el país desminado en 2021, la experiencia en casos como el de Orejón pone en evidencia que no será una tarea fácil. Incluso, a finales de 2015, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que cumplir con ese objetivo podría tomar “toda una generación”.
Los datos de la Dirección para la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal indican que durante los cerca de seis meses que duró la primera etapa del proyecto piloto en esa vereda se despejaron en total 14.711 metros cuadrados —sumando el área despejada en los cuatro polígonos delimitados—, una porción minúscula si se tiene en cuenta que los registros de esa misma entidad indican que habría artefactos explosivos enterrados en por lo menos 688 municipios del país.
El reto es aún mayor si se tiene en cuenta que, pese al despliegue de recursos y personal en la zona de Orejón, los lugares intervenidos aún no han sido entregados a la comunidad como libres de sospecha de minas puesto que, de acuerdo con Colón, aún existen algunos puntos dentro de las zonas delimitadas donde, se presume, podría haber explosivos que no fueron detectados.
A eso se suma que la continuidad de este proceso en particular y de otros del mismo tipo dependen de la mesa de conversaciones de La Habana. Así, mientras el asunto se resuelve a miles de kilómetros de Orejón, las expectativas de la comunidad siguen puestas en esos lugares que serían intervenidos en una segunda fase que por ahora es más un rumor.
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[1] El 7 de marzo de 2015, las Farc y el Gobierno colombiano anunciaron un acuerdo para iniciar la limpieza y descontaminación de territorios afectados por minas antipersonal, material explosivo de guerra y municiones sin explotar. En el proceso participaría el Batallón de Desminado Humanitario del Ejército, la ONG Ayuda Popular Noruega y guerrilleros de las Farc. Días después se anunció que el proceso se iniciaría en la vereda Orejón, en Briceñó, Antioquia.
[2] A partir de su entrada plena en funcionamiento, calculada para 2021, Hidroituango tendrá 2.400 megavatios de capacidad, cerca del 17 % de la energía que se consume actualmente en Colombia. El costo del proyecto asciende a 5.500 millones de dólares y su área de influencia se extiende a 12 municipios, muchos de ellos con presencia del frente 36 de las Farc.
[3] Rafael Colón, director de Acción Integral con Minas Antipersonal de la Presidencia de la República, explica que la cifra de 3.000 mil minas que podría haber en la zona partió de un estudio técnico preliminar que sobredimensionó la cantidad de explosivos que tendrían que ser retirados. El alcalde de Briceño, Danilo Agudelo, afirma que, al paso que ha avanzado el proceso, serían necesarios más de 40 años de actividades para declarar todo el territorio de Orejón como zona libre de amenaza de minas antipersonal.
[4] En noviembre de 2015 el senador Iván Cepeda Castro citó a un debate de control político en el que, asegurando que se trataba de una forma de privatización de la Fuerza Pública, reveló varios contratos de seguridad del Ejército y la Policía con compañías públicas y privadas del sector minero energético. Entre ellos se daba cuenta de un millonario convenio del Ejército con Empresas Públicas de Medellín para ofrecer seguridad especial al proyecto Hidroituango.
