Hace 21 años dos aviones cargados con más de cien paramilitares volaron desde el Urabá antioqueño hasta Guaviare para dar inicio al plan de expansión de las AUC.
Nota del autor: Este es un texto que usa recursos de la ficción para dar cuenta de los hechos que sucedieron el mes de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, Meta. Es un texto periodístico que está respaldado por información que ha ido saliendo a la luz a lo largo de estos años. A pesar de la importancia histórica que tuvo este evento –fue el inicio de la incursión paramilitar en el sur oriente del país– todavía sigue teniendo zonas oscuras de cara a la verdad. En los últimos 21 años han muerto, han sido asesinados o están fugados de la justicia testigos claves de este evento. Sin embargo, a pesar de la dificultad que suele haber en el país para narrar las historias con claridad, existe información suficiente para poder recrear los eventos que tuvieron lugar en esas fechas. Los únicos apartes ficcionados que se usan en este texto son los diálogos en cursiva que van antes de los numerales romanos. La razón para incluir estos fragmentos en el texto es meramente narrativa. Publicamos esta historia luego de que, a comienzos de la semana, se supiera de una nueva masacre que dejó seis muertos en Mapiripán.
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—¿Hace cuánto despegamos?
—No sé.
—¿Usté cree que nos estén esperando?
—¿Quiénes?
—En el pueblo. Los guerrillos.
—No sé.
—Usté nunca sabe nada.
—Deje dormir ¿sí?
I
El sábado 12 de julio de 1997 dos aviones –un DC-3 de fabricación norteamericana y un Antonov 32 de fabricación ucraniana– aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare. Habían salido desde Necoclí y Apartadó respectivamente y llevaban en su interior a más de cien hombres vestidos de civil. En el aeropuerto los recibió Luis Hernando Méndez Bedoya –alias René Cárdenas-, jefe paramilitar del Guaviare y hombre de confianza de Carlos Castaño. En la pista del aeropuerto –que en su momento era una de las bases antinarcóticos más importantes del país– los esperaban a los hombres dos camiones tipo REO. Los camiones habían sido enviados por una persona que se identificó como oficial del Batallón Joaquín Paris del Ejército de Colombia. Fue en esos camiones que los más de más de 100 paramilitares de Carlos Castaño –provenientes de Urabá, a medio país de distancia– partieron ese 12 de julio rumbo hacia Mapiripán.
“Los aviones que transportaron los paras, con la carga y los paramilitares, salieron del aeropuerto de Los Cedros en Urabá y del aeropuerto de Necoclí. En uno venían paras y en otro venía la carga. Las declaraciones de la policía, que están ahí escondidas en el proceso, dicen que los paramilitares salieron escoltados por el Ejército Nacional. O sea que el vínculo con los paramilitares no sólo era en el Guaviare, sino que venía desde el Urabá antioqueño. ¡Berraquísimo! ¿Qué hizo la Brigada Móvil 2? Una operación gigantesca y aplastó a las FARC y colocó un colchón de aire, o de seguridad, para que salieran los paras. Esto es gravísimo y es un secreto”. General Jaime Humberto Uscátegui, en grabaciones reveladas en 2004 por la Revista Cambio.
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—Seguro ni se imaginan.
—Qué cosa.
—Que les vamos a caer de sorpresa.
—¿Cómo sabe?
—El comandante lo dijo ¿no oyó?
—No.
—Antes de salir. Dijo que esta era una misión crucial para la estructura.
—Usté cree todo lo que dice el comandante.
—Vamos a sacarlos a plomo a esos hijueputas. Espere y verá.
II
A comienzos de ese mismo año, tuvieron lugar varias reuniones de la cúpula de las AUC en el Urabá antioqueño en las que participaron, entre otros, Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, Vicente Castaño y Pedro Alex Conde. El objetivo: planificar la futura incursión paramilitar en la zona de Mapiripán, entre los departamentos de Guaviare y Meta, donde el control territorial lo ostentaba, hasta ese entonces, la guerrilla de las FARC. Esa zona era –es– un corredor estratégico en el suroriente del país para el narcotráfico, pues despachaba –despacha– la producción de coca del Guaviare hacia Venezuela. En palabras de Carlos Castaño: “allí operaba un frente consolidado de la subversión, con el dominio absoluto de un territorio apropiado para el ciclo completo en materia de narcotráfico, cultivo, procesamiento y comercialización”. Fue en esas reuniones que el municipio de Mapiripán fue declarado objetivo militar por los paras.
“A papá lo habían degollado, habían jugado fútbol con su cabeza. Su cabeza estaba a diez metros del cuerpo. No dejaban recoger los cuerpos. El que los fuera a recoger lo mataban los paramilitares. El inspector le hizo un permiso a mamá para que recogiera a papá. Lo envolvieron en una sábana y lo enterraron en una tumba en el cementerio, ahí le acomodaron la cabeza. Sólo vi una pierna de papá cuando iba pasando en una camioneta” Nadia Mariana Valencia Sanmiguel, hija de José Rolan Valencia, asesinado en la Masacre de Mapiripán en 1997.
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—¿Llegamos?
—Sí, parece.
—¿Y qué estamos esperando?
—No sé. Que traigan el transporte, creo.
—Quiero bajarme ya. Estoy cansado ¿Durmió?
—No.
III
Una vez cargados, los camiones partieron desde el aeropuerto de San José del Guaviare por la llamada “Trocha Ganadera” hacia la inspección de Charras, un sitio apostado sobre el río Guaviare, ubicado en la orilla opuesta de Mapiripán. En el camino se les fueron uniendo miembros de las autodefensas del Casanare y Meta (hombres bajo el mando de alias René Cárdenas). Mientras tanto –mientras unos hacían el recorrido hacia Mapiripán por trocha– otros paramilitares hacían el recorrido en lancha por el río Guaviare. Estos últimos tuvieron que transitar por “El Barrancón”, un puesto de control operado por la Brigada Móvil 2 del Ejército, dónde los dejaron seguir sin problema por el río rumbo a Charras. La noche del 14 de julio los dos grupos de paramilitares –los que venían por trocha y los que venían por río– se encontraron en la inspección Charras.
“Los paramilitares son la amante del militar: no se pueden llevar a la casa, pero hay que tenerla”. Coronel Hernán Orozco Castro, comandante del batallón Joaquín París, condenado a 40 años de cárcel y prófugo de la justicia.
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—¿Nosotros nos vamos en el camión?
—Creo.
—¿No prefiere irse en lancha?
—Prefiero que nos vayamos en el camión.
—¿Por qué?
—No sé. Sólo prefiero.
—¿Tiene miedo?
—No tengo.
—Todo va a salir bien, no se asuste.
—Eso me asusta.
—¿Qué cosa?
—Que todo salga bien.
IV
Ese día, el 14, las autodefensas reunieron a los habitantes de Charras (en la otra orilla de Mapiripán) y les repartieron a los pobladores una revista llamada “Colombia libre” donde había una sección titulada “Al pueblo del Guaviare” firmado por el “Frente Guaviare” de las AUC. Allí se amenazaba de muerte a todos aquellos que pagaran impuestos o que estuvieran colaborando con la guerrilla de las FARC.
“Han estado comisiones interinstitucionales visitando la zona. Hay la noticia de que se presentaron grupos armados en esa poblaciones, que hubo una tarea que produjo temor y llevó a la salida de los habitantes de esa zona. Se conoce de cinco muertos hasta el momento, lo cual es aterrador. Un solo muerto aterra…en las condiciones….en las condiciones…en las condiciones en los que esa…muerte…se…se…produjeron…”. Carlos Holmes Trujillo, Ministro del Interior del gobierno Samper, julio 28 de 1997.
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—¿Me cambia su saco? El mío me quedó grande.
—El mío también.
—¿Por qué no pudieron darnos ropa de nuestra talla?
—No sé.
—¿No le importa que nos quede grande la ropa?
—Mis pantalones no. Sólo me quedó grande el saco.
—¡Mierda! No me entran las botas.
—Coja las mías. Son su talla.
V
En la madrugada del martes 15 los más de 100 hombres de las AUC rodearon por río y tierra la población de Mapiripán. Entraron. Ni el Alcalde, ni los funcionarios de la alcaldía estaban en el pueblo esa mañana. Los paramilitares se tomaron el control del pueblo. Llevaban puestos uniformes privativos de las Fuerzas Militares, armas de corto y largo alcance y radioteléfonos. (Esto hace suponer que esta dotación del Ejército les fue dada a los paramilitares entre su aterrizaje en el aeropuerto de San José del Guaviare, el 12, y su entrada a Mapiripán, el 15).
“Era mi papá. Me senté a su lado y perdí la noción de todo, casi me vuelvo loca. Lo iban a tapar. Yo decía: no lo tapen que él se va a despertar. Me agaché a su lado y levanté su cabeza en piernas: tenía la garganta cortada. Papá tenía cortaduras en la carita, lo habían amarrado con un nylon negro. ¿Por qué lo amarraron si él no era malo?” Carmen Johanna Jaramillo Giraldo, hijastra de Sinaí Blanco Santamaría, asesinado en la Masacre de Mapiripán.
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—¿Será que les ponen problema?
—¿A quiénes?
—A los que van por el río.
—No creo.
—Allá adelante hay un puesto de control, en el río.
—Yo sé.
—Pero los van a dejar pasar, ¿cierto?
—No sé, yo creo.
—¿Cierto que sí? ¿Cierto que los dejan seguir?
—No sé. Usté sí pregunta.
VI
Luego de hacerse con el control de la población, de las oficinas públicas y de las comunicaciones, los paramilitares empezaron a inspeccionar el pueblo en busca de ‘colaboradores’ de la guerrilla. Tenían una lista con nombres para esos efectos. Durante cinco días, entre el 15 y el 20 de julio, hubo inspecciones y allanamientos por parte de los paramilitares en busca de colaboradores de la guerrilla. Durante esos cinco días torturaron, desmembraron, degollaron y asesinaron a cerca de 49 personas. Algunas de ellas fueron enterradas en fosas comunes; la mayoría de los cuerpos fueron lanzados al río Guaviare.
“Lo de Mapiripán fue el combate más grande que han tenido las autodefensas en su historia. Nunca habíamos dado de baja a 49 miembros de las FARC, ni recuperado 47 fusiles. Fueron seis días de combates esporádicos. De ese modo, les cortamos esa vía para tomar el control del río Guaviare y extendernos de ahí hacia el sur, hacia Calamar, en el Guaviare, y hacia el norte buscando el Arauca. Va a haber muchos más mapiripanes”. Carlos Castaño en entrevista con El Tiempo, septiembre de 1997.
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—¿Si vio cómo se quedaron cuando les entregamos el boletín? Se pusieron pálidos.
—Están asustados.
—Están asustados porque son colaboradores.
—No todos son guerrilleros.
—Usté qué sabe. Esta zona es de puros guerrillos.
—En esta zona hay de todo.
—Hay de todo. Pero sobre todo hay guerrillos.
—Hay campesinos también.
—Los vamos a llenar a plomo cuando lleguemos mañana, espere y verá.
VII
Ese día, el 20 de julio, los paramilitares salieron de Mapiripán luego de destruir evidencia física. Dos días después, la noticia era portada en los principales medios del país. Y sólo hasta el día 23 –ocho días después de que empezara la masacre– la fuerza pública, la Fiscalía y un delegado de la Presidencia entraron al pueblo.
“Mi gobierno no patrocina la vinculación de miembros de la fuerza pública a grupos de justicia privada y castigara ejemplarmente cualquier vinculación. Lucharemos contra los denominados grupos de autodefensa privada, mal llamados grupos paramilitares, con la misma energía con la que combatimos ¡y seguiremos! combatiendo la guerrilla”. Ernesto Samper Pizano, 20 de julio de 1997 en el Capitolio Nacional.
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—Me lo imaginaba más grande.
—Qué cosa.
—El pueblo: me lo imaginaba más grande.
—Es un pueblo normal.
—Un pueblo de insurgentes. Un pueblo insurgente y sin alumbrado.
—En nuestro pueblo tampoco hay alumbrado.
—Sí, pero creía que acá iba a haber.
—Todos los pueblos de este país son iguales.
—Y las calles también son de tierra. Pueblo de mierda.
VIII
En los años siguientes a la masacre del 97, los paramilitares ejercieron el control territorial de la zona. Se estima que a lo largo de diez años, hubo cerca de 12.000 desplazados de la zona por cuenta de distintas masacres que le siguieron a Mapiripán. En un informe del 2012, el portal Verdad Abierta señaló que el objetivo de la incursión paramilitar en la zona no fue únicamente sacar a la guerrilla del lugar y controlar el corredor estratégico, sino también (y sobre todo) hacerse con grandes extensiones de terreno para la siembra de monocultivos, principalmente palma de aceite. El Bloque Centauro, que empezó a operar en la zona luego de la incursión del 97, alcanzó a apropiarse de más de 4.000 hectáreas de manera violenta. Según le dijo a Justicia y Paz el exjefe paramilitar ‘Don Mario’, él alcanzó a conseguir que le titularan 12.000 hectáreas a nombre de aliados o testaferros suyos en Mapiripán luego de la masacre.
“Ya con nombre propio y apellido hay 14 muertos que ya fueron encontrados. Ahí está la Fiscalía haciendo un recorrido para ver quién más se puede encontrar y cuántos fueron los desaparecidos. Porque parece que mucha gente fue echada al río. Es lo que se dice, porque mientras no se encuentren los cadáveres, no se puede saber bien qué fue lo que pasó. Según la gente, no echaron ni un solo tiro. Eso quiere decir que fueron también degollados, de que usaron machetes. La gente sigue asustada de esto, sigue saliendo de Mapiripán. Lo que se refiere a Caño Jabón está completamente vacío. Donde antes había 5.000 personas hoy hay 50. La gente está con la psicosis de que esta gente vuelve. Y prefiere desaparecerse”. Teddy Turbaun, Presidente de la Cruz Roja. Julio 30 de 1997.
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—¿Está dormido?
—No.
—¿Qué piensa?
—No pienso nada.
—Yo tampoco puedo dormir. ¿Por qué no nos ubicaron más lejos?
—¿Lejos de qué? No sé.
—Del matadero. Gritan mucho esos hijueputas.
—De pronto no había dónde más ponernos.
—Claro que había. ¿No ve que el pueblo es nuestro?
—No es nuestro.
—Si es. Antes no era pero ahora ya es nuestro. Esa era la misión, ¿no ve?
—Nada.
IX
En 2001 la investigación a miembros del Ejército por su colaboración con la masacre pasó de la justicia militar a la justicia ordinaria. Ese año fue condenado el general Jaime Humberto Uscátegui, quien era comandante de la Séptima Brigada (con sede en Villavicencio), por facilitar el ingreso de los paramilitares al Meta. Un año después, el coronel Hernán Orozco Castro, quien era comandante del batallón Joaquín París cuando la masacre, se voló a Estados Unidos. El general Uscátegui alegó durante sus años en la cárcel que era inocente, pues el Batallón Joaquín Paris no estaba bajo el mando de la Brigada Séptima, que él dirigía, sino bajo el mando de la Brigada Móvil 2. El coronel Lino Sánchez, comandante de la Brigada Móvil 2, fue condenado a 40 años de cárcel y en 2006 murió cumpliendo la condena. En 2017 el general Uscátegui fue puesto en libertad después de haberse comprometido a someterse a la JEP. En 2018 se vinculó al proceso de Mapiripán al general Rito Alejo del Río quien en su momento era comandante de la Brigada XVII del Ejército, con jurisdicción en Urabá, desde donde despegaron los dos aviones cargados de paramilitares el 12 de julio de 1997 rumbo a San José del Guaviare. Del Río también anunció su sometimiento a la JEP.
“Esa masacre ocurre como 20 días después de mi posesión como fiscal general. Claro, esto, con razón, impactó al país. Yo tomé la decisión de comisionar al doctor Virgilio Hernández, que era el director de la unidad de derechos humanos. Y comenzamos a tener la dificultad en el sentido de que el ejército no permitía que los fiscales penetraran inmediatamente a la zona para averiguar lo que había pasado. A raíz de eso, yo llamo al presidente Samper y le digo que el general Bedoya, que era el comandante de las Fuerzas Militares, no estaba prestando toda la colaboración. Le digo, Presidente, el tiempo que transcurre es la verdad que huye”. Alfonso Gómez Méndez, ex Fiscal General de la Nación.
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—¿Cuántos días llevamos?
—Cuatro noches.
—Y encima sin poder dormir. Yo no he dormido nada. ¿Usté ha dormido?
—No mucho.
—¿Cree que vayan a volver? ¿Los guerrillos? ¿Que tomen retaliación?
—No creo. Somos muchos.
—Sí, somos muchos. Además ya les metimos un susto.
—Sí.
—¿Se imagina que vean flotar pedacitos de cuerpo río abajo? Ojalá no, ¿pero se imagina?
—Si ven cuerpos flotando van a saber lo que hicimos.
—Yo sé, yo sé. Pero ojalá vieran para que sepan que así son las vainas. Que con nosotros no es jodiendo.
—…
—Oiga.
—Qué.
—¿Está llorando?
X
En septiembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por los hechos ocurridos ocho años antes en Mapiripán. El Estado –declaraba la Corte– violó el derecho a la vida, a la integridad y la libre circulación de al menos 49 víctimas en Mapiripán, en la medida en que miembros del ejército fueron cómplices de los paras en la masacre. Ocho años después se destapó la noticia de que al menos 12 víctimas, que habían recibido indemnización del Estado a raíz de la sentencia de la Corte, habían inventado la muerte de sus familiares en la Masacre de 1997. La Corte, sin embargo, se sostuvo en su fallo y reiteraba que “es obligación del Estado investigar debidamente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colombia que han costado la vida a miles de colombianos y que han contado con la comprobada aquiescencia y/o participación de agentes estatales”.
“Padre, aquí estoy con tus nietas y más acompañantes conmemorando tus 21 años de muerto. En nuestras mentes siempre vives. Te amamos”. Viviana Barrera, lideresa y víctima de la masacre.
