#ANÁLISIS | La respuesta del gobierno a los problemas de orden público en el país siempre será la militarización y el uso de la fuerza. Claramente eso no funciona y lo que ocurrió en Bogotá es un ejemplo más.
En la madrugada del 10 de septiembre, desde el Puesto de Mando Unificado en el que se le hacía seguimiento a las protestas en Bogotá contra la violencia policial, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo lamentó la muerte (no el asesinato, omitiendo la responsabilidad de la Policía) de Javier Ordóñez y anunció que el gobierno nacional ya estaba colaborando para que la investigación sobre ese caso esclareciera en brevedad lo que había sucedido (como si no existiera un video del momento en que dos policías se exceden en el uso de la fuerza contra un Ordóñez).
Trujillo también pidió que no se estigmatizara a la Policía, una institución muy querida por los colombianos según el presidente Iván Duque y el ministro (aunque el 75,4 por ciento de los bogotanos desconfía del trabajo de esa fuerza pública de acuerdo con un estudio del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes).
Vamos con un hilo sobre la poca confianza de los bogotanos en la @PoliciaBogota y cómo se manifiesta. 👇
En los últimos 16 años la confianza de los bogotanos en la #Policía se desplomó. pic.twitter.com/63Vkzmq3EX— ObsDemocracia (@ObsDemocracia) September 11, 2020
Seguido a eso, quizá sintiendo que así controlaría el descontento social por la violencia policial, anunció el envío de más fuerza pública a Bogotá, como si estuviese mandando un contingente militar a una batalla o un combate. “Se reforzará el dispositivo de la Policía con 750 uniformados más 850 que llegan de otras partes del país. 300 soldados de la Brigada 13 del Ejército apoyarán las labores de la Policía”. Luego ofreció hasta 50 millones de pesos por información de los autores del asesinato de cinco personas en Bogotá y Soacha en medio de las protestas —para ese momento se tenía esa cifra— y de los “responsables del vandalismo”.
#Atención
El balance de dos días de vandalismo sistemático y coordinado es de 194 policías lesionados (183 de ellos en Bogotá, 7 en municipios de Cundinamarca, 2 en Cali y 2 en Medellín).
10 civiles muertos (7 en Bogotá y 3 en Soacha) y 209 civiles lesionados: @CarlosHolmesTru pic.twitter.com/jN9eH094kd— Mindefensa (@mindefensa) September 11, 2020
La respuesta del actual gobierno nacional a los problemas de orden público que ocurren en el país siempre será la militarización y el uso de la fuerza. La noche anterior al pronunciamiento del ministro Trujillo estaban circulando por redes sociales imágenes de cómo miembros de la Policía de Bogotá y de su Escuadrón Móvil Antidisturbios golpeaban, detenían arbitrariamente y disparaban con armas de fuego (que son de dotación) en contra civiles que incluso no estaban protestando. Las mismas escenas se repitieron el 10 de septiembre. Recobraban y mantenían el orden a como diera lugar.
Esa misma reacción se ha visto en otras regiones del país y en otras circunstancias donde se ha alterado el orden público. Tras varios meses violentos que vivieron los habitantes de la subregión del Bajo Cauca antioqueño en el primer semestre de 2019, debido a los enfrentamientos entre el Eln, los Caparrapos y el Clan del Golfo, Duque anunció en julio el envío de 300 militares para reforzar la seguridad en esa zona. Sin embargo, la violencia no ha parado: continúan los ataques contra líderes sociales de la subregión y los episodios de desplazamiento masivo (los más recientes ocurrieron en los municipios de Cáceres y Tarazá).
Guillermo Botero, quien fue ministro de Defensa, anunció en agosto del año pasado el envío de 450 soldados más a la Tercera Brigada del Ejército, unidad militar que hace presencia en el Cauca. Lo hizo después de un consejo de seguridad debido a los constantes combates entre grupos armados ilegales y el asesinato de varios líderes indígenas de ese departamento. Dos meses después, en octubre, Duque decidió mandar más militares al Cauca tras la masacre de cinco indígenas nasa en Toribío: 2.500 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4 (Frudra 4).
“Con eso se busca cumplir tres propósitos: control territorial, cerrar las rutas del narcotráfico empleadas por organizaciones ilegales y desmantelarlas”, dijo Duque en ese momento. Pero en el departamento se siguen masacrando a los indígenas y a los caucanos. El 2 de agosto de este 2020 fueron asesinados tres comuneros del territorio indígena de Canoas, en el municipio de Santander de Quilichao. Y el 21 de agosto ocurrió la masacre de El Tambo, donde seis personas murieron.
En el Catatumbo, una región del oriente del país donde históricamente el conflicto armado y social ha enturbiando el orden público, Duque mandó a 3.000 soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 (Frudra 3) en octubre de 2018. ¿Mejoró la seguridad y se recobró el orden con ese aumento de la fuerza pública? El Eln y el Epl, en febrero de este año, decretaron un paro armado. Además, en esa zona de Norte de Santander no paran los asesinatos de líderes sociales y de campesinos vinculados a la sustitución de cultivos de uso ilícito.
No hay que dejar por fuera el arribo al país de una fuerza militar de Estados Unidos, la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por su nombre en inglés). Esta brigada, que llegó en junio de este año, apoyará a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales que manejan ese negocio según explicó el ministro Trujillo y la Embajada de Estados Unidos en el país. Aunque es muy temprano para hablar de resultados sobre esa estrategia, deja a un lado otras fórmulas para enfrentar al narcotráfico.
Hasta ahora, como se ha demostrado, el uso de la fuerza y la militarización para restablecer o mantener el orden público no ha dado resultados. Tanto en el Cauca y las regiones del Bajo Cauca antioqueño y el Catatumbo persiste la violencia y el control territorial por parte de grupos armados. Y en el caso de Bogotá, tampoco sirvió. ¿Por qué? El aumento del pie de fuerza nubló por completo el problema de fondo: acabar con la violencia policial y reformar a la Policía Nacional para que casos como el asesinato de Javier Ordóñez o la muerte de 13 personas (en su mayoría jóvenes) durante las protestas no se repitan.
La reforma a la Policía era respuesta inmediata que debió dar el gobierno nacional la noche del 9 y el 10 de septiembre, pero un grupo de congresistas y organizaciones civiles son quienes están proponiendo esa reforma.
(Aprovechamos para recomendarles esta charla que tuvimos con los representantes a la Cámara Inti Asprilla y María José Pizarro y con Jerónimo Castillo, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, sobre los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso para regular el poder que tiene la Policía Nacional).
En el Catatumbo, el envío de militares nubló otras posibles soluciones al conflicto armado y social: mayor gasto en salud y educación, más oportunidades de empleo, cumplimiento a quienes se inscribieron al programa de sustitución de cultivos de uso ilícito, mejor protección a los líderes sociales y comunitarios, entre otras. En el Bajo Cauca antioqueño ocurrió lo mismo, igual que en el Cauca. Justamente un informe de Indepaz sobre la situación de derechos humanos en el Cauca, publicado el pasado mayo, señala que la extrema militarización en ese departamento “resulta inversamente proporcional a la presencia de la institucionalidad”.
