Análisis | ¿Acaso la única opción que le queda a Colombia es ver cómo el país que inventó la guerra contra las drogas cambia su política mientras nosotros, que hemos sufrido las consecuencias de esa guerra, seguimos enfrascados en discusiones prejuiciosas?
Por: Jorge Forero Neme*
21 de junio de 1971. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, declaró en un discurso que sería recordado durante generaciones el inicio de una guerra sin cuartel contra las drogas ilícitas, inaugurando así lo que se convertiría en una cruzada contra un enemigo etéreo, pero con un gran despliegue de recursos económicos y militares en países estratégicos, especialmente de América Latina. Hoy, a casi 50 años de este discurso, la política global contra las drogas parece estar cambiando, aunque a un paso lento y tardío. Mientras tanto, Colombia mira desde lejos como otros países buscan soluciones alternativas a una guerra que no ha dejado más que muertos, mafias y cárceles llenas de víctimas.
La semana pasada, mientras el mundo ponía sus ojos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, muchos fuimos sorprendidos por los resultados que dieron distintas consultas estatales que se llevaban a cabo paralelamente en temas como la política de drogas. Como bien lo resaltó el portal Vox, “en cada Estado donde se sometió a votación la legalización de la marihuana u otro asunto relacionado con política de drogas, esta propuesta ganó”. En Arizona, Montana, New Jersey y Dakota del Sur la ciudadanía votó a favor de la legalización del uso adulto de la marihuana, sumando así 16 jurisdicciones (15 estados y Washington D.C.) que ha legalizado el uso adulto del cannabis.
Por otro lado, en Oregón se descriminalizó el uso y porte —ojo, no la venta— de todas las drogas ilícitas, incluyendo la cocaína y heroína; y se legalizó el uso terapéutico de psilocibina, sustancia psicoactiva presente en distintos tipos de hongos. En Washington D.C. se aprobó una reforma a la política criminal que busca dar la más baja prioridad de persecución a los delitos de posesión, cultivo, cosecha, transporte, distribución y compra de plantas psicodélicas que contengan ibogaína, dimetiltriptamina, mezcalina, psilocibina o psilocina.
Al mismo tiempo que se iban conociendo los resultados de estas consultas que evidenciaban un cambio en la política de drogas de los Estados Unidos, la plenaria de la Cámara de Representantes colombiana hundía con una votación contundente (102 a favor versus 52 en contra) el proyecto de acto legislativo que buscaba regular el uso adulto del cannabis en Colombia. En un debate con argumentos reciclados, basados en prejuicios y llenos de cifras tergiversadas, los congresistas de Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador se opusieron de forma vehemente a que se diera un cambio en la política de drogas que a hoy no ha dejado más que fracasos.
Mucha plata y pocos avances: así va la política antidrogas en Colombia
Del debate en la Cámara también hubo intervenciones a destacar como la de Juan Carlos Losada, Juan Fernando Reyes, Andrés Calle, Cesar Lorduy o Germán Navas, quienes comprendiendo la complejidad del debate abordaron las distintas razones por las que el prohibicionismo no ha funcionado y por las cuales es necesario dar un giro a la política de drogas del país hacia una que respete las libertades individuales y que permita abordar el problema del consumo problemático por medio de políticas de salud pública y no de la política criminal.
Asimismo, la congresista Juanita Goebertus basó su intervención en los beneficios económicos que puede traer la legalización del uso adulto del cannabis a Colombia, evidenciando que al día de hoy ya son alrededor de 30 países los que están gozando de estos beneficios. Nuestro país, que ha sufrido las consecuencias de la guerra contra las drogas, no puede quedarse al margen de este mercado que genera un gran número de empleos.
Vale la pena resaltar también la intervención del congresista Gabriel Santos, quien a pesar de la decisión de su bancada de votar en bloque en contra del proyecto de acto legislativo, desmintió una serie de afirmaciones que se habían hecho previamente respecto al aumento del consumo y la criminalidad en los países y estados que han legalizado el uso adulto del cannabis, resaltando que el proyecto buscaba dar una solución novedosa a la problemática de las drogas, ya que el prohibicionismo no ha logrado su objetivo de desincentivar el consumo.
Desde la otra esquina las posiciones fueron repetitivas, esgrimiendo el viejo escudo de la protección de los niños e incluso haciendo alusión al nefasto comercial de “la mata que mata”. El congresista José Jaime Uscátegui intentó relacionar el incremento de la tasa de homicidios en Denver con la legalización del uso adulto de la marihuana sin mayor justificación. En una entrevista dada el día siguiente, Uscátegui aseguró que el proyecto buscaba legislar de espaldas a la ciudadanía, pues si se sometiera esta decisión a referendo la ciudadanía seguramente lo rechazaría.
La seguridad con la que Uscátegui afirma que los colombianos no estaríamos de acuerdo con la regulación del uso adulto de la marihuana resulta interesante, especialmente si se tiene en cuenta que las 16 jurisdicciones de Estados Unidos que han aprobado la legalización, así como los recientes cambios en la política de drogas dados en Washington D.C. y Oregón, fueron logrados mediante referendos estatales. Quizás esto se deba al miedo de los congresistas de asumir el peso político que puede implicar hacer grandes cambios a la política de drogas.
Lo cierto es que en Colombia hoy no existe certeza de qué resultado tendría un eventual referendo o consulta en este sentido. Por un lado, en 2014 Datexco hizo una encuesta para la FIP en la cual el 79.5 por ciento de la ciudadanía afirmó que la política de drogas en Colombia era mala o muy mala, mientras que alrededor del 70 por ciento dijo que apoya la regulación de la marihuana con usos medicinales. A su vez, la última Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, realizada por el DANE en 2019, evidencia que la percepción de los colombianos del riesgo de consumo en la marihuana es menor que el tabaco, el cigarrillo e incluso los tranquilizantes, siempre y cuando el consumo sea ocasional. Sin embargo, en abril de 2019 Ipsos hizo una encuesta en Latinoamérica en la cual el 63 por ciento de los colombianos encuestados señalaron que no se encuentran de acuerdo con la legalización de la marihuana para uso adulto.
¿Cómo consumimos sustancias en Colombia? Este estudio dejó más preguntas que certezas
¿Acaso la única opción que le queda a Colombia es ver desde el banquillo cómo el país que inventó la guerra contra las drogas cambia su política pública mientras nosotros, que hemos sufrido las consecuencias de esa guerra, seguimos enfrascados en discusiones bizantinas en las que triunfan los prejuicios sobre la evidencia? Actualmente continúa en el Congreso el trámite de dos iniciativas que nos pueden dar más luces frente a esta pregunta: el proyecto de ley 189 de 2020, presentado por los congresistas Gustavo Bolívar y Temístocles Ortega que busca establecer un marco de regulación y control del cannabis de uso adulto; y el proyecto de ley 236 de 2020, presentado por el senador Iván Marulanda que busca establecer un marco regulatorio para la hoja de coca y sus derivados.
Con la reciente votación de la Cámara de Representantes, el panorama no es muy esperanzador. A menos de que en las próximas elecciones legislativas el Congreso sea reformado radicalmente, tal vez se logre —ahora sí— buscar caminos para reformar la política de drogas desde los mecanismos de participación ciudadana, como se viene haciendo en Estados Unidos desde 2012.
*Jorge es abogado e investigador de la organización Elementa DDHH. Lo pueden seguir por acá.
