¿El modelo minero-energético se negociará con el ELN? Así está el mapa de la discusión

La guerrilla le propuso a la sociedad civil que creara una "agenda minero-energética para la paz", que sería discutida en Quito.

Los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN no han iniciado y ya parecen empantanados. La guerrilla no ha cumplido la exigencia del Gobierno de liberar al excongresista Odín Sánchez. Diplomáticos, dirigentes de organizaciones sociales, académicos y periodistas perdieron el viaje a Ecuador para la instalación de la mesa de conversaciones, y la desconfianza pública en el proceso aumentó luego de que el Ejército anunciara que el ELN asesinó —presuntamente— a los conductores de dos furgones en Fortul (Arauca).

El aplazamiento de la ceremonia no sólo le restó credibilidad, sino también tiempo a una negociación para la que las partes sólo disponen de los 18 meses que le quedan de mandato al presidente Juan Manuel Santos. Más aún, cuando los negociadores siguen sin definir —al menos públicamente— la manera como la sociedad civil le entregará sus propuestas a la mesa, que arrancará las discusiones por el punto 1, llamado “participación de la sociedad en la construcción de la paz”.

El carácter participativo que tendrán las conversaciones hace que los retrasos también afecten a las organizaciones sociales que esperan tramitar sus demandas en Quito. En un comunicado, los líderes que viajaron a esa cuidad declararon que “las liberaciones previas y los diferentes gestos de las partes transmitieron un mensaje de esperanza y optimismo que hoy vemos truncado”. También dijeron que, pese a ello, continuarán “trabajando en el fortalecimiento de una propuesta de participación”.

Uno de los temas que promete ser objeto de discusión en la primera fase de los diálogos, en la que la sociedad civil será protagonista, es el modelo minero-energético del país. El pasado lunes, tres días antes de la fallida instalación de la fase pública, el ELN les propuso a los ambientalistas, a los sindicatos y a los pequeños mineros que crearan una “agenda minero-energética para la paz”, que sería abordada en el primer punto de las conversaciones entre esa guerrilla y el Gobierno.

En el texto de la propuesta, publicado en su revista Insurrección, el ELN dijo que “la minería y la explotación de hidrocarburos han estado vinculadas al conflicto armado” y que eludir esa discusión “imposibilitaría” la construcción de la paz. Aseguró, además, que el asunto deberá tratarse durante los diálogos y apeló a varios puntos que, dicen, hacen parte de su agenda política: el enfoque nacionalista que debería tener la extracción de los recursos, la necesidad de que las comunidades afectadas participen en la elaboración de las políticas públicas del sector y la protección del medio ambiente.

Que esa guerrilla llegue a consensos con el Gobierno no será fácil. El presidente ha dicho que el modelo económico es una “línea roja” que no piensa cruzar en las negociaciones con las Farc y el ELN. Incluso, la dinamización del sector minero ha sido una de las banderas de su gestión y, a hoy, ha creado 21 Batallones Especiales Energéticos y Viales para garantizar la seguridad de las empresas minero-energéticas y de hidrocarburos. Pese a ello, el ELN insiste en que concluir exitosamente el proceso de paz implica llegar a algunos acuerdos sobre el tema, aunque sea mínimos.

No en vano, Santos nombró en su equipo negociador a la exministra de Medio Ambiente y exdirectora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) Luz Helena Sarmiento. Sarmiento fue jefe de división de Cerrejón, directora de relaciones externas de Ecopetrol, gerente de medio ambiente de la extinta Termosantander y coordinadora socioambiental de la desaparecida petrolera estadounidense Amoco, adquirida en 2000 por la multinacional British Petroleum.

El presidente también incluyó en el equipo negociador con el ELN al exministro de Ambiente Juan Mayr, galardonado con el premio Medioambiental Goldman en 1993. Mayr es reconocido por crear la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, de la que hoy es miembro honorario. En la junta directiva de la Fundación tiene asiento Ecopetrol, y la entidad ha suscrito contratos para la ejecución de proyectos sociales con la Empresa de Interconexión Eléctrica (ISA) y con Carbones de Colombia, vendida en 2000 a un consorcio del que hace parte la multinacional Glencore.

Si Sarmiento conoce desde adentro la manera como las empresas se relacionan con las organizaciones sociales y el medio ambiente, Mayr sabe cómo tender puentes entre las comunidades y los sectores público y privado. Ambos enfoques serán de utilidad en la negociación con el ELN.

El Gobierno, además, deberá estudiar las propuestas de la sociedad civil. Una de las agendas más avanzadas está en manos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, de la que hacen parte organizaciones como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos. Desde que se creó, en 2014, la Cumbre incluyó en su pliego de peticiones un punto sobre minería. En él, propuso “construir un nuevo modelo minero–energético basado en la soberanía nacional, el aprovechamiento planificado, el desarrollo tecnológico propio, la protección ambiental y la redistribución de los rendimientos generados por las actividades mineras y energéticas”.

En junio pasado, luego de 15 días de protestas, la Cumbre y el Gobierno pactaron, entre otras cosas, la realización de ocho foros regionales y uno nacional para recolectar insumos que permitan diseñar una política pública minero-energética. El tema volvió a tratarse a finales de septiembre, cuando la Cumbre se reunió con delegados del Ministerio de Minas, la ANLA y las agencias nacionales de Minería y de Hidrocarburos para concertar la manera como se realizarán esos eventos.

Para José Murillo, vocero de la Cumbre e integrante del Congreso de los Pueblos, “es urgente que este tema se discuta en los escenarios creados por la sociedad civil, pero también en el de la mesa Gobierno-ELN. Como la agenda de estos diálogos tiene espacio para los problemas que afectan a las comunidades, es necesario que se escuche a todas las organizaciones sociales y políticas que tengan propuestas”.

Tender puentes con esas organizaciones no será fácil. Las relaciones entre el Gobierno y la Cumbre están rotas desde el pasado 20 de octubre, cuando la segunda se paró de la mesa de negociación por supuestos incumplimientos de los ministerios de Hacienda y Agricultura.

Otras propuestas podrían salir de los sindicatos. Desde hace varios meses, la Unión Sindical Obrera (USO), el Sindicato de los Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) buscan unificarse en un sindicato único minero-energético para negociar en bloque con las empresas y con el Gobierno. También, junto a otras organizaciones, trabajan en la consolidación de una Mesa Social Minero-Energética y Ambiental. Ambos escenarios podrían servirles para participar en los diálogos con el ELN.

Orlando Cuello, vicepresidente de Sintracarbón, dice que aún no hay una decisión colectiva frente al tema, pero que “tenemos la esperanza de participar en esos diálogos y llevar una agenda preparada”, que incluiría asuntos sobre regalías, derechos laborales y el papel de las empresas extranjeras en la extracción de recursos.

El pasado 26 de octubre, 46 organizaciones que trabajan temas ambientales también le hicieron saber al Gobierno y al ELN los puntos que, a su juicio, deberían discutirse en la mesa. Entre ellos se encuentra la prohibición del fracking y otras tecnologías que, según ellas, atentan contra la salud y el medio ambiente. Además, insistieron en la necesidad de respetar los mecanismos de participación popular.

Pero hay otras propuestas más acotadas. Richard Moreno, coordinador del Foro Interétnico Solidaridad Chocó y delegado de la Comisión Étnica para la Paz en la fallida instalación de la fase pública, opina que “el tema minero-energético afecta a todos los colombianos y no puede reducirse a una negociación con el ELN o con las Farc, que no representan a la mayoría”. También, que “la sociedad civil debe impulsar la mesa minero-energética independientemente de la mesa con el ELN”, no sólo por el asunto de la representación, sino también por los tiempos.

Según Moreno, una discusión amplia terminaría por “obstruir” los diálogos. El debate en la mesa, dice él, debería concentrase en tres puntos: la reversión de los títulos mineros que afectan a las comunidades, la revisión de la política criminal sobre minería ilegal —que, en su concepto, está concentrada en los pequeños mineros—, y la apertura de un diálogo nacional que permita el rediseño de las políticas minera y energética, con la participación de los empresarios.

Con tiempos tan reducidos, el Gobierno y el ELN deberán encontrar mecanismos expeditos para discutir esas y otras apuestas. Tampoco está claro qué papel jugará el sector privado en la negociación, que sería el primer implicado en las decisiones que se tomen en la mesa y que se encuentra en alerta máxima por las últimas decisiones de la Corte Constitucional, que decidió en agosto pasado que los departamentos, los municipios y los territorios indígenas pueden prohibir la minería en sus territorios.