#OPINIÓN | El uso de dineros públicos para arreglar la imagen del presidente no es nada nuevo, pero es una técnica muy peligrosa para adueñarse de la opinión pública.
Por: Emmanuel Vargas Penagos*
La investigación que hizo la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre las grandes inversiones de dinero del presidente Iván Duque para mejorar su imagen es un ejemplo de un problema antiguo en Colombia: los gobiernos tienen un poder muy grande para monopolizar el debate público. Parece que Duque sabe muy bien esto y quiere sacarle el mejor jugo a través de publirreportajes disfrazados, perfilamientos a influenciadores digitales y posicionamiento de tendencias en redes sociales, entre otras estrategias.
Monopolizar (o por lo menos intentar monopolizar) el debate público es un ataque contra la libertad de expresión. Es una forma de reducir las voces contrarias y de imponer una versión de los hechos. Quizá la versión más drástica del monopolio es la de la Unión Soviética, donde las leyes indicaban que la única ideología y forma de pensar válida era la dictada por el partido de gobierno. Eso servía para que, por ejemplo, los burócratas de Moscú ocultaran la ocurrencia del desastre nuclear de Chernóbil.
Después de la Unión Soviética han surgido modelos un poco más sutiles para monopolizar el debate público. Un ejemplo es Polonia, donde existen muchos medios de comunicación, pero el gobierno usa varios mecanismos legales, políticos y económicos para silenciar a sus críticos. Dentro de las distintas tácticas está el uso de los recursos de publicidad como castigo o premio. Un estudio de 2017 de la organización internacional Freedom House muestra que, en 2015 y 2016, medios liberales o centristas polacos habían recibido hasta 14 % menos de ingresos de publicidad, mientras que un solo medio de ultraderecha había aumentado sus ingresos por ese rubro en un 287 %. Otros países como Hungría y Turquía también han aplicado estrategias similares en los últimos años.
Puede que esto parezca normal a simple vista. Después de todo, ¿por qué voy a darle plata a alguien que habla mal de mí? Premiar o castigar dependiendo de la forma que hablen de uno y pagar por publirreportajes disfrazados puede parecer un tema de negocios y nada más. El problema es tan sutil que puede dejar de lado la consecuencia más grave: la gente recibirá menos información y menos puntos de vista. La ciudadanía tendrá menos insumos para considerar si el gobierno es bueno o malo y eso terminará afectando sus decisiones políticas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los medios de buena parte de Latinoamérica dependen principalmente del dinero que paguen los gobiernos por publicidad y en muchos casos preferirán autocensurarse “para evitar penurias financieras”.
La situación es mucho más grave si se tiene en cuenta que esa información reducida o con menos puntos de vista es sobre el gobierno, algo que en la mayoría de los casos tendrá muchos más efectos sobre la ciudadanía que un publirreportaje de jabón.
En medio de la crisis económica, los medios tienen muchas menos fuentes de ingresos. La crisis lleva a menos inversión por parte de las empresas en publicidad. Esto incrementa el poder de negociación del gobierno que, al mismo tiempo, quiere mostrarse como el que actuó de la forma más diligente posible en medio de la pandemia.
Duque está aplicando todo un paquete para crear ese monopolio o, por lo menos, para tener la posición más dominante en el debate público, que incluye el uso de recursos que nada tienen que ver con publicidad. Tampoco hay que olvidar el uso de otras estrategias como la vergonzosa visita de Carlos Holmes Trujillo y Francisco Santos al New York Times, acompañada de la carta a ese medio. Y cómo dejar de lado el programa de televisión de Duque, que ya se siente más largo que Padres e Hijos.
Los perfilamientos de cuentas de redes sociales que también denunció la FLIP, pagos con dinero de la Presidencia, también suman a esas acciones. Es verdad que muchas empresas y organizaciones hacen ese tipo de monitoreo de redes, pero es muy diferente que lo haga el gobierno, que es mucho más poderoso. Aunque digan que solo usan esa información para crear campañas, tienen un insumo que puede ser muy útil para presiones o ataques. No hay evidencia de que esté pasando algo similar, pero no se puede olvidar la forma en que el DAS, Presidencia y paramilitares perfilaban a la gente y compartían información hace unos años para determinar quién era enemigo y tomar acciones mucho menos sutiles como amenazas, torturas y asesinatos.
Esas formas de interferir indirectamente con la libertad de expresión están prohibidas por la Convención Americana de Derechos Humanos. También están prohibidas por el Estatuto Anticorrupción, que dice que los dineros de publicidad oficial o el uso de cualquier “otro medio o mecanismo similar que implique utilización de dineros del Estado” (como las redes sociales de una entidad) deben “buscar el cumplimiento de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos” y no para la “promoción de servidores públicos”.
Los gobiernos locales y nacionales de los últimos años han hecho poco o nada para evitar esta práctica y Duque parece estar lejos de acabar con ella. Tal vez era ingenuo esperar que el gobierno del partido que calificó a varios medios de comunicación de “enmermelados” durante el mandato de Santos (que también tuvo prácticas similares) siga perfeccionando la técnica.
*A Emmanuel lo encuentran por acá.
