El balance de la Unidad de Restitución de Tierras no es el mejor: el 63 % de las personas que sufrieron el despojo no han sido reconocidas por los jueces.
La restitución de tierras para más de 3,5 millones de desplazados es una necesidad para construir la paz en Colombia. El expresidente Juan Manuel Santos lo sabía y por eso, antes de que comenzara la negociación de paz en La Habana, sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Con la reparación integral para cerca de 8 millones de víctimas, dijo Santos, se comenzaron a “sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”. Siete años después de que se sancionara esta ley, el gobierno restituyó 313.129 hectáreas a 39.995 víctimas del conflicto armado.
El proceso apenas comienza y, para que la restitución avance, es necesario el compromiso del presidente Iván Duque. En estos momentos no se tienen certezas sobre la voluntad del gobierno y, por lo pronto, solo podemos estar seguros de un peligro real: la modificación de la Ley de Víctimas de Restitución de Tierras que pretende llevar a cabo el Centro Democrático. Lo quiere hacer a través de un proyecto de Ley que presentó la congresista María Fernanda Cabal el cual busca cambiar la restitución de tierras, pues según ella, hay “víctimas que se convirtieron en victimarios”, ‘despojando’ a los dueños de buena fe.
Con este proyecto, Cabal busca proteger a los empresarios o particulares que ocuparon tierras que en su momento fueron despojadas a las víctimas del conflicto. La senadora del Centro Democrático se escuda en los principios de “confianza legítima” y de “buena fe” para darle un giro a la restitución de tierras en el país. Este giro podría terminar sepultando el proceso de restitución que Santos comenzó. La misma María Fernanda Cabal se ha referido a los reclamantes de tierras como “vagos y bandidos que no les gusta trabajar”.
Lo que está en juego, además de la restitución, es la pobreza del campesinado colombiano. Según cifras del mismo gobierno, el 77 % de la tierra en Colombia está en manos del 13 % de los propietarios y 6,6 millones de hectáreas fueron despojadas a los campesinos por los violentos. Con la violencia, 17.2 millones de hectáreas productivas en donde podrían trabajar los campesinos están siendo subutilizadas por los grandes propietarios. Sin tierras, los campesinos se han visto obligados a trabajar en condiciones precarias: el 60 % del empleo rural es informal, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura.
De acuerdo con Jhenifer Mojica Flórez, subdirectora Comisión Colombiana de Juristas, el proyecto de Ley de Cabal “ataca la columna vertebral de la restitución de tierras, pues de ahora en adelante todos los propietarios van a ser de buena fe y así van a justificar el despojo que han tenido que sufrir miles de campesinos. Los que hemos trabajado en el tema del despojo sabemos que esta fue una empresa de actores criminales, quienes con masacres y desplazamientos le permitieron a los empresarios apropiarse de las tierras. De hecho, la restitución ha tenido muchos obstáculos: esos mismos grupos criminales han amenazado y asesinado a líderes de restitución de tierras”.
El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue uno de los autores de la Ley de Restitución de Tierras. Según él, si se aprueba el proyecto de Ley de María Fernanda Cabal se estaría “legalizando el despojo. Evidentemente el proyecto no quiere darle garantías a los ocupantes, que es lo que ella dice. Las garantías ya las tienen y están en la ley. Si usted demuestra buena fe en la compra de un predio ante el Estado colombiano, nadie se lo va a quitar. Lo que ella busca con el proyecto es crear una segunda instancia para los campesinos despojados que reclaman tierras, lo que demoraría más todo el proceso”. Para Cristo, la pelota queda en el campo de Duque: “Al Centro Democrático nunca le ha gustado la restitución de tierras, y ahora que están en el gobierno quieren modificar la ley. Si lo hacen, le estarían dando cristiana sepultura a un proceso que es ejemplar en todo el mundo”.
Para Alejandro Suárez, líder de restitución de tierras, el proyecto de Cabal tiene varios problemas: “No tiene sentido que diga que es para proteger a los campesinos poseedores de buena fe, pues en la Ley 1448 queda claro que quien posea el predio debe demostrar que lo adquirió de buena fe. Segundo, ella quiere que se cree una segunda instancia para beneficiar a los despojadores de la tierra en Colombia. Tercero: pretende cambiar la carga de la prueba, es decir, que la persona despojada demuestre que el predio le pertenece, cuando la ley es clara en que si tú fuiste despojado y tu vida corría peligro por la violencia generalizada la ley te da la razón a ti, porque tuviste que abandonar tu territorio por la violencia. Quien tiene que demostrar que posee el terreno de buena fe es el propietario. Por último, ella olvida que los notarios en muchas regiones participaron de ese despojo, legitimando la forma irregular en la que grupos al margen de la ley adquirieron los predios”.
¿En qué va la restitución?
En medio de esta coyuntura política, la Comisión Colombia de Juristas presentó el informe “Cumplir metas, negar derechos: balance de la implementación del proceso de restitución de tierras en su fase administrativa 2012-2017”. El documento resulta revelador, pues rescata las bondades de la Ley de Restitución de Tierras pero demuestra, al mismo tiempo, que existen varias promesas incumplidas. A la fecha, por ejemplo, el 63 % de las víctimas de despojo no han accedido siquiera a la primera fase del proceso judicial para recuperar sus tierras.
La Unidad de Restitución de Tierras tiene varias tareas por resolver. Según el informe, existen 4.264 sentencias judiciales ordenando la restitución que “no han logrado materializarse en su totalidad por cuellos de botella estructurales de articulación interinstitucional”. Además, de 88.489 solicitudes de víctimas para acceder a la restitución, solo 22.711 han sido aceptadas. Esto quiere decir que a 40.253 víctimas “les han cerrado la puerta para acceder al proceso de restitución de tierras, sin que se pueda precisar en detalle las razones por las que fue fueron negados los procesos”.
Uno de los aspectos preocupantes que revela el informe es el bajo nivel de cumplimiento. En el periodo 2015-2017, por ejemplo, el avance en restitución fue del 26,9 % (midiendo el trámite de inscripciones). En los últimos años, agrega el informe, se presentaron reformas que aumentaron los requisitos de inscripción para las solicitudes de restitución, “lo cual pudo motivar la evacuación de solicitudes acumuladas por medio de negaciones (…) Los avances en el cumplimiento de metas con los que se busca justificar el cierre de la etapa administrativa se basan en decisiones que niegan el acceso a la justicia de los reclamantes”.
Alejandro Suárez nos dijo que la política de la Unidad de Restitución de Tierras falló, pues no tuvo como foco principal restablecer “los derechos perdidos por las comunidades rurales en el país”. Uno de los problemas, señala, es que la Unidad trabaja con una lógica conceptual diferente, pues ellos entienden el conflicto como una lucha entre guerrilla y paramilitares, cuando las Fuerzas Armadas hicieron alianzas con paramilitares y con narcotraficantes que despojaron a miles de familias. Los casos en donde están implicadas las Fuerzas Armadas son muy difíciles”.
La Unidad de Restitución de Tierras, dice el informe, necesita implementar reformas para garantizar los derechos de las víctimas, pues hasta el momento el balance no es alentador. “El proceso de restitución de tierras constituyó un hito en la garantía y la protección de los derechos de las víctimas de despojo y abandono forzado en el país (….) La labor de la Unidad de Restitución de Tierras ha sido imprescindible. Su meta, por tanto, debe ser la de seguir ampliando la protección de los derechos de esta población”, concluye el informe de la Comisión Colombiana de Juristas. Con el proyecto de Ley que propone María Fernanda Cabal, esta meta podría ser inalcanzable.
