Nueve líderes y lideresas de todo el país son quienes encabezan la acción de tutela, en la cual, le exigen al Estado, que cumpla con las garantías de seguridad acordadas en el punto 3.4 del Acuerdo de Paz de la Habana.
Los nueve demandantes, provenientes de todo el país, no han tenido otra alternativa que exigir mediante una acción de tutela la protección de su derecho fundamental de ejercer un liderazgo y abogar por la defensa de los Derechos Humanos en el país. La petición se radicó hoy en el Tribunal Superior de Bogotá, y fue acompañada con un acto simbólico realizado con el acompañamiento de algunos líderes y de los colectivos de abogados que fueron apoderados para llevar el proceso, entre ellos Dejusticia y La Comisión Colombiana de Juristas.
Las personas accionantes de esta tutela son, en su mayoría, víctimas del conflicto armado. Hombres y mujeres que hoy se dedican a liderar y promover la implementación del Acuerdo Final de Paz, el derecho a la tierra y el territorio, los derechos ambientales, la sustitución de cultivos de uso ilícito, los derechos étnicos y culturales, el derecho a la educación y, en general, la construcción de paz a nivel territorial.
Según la Comisión de la Verdad, desde el año 1986 han sido asesinados en Colombia 4.756 representantes líderes de diferentes sectores sociales. Durante los últimos tres años han sido asesinadas cada mes, en promedio, doce personas defensoras de derechos humanos. Según el último informe anual del Programa Somos Defensores, en 26 de los 32 departamentos de Colombia se registraron casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.
A los tutelantes los apoyó un colectivo de organizaciones conformadas por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Cumbre Agraria, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, con asesoría de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y Dejusticia, entre otras.
Aunque la mayoría de estas organizaciones han conversado con el gobierno en la Comisión de Garantías de Seguridad, la instancia creada por el Acuerdo para proteger a los líderes, no ha habido éxito y ahora buscan protección vía tutela. Los líderes y las organizaciones exigen a la Corte Constitucional declarar que existe un Estado de Cosas Inconstitucional frente a la violencia contra líderes y lideresas sociales.
Los argumentos de la tutela
Según Dejusticia, el litigio que presentan tiene dos objetivos. Primero, el reconocimiento del derecho a defender derechos humanos y de las obligaciones que el Estado tiene respecto de éste. Y, segundo, la exigencia del cumplimiento de las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo Final de Paz.
Para Dejusticia el Estado tiene la obligación de cumplir el Acuerdo Final de Paz de buena fe. Además, argumentan que en el Acuerdo Final de Paz están contenidos los parámetros que mejor cumplen las obligaciones que tiene el Estado respecto del derecho a defender los derechos humanos de las y los colombianos.
Según los juristas de Dejusticia, en la tutela se muestra que existe una correlación entre la violencia que sufren las y los defensores de derechos humanos, la persistencia del conflicto armado luego de tres años de firmado y los esfuerzos de implementación del Acuerdo Final de Paz que ha tenido tantos tropiezos.
Como hemos informado en ¡Pacifista!, los intentos de protección por los que ha optado el Estado a través de los esquemas de seguridad no han sido adecuados ni efectivos en su totalidad, pues, según argumenta Dejusticia que las agresiones no disminuyen porque en lugar de atacar las causas del riesgo (rentas ilegales, control territorial de grupos armados, participación política), se reacciona aisladamente a cada ataque (por ejemplo, protegiendo los líderes más visibles, pero abandonando los demás); las medidas que se adoptan no se compadecen del contexto territorial en el que se viven y trabajan las personas defensoras; y las medidas de protección no tienen enfoque diferencial de género, étnico racial y/o cultural.
Según la organización: “la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha afirmado antes la importancia de la defensa de los derechos humanos en Colombia y de los altos riesgos que tiene ejercer tal actividad en el país. Como consecuencia, reconoció el derecho fundamental a la seguridad personal. Este derecho se ha materializado en Colombia en un modelo de protección donde no se adoptan medidas que garanticen el ejercicio de la defensa de derechos, que prevengan las vulneraciones a la libertad de reunión, de locomoción, de asociación, de participación política, de manifestación pacífica y pública, y que protejan colectivamente a las organizaciones y las comunidades, entre otras, como lo señala la Declaración de Naciones Unidas”.
Exigencias al Gobierno Nacional
En la acción de tutela presentada, los accionantes sostienen que, tanto la la negativa del gobierno frente al cumplimiento de las garantías de seguridad acordadas en el Acuerdo Final de Paz (punto 3.4 del Acuerdo); como la implementación del llamado Plan de Acción Oportuna (PAO) -que según el Presidente ha sido efectivo y ha logrado atajar el problema- son hechos que vulneran tanto el mandato constitucional establecido en el Acto legislativo 02 de 2017 que impone a las autoridades el deber de cumplir de buena fe lo acordado en el AFP, como las obligaciones internacionales del Estado respecto del derecho a defender derechos humanos.
Los líderes y las organizaciones aseguran que: “en general no se adoptan medidas en pro de la generación de un ambiente favorable para defensa de los derechos humanos”. En ellos radica la acción presentada.
Como consecuencia de lo anterior, los líderes piden al juez constitucional que declare como inconstitucional la grave situación de seguridad que enfrentan quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en el país, y como consecuencia: que ampare los derechos fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos; tome medidas estructurales para superar la crisis y retenga competencia para hacer seguimiento al cumplimiento de lo ordenado.
Específicamente se le pide que se pronuncie sobre la obligación de las autoridades de cumplir las medidas contenidas en el Acuerdo Final de Paz, y también que reconozca judicialmente la obligación de construir, junto con la sociedad civil, una política pública que garantice integralmente el derecho a la defensa de derechos humanos.
“La política que el Gobierno plantea formular, no es una que cuente con la consulta y el acuerdo de las principales organizaciones de DD.HH y de víctimas”: Rodrigo Uprimny
¿No hay ninguna acción de tutela anterior relativa a la protección de los líderes?
En el pasado ha habido tutelas sobre la protección de líderes y defensores de DD.HH. En alguna de ellas, de los años 90, incluso se declaró un Estado de cosas inconstitucional, por la debilidad de la protección Estatal a la protección de los DDHH, que fue declarado por la Corte Constitucional. Precisamente por eso consideramos que existía unas bases jurisprudenciales para defender la idea del derecho a defender derechos y los deberes del Estado en garantizar aquellas actividades.
No conocemos Tutelas recientes orientadas a buscar lo que nosotros pretendemos con esta: que es que a través de estos casos individuales, no solo se resolviera la situación específica de los accionantes, sino que los jueces exigieran al Gobierno que implementen las garantías contempladas en el Acuerdo de Paz.
¿Se optaron por otros mecanismos directos con el Gobierno?
Se optaron con otros mecanismos directos con el Gobierno, desde Dejusticia no, porque no era un tema donde tuviéramos un espacio de interlocución con el Gobierno, pero varias de las demás organizaciones buscaron una interlocutorio con el Gobierno para lograr una mejor política para garantizar la defensa de los líderes, pero no obtuvieron respuestas apropiadas.
Por eso se retiraron del proceso de concertación con el Gobierno, y por eso la política que el Gobierno plantea formular, no es una que cuente con la consulta y el acuerdo de las principales organizaciones de DD.HH y de víctimas.
¿Qué se espera de ser aceptada la tutela? Existe un PAO que el Gobierno defiende a capa y espada, pero no parece tener mucha efectividad. Y también, porque según entiendo la tutela es una acción que espera una respuesta inmediata ¿cuál sería esa?
Teniendo en cuenta que el gobierno aparentemente tiene una política que es el Plan de Acción Oportuna (PAO); lo que nosotros consideramos, en primer lugar, es que esta política se ha revelado ineficaz, pues no ha disminuido la violencia y amenazas contra líderes sociales.
Segundo, es inapropiada, pues no toma en cuenta las especificidades y particularidades de los distintos líderes sociales, lo que uno llama enfoques diferenciales. No ha sido tampoco participativa de que se haya desarrollado en consonancia con las visiones y las recomendaciones con los propios protegidos; y finalmente, es una política que se centra en la protección individual y no en la garantía colectiva del derecho.
En ese sentido, lo que propone la tutela es que el Acuerdo de Paz ofrece otros instrumentos y mecanismos de garantías, que son colectivos de la labor de los líderes sociales, y que precisamente, solicitamos que se pongan en marcha.
Parece absurdo que se llegue hasta este punto para que el Gobierno y el Estado cumplan sus funciones constitucionales…
Sí… Es realmente absurdo, pero esa es la triste realidad del país. De que muchas veces las acciones judiciales son simplemente para que las autoridades cumplan con sus deberes más básicos.
Los líderes que son el rostro de esta tutela
Deobaldo Cruz – Líder campesino
Deobaldo pertenece a la Asociación Campesina de Puerto Asís (ASOCPUERTOASIS), en Putumayo, y es el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Cumbre, corregimiento de la Carmelita. Su liderazgo se caracteriza por la defensa y protección del territorio, específicamente, frente a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.
En junio de 2019, Deobaldo perdió su ojo izquierdo luego de ser herido con un perdigón lanzado por el ESMAD durante una operación en la que los campesinos pedían que suspendieran los procesos de erradicación forzada de cultivos y se cumpliera lo pactado en el Acuerdo de Paz.
Esta situación ha generado en la comunidad de la vereda la Cumbre miedo de ejercer cualquier reclamo de derechos y decepción por la forma en la que el gobierno resuelve las diferentes problemáticas sin tener en cuenta los protocolos que incluyen el respeto por los derechos humanos de las comunidades y el respeto por el Acuerdo de Paz.
Martha Lucia Giraldo – lidereza de víctimas
Martha hace parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) desde el año 2008, año en el que también asumió la secretaría técnica del Capítulo del Valle del Cauca de esa organización. Ha sido víctima de aproximadamente diecinueve amenazas y entre ellas, ha recibido panfletos firmados por las Águilas Negras donde se le declara “objetivo militar”.
Martha ha visto la necesidad de restringir sus libertades. No puede elegir a qué territorios va a hacer actividades de promoción, respeto y garantía de derechos. Así mismo, Martha es víctima de la ejecución extrajudicial de la que fue objeto su padre, José Orlando Giraldo Barrera, por parte del Ejército Nacional que lo presentó como guerrillero dado de baja en combate el 11 de marzo de 2006.
Oscar Gerardo Salazar Muñoz – líder sindical y campesino
Oscar es defensor de Derechos Humanos, directivo sindical, líder de organizaciones campesinas del Cauca y del Macizo Colombiano. Realiza su labor de defensa de derechos humanos en el movimiento político Marcha Patriótica del Cauca, departamento en donde han sido asesinados más de 60 personas defensoras de derechos humanos pertenecientes a dicho movimiento, entre el año 2016 y 2019.
Oscar ha defendido los derechos del campesinado como grupo cultural y sujeto de especial protección constitucional. A partir de este liderazgo, ha defendido la participación de las comunidades en las políticas extractivistas y a la política minero-energética, lo cual considera es lo que más lo ha puesto en riesgo. Debido a las constantes amenazas, Oscar cuenta con esquema de protección otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde el 13 de marzo de 2018. El 17 de agosto de 2019 hombres armados dispararon contra el líder y a su esquema de seguridad.
Isabel Cristina Zuleta – líderesa ambiental
Isabel es representante legal de Ríos Vivos y presidenta de la organización de mujeres Asociación de Mujeres Defensoras del Agua y de la Vida. Ríos Vivos es un movimiento ambientalista que agrupa a 15 organizaciones sociales de base que tienen presencia en el norte y occidente del departamento de Antioquia. Su trabajo gira en torno a la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y en los Derechos Civiles y Políticos vulnerados por la construcción de la represa de Hidroituango.
Al 20 de diciembre de 2018, el Movimiento Ríos Vivos había recibido: 27 amenazas, 2 asesinatos de líderes, 20 casos de seguimientos y vigilancias, 4 casos de hostigamientos, 2 casos de desalojos forzados, 18 casos de estigmatizaciones y señalamientos, 10 casos de discriminación por parte de funcionarios del Estado en contra de integrantes del Movimiento Ríos Vivos, 6 casos de destierro y desarraigo, 1 caso de retención ilegal, 6 casos de ataques a la vida e integridad física por parte de la Hidroeléctrica Hidroituango, 1 caso de empadronamiento, 1 ataque con explosivos, 2 casos de desplazamiento masivo por el desarrollo y 5 ataques generalizados que incluyen agresiones verbales, físicas y raptos ilegales.
A pesar de las denuncias por la estigmatización que han hecho las autoridades, hasta el momento no se ha tenido resultado de las investigaciones de la Fiscalía y de la Procuraduría por estos hechos denunciados.
Fabián de Jesús Laverde Doncel – Líder defensor DD.HH
Fabián es vocero a nivel nacional de la comisión de derechos humanos del Congreso de los Pueblos, Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular..Desde el año 2006, se vinculó a la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) y empezó a realizar acciones en defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado, de las empresas petroleras y de las comunidades campesinas e indígenas, principalmente, en los departamentos de Casanare y Boyacá.
El 25 de marzo de 2017, mediante un mensaje de texto vía celular se amenazó de muerte a los dirigentes de Congreso de Pueblos, lo cual implicaba a Fabián como parte de la dirigencia de esta organización. El colectivo de defensores al que pertenece también ha sido víctima de hurto de equipos como cámaras de vigilancia instaladas para protegerlos. Fabián afirma que tanto él como sus familias han estado en zozobra constante por los recurrentes hostigamientos.
Arnobi Zapata – líder campesino
Arnobi es también el presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina y ejerce la vocería de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana -Coccam- desde marzo de 2019.
En 2016, mientras socializaba los avances de las negociaciones del Acuerdo de Paz, dispararon tres veces a su casa y le dejaron un panfleto donde le advirtieron que si seguía hablando del tema las próximas balas “se las meterían en la cabeza”. A partir de este hecho, Arnobis y su familia se desplazaron a Montería bajo las medidas de protección de la Policía Nacional.
Antes realizaba su trabajo de liderazgo de vereda en vereda, pero con los esquemas de protección y debido a las condiciones de seguridad, no le es posible trasladarse a los territorios; y es más difícil acercarse a la gente, que se atemoriza cuando hay presencia de escoltas. Actualmente, las reuniones deben realizarse en los cascos urbanos de los corregimientos por la presencia de los grupos armados en las veredas, lo que dificulta la entrada de los líderes por las amenazas de las cuales son víctimas.
Alejandro Palacio – líder estudiantil
Alejandro es también el presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES). En 2018, a medida que se prolongó el paro nacional universitario que los estudiantes promovieron, hubo un aumento en las protestas y también en las amenazas a líderes estudiantiles, la criminalización, la estigmatización y el abuso policial.
Fue tal el nivel de señalamiento y de estigmatización que en la calle le gritaban a Alejandro comunista, guerrillero, castrochavista y “ojalá te maten”. Por esto, Alejandro decide interponer denuncia ante la Fiscalía y pronunciarse.
El 10 de noviembre de 2018, la Unidad Nacional de Protección (UNP) decide otorgarle esquema de protección de emergencia a Alejandro, sin embargo las amenazas continúan. El 20 de noviembre de 2019, Alejandro Palacio fue nuevamente amenazado a través de un panfleto de las Águilas Negras-Bloque Capital D.C. Si bien el esquema de protección le ha brindado seguridad a Alejandro, también lo hace más visible por donde transita. Ésto, unido con la estigmatización que ha sufrido como líder estudiantil, ha provocado reacciones violentas por parte de personas que se lo encuentran por la calle. Sin embargo, él es consciente que necesita el esquema de seguridad para poder proteger su vida e integridad física.
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Hoy ,Día de los Derechos Humanos, ¡Pacifista! apoya esta petición: #JuntasSomosVictoria para exigir al Gobierno Nacional que garantice medidas de prevención y protección efectivas para salvaguardar la vida de las defensoras territoriales y medioambientales en Colombia
Te invitamos a ingresar al siguiente link para que firmes y compartas esta petición: https://www.juntassomosvictoria.org/
