Divergentes cuenta quiénes son las organizaciones que buscan que las drogas en Colombia dejen de ser un tema penalizado para volverse un asunto aceptado y controlado.
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Foto por Santiago Mesa.
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Lejos quedó aquella época en que los consumidores de sustancias se encontraban confinados a la parte oscurita del parque del barrio. Hoy en día, en Colombia existe todo un movimiento que lucha por los derechos y los intereses de los consumidores y productores de sustancias ilícitas. Intereses que, a veces, coinciden con los del resto de la sociedad.
Divergentes presenta las claves para entender la causa de los consumidores de drogas en el país, uno exportador por excelencia.
Derechos del consumidor
Desde 1994, cuando un fallo de la Corte Constitucional tumbó la prohibición total que existía sobre el porte y el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, todos los colombianos tenemos derecho a llevar y consumir hasta 20 gramos de marihuana y cinco gramos de cocaína. Sin embargo, dos décadas después del fallo de la Corte, hacer valer estas garantías sigue siendo una lucha de todos los días.
En este sentido sobresale el Seguro anti-UPJ, una cartilla publicada por la corporación ATS para prevenir las retenciones ilegales a personas sorprendidas consumiendo en la vía pública. A pesar de que estas retenciones fueron prohibidas expresamente por el nuevo Código de Policía, en la práctica siguen siendo aplicadas por los patrulleros.
También cabe resaltar el trabajo la Comunidad Cannabica Colombiana, un grupo de activistas basados en Medellín que cada 6 de mayo realizan en la ciudad la Marcha Mundial de la Marihuana, un evento que mezcla el consumo responsable con el activismo y la pedagogía de la marihuana. Aparte de este evento, la comunidad realiza un trabajo constante promoviendo el autocultivo de hasta 20 plantas de marihuana, cantidad máxima permitida por el código penal colombiano, que defiende a los cultivadores arrestados a pesar de no haber excedido este límite.
Alternativas para los productores
Cada vez más el activismo de las drogas ha debido ocuparse por el extremo opuesto de la cadena: la producción. A diferencia de lo que sucede con la defensa de los consumidores, la causa de los productores no pasa por exigir el cumplimiento de políticas existentes sino por la creación de nuevas políticas que permitan dar solución al problema de los cultivos ilícitos en Colombia.
El acuerdo de paz de La Habana contempla un ambicioso proyecto de sustitución de cultivos ilícitos. Sin embargo, la iniciativa depende en buena parte de la implementación de otros aspectos del acuerdo como la red de vías terciarias, una serie de obras que busca construir vías en las regiones históricamente afectadas por el conflicto y donde hoy se concentran los cultivos ilícitos.
Durante el primer año de implementación de esos acuerdos, la sustitución también se ha visto comprometida por la presencia de disidencias de las Farc y de otros actores armados que siguen explotando las rentas ilegales en regiones como Guaviare y el Pacífico nariñense.
El gobierno, por su parte, presentó en octubre de 2017 un proyecto de ley para brindar un tratamiento jurídico especial a quienes mantengan cultivos ilícitos de menos de 3,8 hectáreas. El proyecto les ofrece a los pequeños cultivadores un tratamiento más blando a cambio de que se acojan al plan de sustitución de cultivos, pero aún no ha sido aprobado por el Congreso y ya se ha encontrado con la resistencia del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien considera que “podría ser utilizado por las organizaciones al margen de la ley para organizar cultivos industriales mediante la modalidad de pitufeo (utilizar varios cultivos pequeños en lugar de uno grande)”.
Reducción del daño
En 2016 la crisis provocada tras el desalojo de alrededor de 300 adictos que vivían en la calle del Bronx dejó en evidencia la escasez de recursos en las instituciones públicas para lidiar con el consumo problemático. A pesar de que la crisis ha sido superada (o al menos olvidada) el problema aún existe.
Una de las iniciativas de reducción del daño en marcha en el país era Cambie, un programa de “atención integral para persona que se inyectan drogas”, liderado por ATS, que durante cuatro años funcionó en Pereira, Cali y Bogotá. El programa dejó de operar en diciembre de 2017.
Elementa, una ONG enfocada en política de drogas, se ha encargado de poner sobre la mesa una solución alternativa: las salas de consumo supervisado. La iniciativa, implementada en países como España, Portugal y Austria, pretende reducir el daño causado por el consumo de sustancias como la heroína y las cocaínas fumables al ofrecer un espacio seguro en el que los consumidores son asesorados por profesionales en salud.
En Colombia aún hace falta un marco legislativo que permita la creación de estos espacios y, sobretodo, la voluntad política necesaria para emprender un proyecto que no cuenta con el respaldo mayoritario ni ofrece réditos inmediatos.
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