#OPINIÓN | La estrategia antinarcóticos, por la que hemos pagado enormes impuestos y perdido muchas vidas durante décadas, merece una evaluación más seria.
Por María Alejandra Vélez y David Restrepo*
El pasado martes, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC) y el Ministerio de Justicia entregaron finalmente el esperado informe ‘Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos en Colombia 2019’. Si bien los resultados del año pasado en la erradicación de cultivos de coca han sido presentados como si fuesen una victoria —por la reducción de 9 por ciento del área sembrada—, el alza de 1,5 por ciento en la productividad de la cocaína y otros factores indican que quizá exista poco avance o un estancamiento en la lucha contra el narcotráfico.
La política contra las drogas en Colombia se puede comparar con una bicicleta estática: por más que se pedalee y se pedalee, por más fuerza invertida, no se avanza. Y justo ese estancamiento es lo que realmente se ve en los resultados del informe. Un análisis más profundo de las cifras presentadas por UNODC y el Gobierno nos permitirá evaluar el desempeño.
¿Motivos para celebrar? No lo creemos
A pesar del fetiche de la política antidrogas colombiana con la reducción de las hectáreas de coca, esta es una variable de muy poca relevancia si se trata de luchar contra el narcotráfico. Según el mismo informe, la cosecha de hoja de coca, pasta y base representaron (en finca) 2,66 billones de pesos. Parece un número grande, pero el cultivo equivale al uno o dos por ciento de los ingresos en la cadena de valor de la cocaína.
La política antidrogas de nuestro país se enfoca en el eslabón que menos injerencia tiene en las arcas del narcotráfico, cuyas grandes rentas se derivan de la fase de comercialización, que representa el 90 por ciento del negocio. Colombia gastó 361.000 millones de pesos en 2019 en erradicación, pero fracasó en reducir la disponibilidad de cocaína.
La concentración de la industria de la coca
El informe de UNODC de 2019 muestra una tendencia creciente en la formación de ‘enclaves’ del narcotráfico, especialmente en territorios limítrofes con Ecuador y Venezuela. Allí se evidencia una mayor productividad por una creciente consolidación e integración industrial, lo que permite una dinámica de inversión en mejoras agrícolas y tecnificación para producir más cocaína.
Esto no es un tema menor. En general, la concentración del narcotráfico implica un mayor desafío para el Estado en las regiones afectadas (de por sí, las más vulnerables del país). En estos enclaves, las tasas de homicidio duplican la media nacional. También son regiones con grandes problemas ambientales —como la creciente deforestación en el Catatumbo—, con ausencia de servicios públicos y con una mayor pobreza multidimensional (57 por ciento frente a 26,9 por ciento del resto del país, porcentajes de antes de la pandemia).
El ‘pajazo mental’ del Gobierno de erradicar “a como dé lugar”
Esta consolidación del narcotráfico es, a todas luces, un revés de la estrategia Ruta Futuro, con su progresivo énfasis en la erradicación y abandono de políticas consensuadas como la sustitución y titulación de tierras. Esa estrategia genera incentivos perversos que llevan a inflar cifras de erradicación cada vez más difíciles de lograr ante la resistencia de las comunidades, como lo detalló recientemente la revista Semana en una investigación. Esos errores en la política antidrogas eran de esperar debido a un Estado hostil que incumple sus promesas (nos referimos al plan integral de sustitución — PNIS) y la presencia, cada vez más amplia, de grupos armados que se nutren de una industria ilícita que está consolidándose.
Mencionar estos otros resultados del informe puede parecer llover sobre mojado. Pero nos llevan a reflexiones sobre la necesidad de completar el diagnóstico de la política antidrogas, que es difícil de hacer si nos quedamos solo con el informe anual de UNODC y las cifras que presenta el Gobierno.
Mirando más allá del informe
El informe de monitoreo de UNODC ofrece datos claves y estandarizados sobre las hectáreas de cultivos de coca, los precios de la pasta y los costos de producción de cocaína, permitiendo las comparaciones con otros países cocaleros como Perú y Bolivia. Es un reporte más sólido que el de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de Estados Unidos, en donde no se explica el método para calcular las hectáreas de coca.
Sin embargo, el informe de UNODC está lejos de ser suficiente para diagnosticar la situación del narcotráfico y las economías ilícitas en el país.
Para comenzar, por limitaciones presupuestales, se centra solo en la coca y sus derivados. La marihuana, que tiene tanta o más importancia en algunas regiones, como en el norte del Cauca, no se monitorea. Lo mismo sucede con la amapola. Ni hablar de otros fenómenos de criminalidad relacionados como el tráfico de armas y la trata de personas.
El informe se enfoca en ciertos aspectos de los eslabones del cultivo y, hasta cierto punto, en la producción, los más fáciles de registrar. Pero, y es importante repetir esto hasta el cansancio, estos eslabones son los que menos contribuyen a la economía ilícita de la cocaína. Recordemos que el país tuvo grandes problemas con el narcotráfico antes de volverse un cultivador importante de hoja de coca.
El país no ha hecho el esfuerzo en generar reportes de monitoreo en los eslabones más duros de la cadena del narcotráfico. Por mencionar dos: el lavado de activos y la desviación de precursores (lícitos) esenciales en la producción de cocaína como los ácidos sulfúrico y clorhídrico, el permanganato de potasio, el cemento, la gasolina, los fertilizantes y pesticidas, entre otros.
El informe de UNODC hace el intento de integrar datos elaborados por diferentes partes del Estado colombiano sobre las intervenciones de la política antidrogas. Es decir, la sustitución, la erradicación forzosa, la confiscación de cocaína y otras labores. Pero, salvo quizás los datos de sustitución —que sí cuentan con mecanismos de verificación— los datos sobre las demás intervenciones no tienen el mismo nivel de confiabilidad que las cifras elaboradas por UNODC.
El Gobierno no presenta dónde y cuándo se hicieron las erradicaciones o las confiscaciones con un nivel de detalle suficiente, con lo cual es imposible evaluar si la estrategia empleada sí afecta al narcotráfico y de qué manera. No se presentan los efectos en los territorios sobre indicadores socioeconómicos, institucionales, ambientales, de seguridad ciudadana y salud. Tampoco con la información revelada es posible trabajar en un análisis de costo—beneficio de la política antinarcóticos del país. A 2020 esta es una omisión injustificable. La estrategia antidrogas, por la que hemos pagado enormes impuestos y perdido muchas vidas durante décadas, merece una evaluación más seria.
Hacer un tratamiento efectivo exige un diagnóstico completo. Para comenzar, esto significa mirar los territorios donde hay y no hay coca en una forma integral, con los indicadores socioambientales que demanda el desarrollo de cualquier evaluación de costo—beneficio. Además, necesitamos monitorear las intervenciones de la política antidrogas con el mismo detalle y calidad que se mira la presencia o ausencia de hectáreas de coca. Hacer esto no es difícil. El efecto sería quizás encaminarnos hacia un sistema de monitoreo más sólido e invitarnos a prescripciones más efectivas que el “más de lo mismo” de la política antinarcóticos actual.
Necesitamos que la información sobre las intervenciones sea accesible para hacer evaluaciones de impacto rigurosas y determinar la efectividad de las políticas. El reporte actual menciona que los territorios intervenidos redujeron las hectáreas en 22 por ciento, pero no es claro a cuál programa (erradicación o sustitución) se le puede atribuir este efecto. O simplemente si alguno de los programas tuvo efecto.
*María Alejandra es directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga (CESED) de la Universidad de los Andes y David es director del Área de Desarrollo Rural, Economías Ilícitas y Medioambiente del mismo centro de estudios.
