OPINIÓN La tarea en los territorios es cruzar lo que salga de la Mesa de Conversaciones con las agendas locales de desarrollo.
Columnista: Max Yuri Gil Ramírez
Si todo avanza sin sorpresas, el 2016 será el año de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. Aunque este acuerdo seguirá siendo parcial mientras no se logre uno similar con el ELN, estamos asistiendo a la consolidación de una solución negociada a una guerra fratricida de medio siglo. Esta es una de las razones por las que debemos apoyar la construcción de paz, luego de años de destrucción y muerte.
Una de las particularidades de este proceso de paz es su dimensión territorial, lo que se concreta en la expresión: la paz se firma en La Habana, pero se construye en los territorios. Esto implica que lo esencial de este proceso será la implementación en los territorios y regiones de los acuerdos a los que lleguen el Gobierno y las Farc.
La tarea en los territorios, tanto para la institucionalidad como para los sectores sociales, es cruzar lo que salga finalmente de la Mesa de Conversaciones con las agendas locales de desarrollo construidas en los últimos años, para reforzar los puntos de convergencia y desarrollar aquello que no estén entre las prioridades territoriales.
Este proceso implica, además, una dimensión específica en las ciudades colombianas, en las que, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), vive cerca del 74% de los habitantes del país, y donde las principales preocupaciones ciudadanas no están en relación con el conflicto político armado, sino con temas de pobreza y equidad, seguridad ciudadana, medio ambiente y movilidad, entre otras.
En el caso de Medellín hay tres temas de la agenda de La Habana que son centrales, que se deben discutir públicamente y en los cuales la Alcaldía debe jugar un papel protagónico e incluirlos en los debates del Plan de Desarrollo 2016-2019: el acuerdo para fortalecer la participación política, medidas para solucionar el problema de las drogas ilícitas y, especialmente, todo lo concerniente a los derechos de las víctimas del conflicto armado.
Con relación a la participación política, el reto principal, además de la promoción de garantías reales de participación, es poner fin de manera definitiva a la combinación entre armas y política. En el caso de Medellín, debería girar en torno a la construcción de garantías reales de protección para el ejercicio de una política de izquierda democrática y para la actuación de movimientos y organizaciones sociales que proponen alternativas al statu quo.
Ese paso es fundamental en una ciudad que ha padecido una larga historia de guerra sucia, asesinatos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas y acciones de eliminación, intimidación y control sobre partidos políticos, intelectuales, movimientos y organizaciones sociales que plantean demandas al Estado y que han sido tratados como enemigos por sectores de las elites políticas, económicas y burocráticas.
En materia de drogas, es fundamental que se trabaje con la perspectiva de una lucha policial centrada en las organizaciones criminales, más que en los expendedores al por menor y en los consumidores. Además, será decisivo que la Alcaldía promueva programas de prevención al consumo de sustancias de uso ilícito, con el fin de que el tema de las adicciones deje de considerarse un problema de ilegalidad para asumirse como un asunto de salud pública.
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En el tema de víctimas, la Alcaldía debe profundizar en proyectos que se han trabajado en las tres últimas administraciones, específicamente en garantías para los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. En ese sentido, se deben fortalecer iniciativas como el Museo Casa de la Memoria, la Unidad Municipal de Atención a Víctimas, y mantener el respaldo a proyectos como Garantías de no repetición, Medellín Basta Ya y a la búsqueda de personas desaparecidas en la Escombrera.
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Además, debe promoverse la discusión sobre la mejor manera en que Medellín se articulará con puntos del acuerdo de víctimas como la creación de la Comisión de la Verdad, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y los mecanismos de reparación simbólica colectiva por parte de integrantes de las Farc.
Finalmente, de cara a la refrendación de lo acordado, y ante la convocatoria de un plebiscito, se requiere un trabajo pedagógico, que debería ser liderado por la Alcaldía desde sus diferentes dependencias, para promover la deliberación pública sobre las implicaciones del acuerdo para la ciudadanía en general.
Para algunos, el proceso de paz con las Farc no es más que una iniciativa que busca desmovilizar a esta organización insurgente y, en esa medida, no va más allá de abordar como tema central las condiciones para que los combatientes se desmovilicen de manera absoluta y se prevenga la reincidencia criminal. Pero el reto de este proceso de paz es convertirlo en una oportunidad para avanzar en transformaciones democráticas y en ello será fundamental el compromiso y la iniciativa de los gobiernos locales.
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[1] Sociólogo. Fue director de la Corporación Región, profesor universitario, ha investigado temas de Derechos Humanos y conflicto urbano. Actualmente cursa un doctorado en Ciencias Sociales y Humanas.
