Organizaciones defensoras de derechos humanos en América Latina, África y Asia firmaron una carta apoyando el Acuerdo Final.
- Según las 68 organizaciones firmantes, la implementación del Acuerdo Final contribuirá a poner fin a las violaciones de derechos humanos en Colombia. Foto: Santiago Mesa
La comunidad internacional ha sido clave en el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc. Durante los cuatro años de negociación, Cuba y Noruega fueron garantes del proceso, mientras Chile y Venezuela fungieron como acompañantes: los cuatro ayudaron a mediar cuando las cosas se pusieron difíciles y, junto al Comité Internacional de la Cruz Roja, facilitaron tareas logísticas. Con el tiempo, Estados Unidos, el Vaticano, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apoyaron los diálogos, enviaron delegados a la mesa o se comprometieron a aportar recursos para la implementación de lo pactado.
Ahora, en la última recta de la campaña por el plebiscito, 68 organizaciones defensoras de derechos humanos de América Latina, África y Asia decidieron sumarse al respaldo internacional al proceso de paz. En un carta abierta, oenegés de México, Argentina, Venezuela, Paraguay, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica, Egipto, Honduras, Guatemala, Uruguay, Kenia, Indonesia, Sudáfrica, Nicaragua y Bolivia declararon que respaldan el “SÍ” en la contienda del próximo 2 de octubre, en la que se aprobará o rechazará el Acuerdo Final alcanzado en Cuba.
En el documento, las organizaciones opinaron que el Acuerdo representa, además de la terminación del conflicto armado con las Farc, “un paso importante en el proceso de memoria, verdad, justicia y reparación histórica y social en un país que ha vivido una crisis humanitaria y de derechos humanos durante los últimos 50 años”. Asimismo, que “poner fin a la guerra supone terminar con las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que afligen a la población colombiana, y en particular a la rural”.
Las entidades valoraron los acuerdos de desarrollo rural y solución al problema de las drogas ilícitas, sobre los cuales dijeron que “plantean nuevos abordajes a problemas históricos”. Respecto a los puntos de participación política y víctimas, consideraron que fortalecen la democracia y que ofrecen “mejores garantías para asegurar los derechos de los casi ocho millones de víctimas del conflicto” y para impedir la repetición de las violaciones de derechos humanos.
Las oenegés también afirmaron que aprobar el Acuerdo permitirá “activar, precisar y vigilar los mecanismos que necesita Colombia para asegurar los principios de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”. Además, pidieron ser tenidas en cuenta para apoyar el monitoreo de la eventual implementación del Acuerdo, que se pondría en marcha inmediatamente después del plebiscito si gana el “SÍ”.
La carta se construyó por iniciativa del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una onegé fundada durante la última dictadura militar argentina para promover los derechos humanos y la democracia en ese país. Según Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, la paz con las Farc “es un momento histórico para Latinoamérica”, en el que se debe valorar el Acuerdo como un punto de partida para poner fin a las “violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos”.
Respecto al papel que el CELS y otras organizaciones podrían jugar en la etapa de posacuerdos, Chillier dice que “en función de nuestra experiencia y nuestra historia, nuestra intención es apoyar el importante trabajo de las organizaciones colombianas en el monitoreo de la implementación”. Al respecto, el Acuerdo contempla la participación de organizaciones sociales en el monitoreo del cese al fuego bilateral y definitivo y de la dejación de armas, así como en la construcción de nuevas instituciones políticas, electorales, judiciales y de seguridad.
Entre los firmantes se encuentran las Abuelas de Plaza de Mayo, de Argentina; la Asociación Pro Derechos Humanos, de Perú; el Colectivo de Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Comité de Familiares de las Víctimas, de Venezuela, y la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales.
Varias organizaciones colombianas también apoyaron la carta. Entre ellas se encuentran la Corporación Humanas —que asistió a la mesa de conversaciones para participar en las discusiones sobre la inclusión del enfoque de género en los acuerdos—, Dejusticia y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo—que contribuyeron a los debates sobre justicia transicional— y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) —que apoyó a las delegaciones de víctimas que viajaron a La Habana—.
