OPINIÓN. El Gobierno y las Farc se comprometieron a garantizar los derechos de las mujeres. Es momento de pasar del discurso a los hechos. Análisis de Dejusticia.
Columnista: Ana Jimena Bautista Revelo*
El mayor reto de 2017 es consolidar la paz. El Acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc promete impulsar una reforma rural integral, un proceso de apertura democrática, un sistema que garantice los derechos de las víctimas del conflicto armado y algunas soluciones al problema de las drogas de uso ilícito. Promesas que deberán materializarse con un enfoque de género, el cual llegó al Acuerdo gracias a la persistencia del movimiento social de mujeres y permaneció en él, pese a haber sido tergiversado durante la campaña del plebiscito.
El fin del enfoque de género es avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres en el posacuerdo. Así, por ejemplo, se dispuso que existan mecanismos de acceso preferencial a la tierra para mujeres que carecen de ella o tienen insuficiente, y una serie de medidas que garanticen su permanencia digna en los territorios, relacionadas con acceso a educación, vivienda, salud, entre otros. Aspectos fundamentales si se tiene en cuenta que, según datos del Censo Nacional Agropecuario, las mujeres consideradas por el DANE como productoras tienen mayor proporción de Unidades Productoras Agropecuarias, pero de menor tamaño que los hombres productores.
En materia de participación, el Acuerdo busca garantizar mayor participación política de las mujeres, de tal manera que, por ejemplo, se reduzcan y redistribuyan las cargas de cuidado como condición para ello. Así, mientras las mujeres somos minoría en las esferas de poder (en el periodo de 2014 a 2018 tan solo el 20% del Congreso está conformado por mujeres), en actividades de cuidado no remunerado tenemos una mayor carga que los hombres (asumimos el 79.4% del total de horas dedicadas a esas tareas).
Es necesario materializar el enfoque de género, debido a las deudas del Estado con las mujeres, en especial con las mujeres víctimas y rurales. Propongo cuatro medidas para caminar en esa dirección:
En primer lugar, el Gobierno debe garantizar la participación de las mujeres en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi), la instancia más importante para la ejecución del Acuerdo. La Comisión tiene dentro de sus funciones: verificar el cumplimiento de todos los componentes del Acuerdo, constatar que el contenido de los proyectos normativos necesarios para implementar el Acuerdo correspondan a lo acordado, y aprobar en cuatro meses el Plan Marco —instrumento que será hoja de ruta en términos presupuestales y de planeación—.
Dicha Comisión está integrada por tres representantes del Gobierno: Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo, y por tres representantes de las Farc: “Iván Márquez”, “Victoria Sandino” y “Jesús Santrich”. En el punto dos del Acuerdo se pactó que se garantizaría una representación equilibrada entre hombres y mujeres en la conformación de todas las instancias a las que se refiere el Acuerdo—aun cuando debió garantizar paridad—. Contrario a ello, el Gobierno Nacional no incluyó a ninguna mujer dentro de sus delegados en la Csivi.
Alguien podría responder que más importante que garantizar la participación de las mujeres es lograr que esta instancia este conformada por quienes ejercen la dirección del Ministerio del Interior, del Ministerio del Posconflicto y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, como es el caso, porque son indispensables para lograr la ejecución del Acuerdo. De ser así, las mujeres no debemos estar excluidas de la dirección de las tres instancias más importantes encargadas de consolidar la paz. Es deseable que al menos una de esas tres posiciones esté ocupada por una mujer. Hay decenas de mujeres capaces, comprometidas con la paz y con la defensa de los derechos de las mujeres, que podrían ocupar de manera lúcida dicha calidad.
En segundo lugar, se debe nombrar de manera inmediata la Instancia Especial para el seguimiento de las garantías de los derechos de las mujeres en la etapa de implementación. El Acuerdo incluyó, de manera acertada, dicha instancia, la cual tendrá que ser conformada por representantes de seis organizaciones de mujeres, quienes tendrán interlocución permanente con la Csivi. Más de un mes y medio después de haber sido instalada la Csivi, aún no se ha nombrado dicha instancia.
Pero la Csivi ya está tomando decisiones de la mayor relevancia. Además de urgir el nombramiento de las organizaciones que conformarán la Instancia Especial, es deseable que su rol sea amplio y que las propuestas normativas y del Plan Marco de Implementación puedan ser conocidas y enriquecidas con la experiencia y el conocimiento de quienes integrarán la Instancia Especial.
En tercer lugar, el presupuesto para la paz debe distinguir los recursos que serán destinados a materializar el enfoque de género en el Acuerdo. Aún no se conoce la cifra exacta del presupuesto que se requerirá, sin embargo, es en este momento —en el que las entidades hacen cálculos sobre el presupuesto necesario para la construcción de la paz— que debe tomarse la decisión de incluir dentro de dicha planeación presupuestos sensibles al género. Debe ser posible verificar a lo largo del posconflicto si se cierran brechas de desigualdad y se avanza en eliminar la discriminación contra las mujeres a partir de la planeación y ejecución presupuestal.
Se ha anunciado la creación de cuatro fondos que brindarán recursos para financiar el posacuerdo: del Banco Mundial, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y el multidonante de las Naciones Unidas. ¿Se ha previsto la inclusión de un enfoque de presupuestos sensibles al género dentro de su planeación?
Finalmente, debe reforzarse la institucionalidad que garantiza el enfoque de género. Lejos estamos de tener un Ministerio de la Mujer. Sin embargo, un buen mensaje sería fortalecer la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en términos presupuestales e institucionales. Esta entidad se ha caracterizado por la baja asignación de recursos y por su diezmada capacidad de influencia en la formulación, diseño y aplicación de la igualdad de género.
Peor suerte ha tenido la Dirección de Mujer Rural, encargada de coordinar, diseñar y evaluar las políticas que atiendan las necesidades de las mujeres rurales. A pesar de haberse creado en diciembre de 2015, aún no entra en funcionamiento.
El Acuerdo Final representa una oportunidad histórica para las mujeres. Las dos partes de la Mesa se han comprometido con la garantía de sus derechos. Es momento de tomar decisiones que pasen del discurso a los hechos.
*Investigadora de Dejusticia.
