La corrupción no se confina ni en una emergencia como la del Covid-19.

El 24 de marzo, un día antes del comienzo del confinamiento obligatorio en todo el país, la Contraloría General de la República anunció que aplicaría controles “en tiempo real” a las medidas que se tomaran para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria, social y económica a causa del Covid-19. Es decir, que estará detrás de los decretos y los contratos que se hagan en esta época.

Solo fue cuestión de una semana y algunos días para que esta entidad encontrara los primeros casos de posible corrupción. El 8 de abril alertó sobre presuntos sobrecostos en mercados que hacen parte de ayudas humanitarias para las poblaciones más vulnerable y en la compra de elementos de protección. Luego de revisar 5.198 contratos públicos en todo el país, la Contraloría halló, por ejemplo, que las alcaldías de Coveñas (Sucre), Acacias (Meta) y Barrancabermeja (Santander) pagaron de más por ciertos alimentos.

También encontraron que en Ocaña (Norte de Santander), Medellín, Mapiripán (Meta) y Mitú (Vaupés) incurrieron en sobrecostos al momento de comprar gel antibacterial. Y en Yopal (Casanare) se halló un pago de más en camillas hospitalarias. La corrupción no se confina ni en una emergencia como la del Covid-19.

Uno de los casos de sobrecostos que más llamó la atención es el atún de 19.959 pesos que pagó la Gobernación de Arauca, pese a que en el comercio cuesta menos. Cuando El Espectador le preguntó a Facundo Castillo, gobernador de Arauca, el por qué de ese valor por una lata de atún, este respondió: “El atún que se ofertó es conforme lo tiene contemplado la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es de 370 gramos y que, por supuesto, es más costoso que el que vale 3.000 o 5.000 pesos en el comercio”. Agregó que el precio de cada lata sube porque se le aplica un impuesto y se le suma los costos logísticos (embalaje, transporte y distribución) de la entrega de la ayuda humanitaria.

Pese a las explicaciones, la Contraloría le abrió a Castillo un proceso de responsabilidad fiscal –es decir, lo investigarán para saber si incurrió en corrupción o no- por los millonarios contratos que hizo la Gobernación de Arauca para atender la emergencia del Covid-19.

Pacifista! le pidió a la Contraloría información de algunos casos de posibles sobrecostos en la compra de mercados para la población vulnerable en la emergencia por el coronavirus. También le pidió que le explicara cómo se hizo la verificación. Sencillo: se comparó el valor de cada producto que aparece en los documentos con el precio de alimentos que reporta el Sistema de Información de Precios que maneja el DANE (se conoce como SIPSA). En el caso de los mercados que compró la Gobernación de Arauca, por ejemplo, se tomó el precio de cada producto que aparece en el contrato y se contrastó con el valor en el SIPSA de la semana en que se firmó la compra.

Con esos datos pintamos algunos de los mercados de ciudades y municipios que tienen sobrecostos llamativos. Así se ven los mercados de la corrupción:

(Aclaramos: el valor de cada producto no incluye costos logísticos —empaque, transporte, distribución, entre otros— o impuestos).

TOCANCIPÁ

En Tocancipá, un pueblo cundinamarqués cercano a Bogotá, se halló un posible sobrecosto del 99 por ciento en los mercados que compró la Alcaldía. Se hizo un contrato por $ 806.125.000 para adquirir 5.000 mercados. La empresa Comercializadora Agrosocial SAS cobró $ 161.225 por cada mercado, cuando el valor real, con los precios del SIPSA, es de $ 79.425. En estos productos se encontraron los sobrecostos:

COVEÑAS

La Alcaldía de Coveñas, en Sucre, firmó un contrato por $ 1.206 millones con la Fundación Servicios y Consultorías Caribe (FUNCARSERVICIOS) para la compra de 6.000 mercados. Sin embargo, la Contraloría informó el 8 de abril de un presunto sobrecosto del 21 por ciento. En estos productos se pudo haber pagado de más:

Luego de la alerta de la Contraloría, la Alcaldía de Coveñas acomodó el contrato para entregar 550 mercados más.

MEDELLÍN

La SecretarÍa de Educación de Medellín le compró a la Corporación Colombia Avanza 220.578 kits alimenticios, compuestos por 500 gramos de lenteja, 500 de frijol, 380 de leche en polvo, 250 de pasta, 500 de arroz, 110 de galletas (la referencia que aparece en la información de la Contraloría es Cracker) y 200 de chocolate en polvo. El contrato por esos kits fue de $7.168.848.968. Sin embargo, se encontraron sobrecostos en los siguientes productos:

ACACÍAS

En Acacias, Meta, el alcalde le pagó al contratista César Alonso Ladino Daza $ 1.125 millones por la compra de 5.000 mercados para la población más vulnerable del municipio. Sin embargo, la Contraloría anunció a principios de abril que había hallado posibles sobrecostos en estos productos:

Después de la alerta, la Alcaldía redujo el valor del contrato a $ 904.525.000.

¿Cómo se explican estas irregularidades? La Contraloría responde que la revisión de los contratos públicos arrojaron tres factores comunes: el primero, que la información en los contratos sobre la compra –el proveedor, los beneficiarios, los valores, entre otros— está incompleta. El segundo son los sobrecostos evidentes que antes mencionamos; y el tercero es la ambigüedad en los contratos; por ejemplo, las obligaciones de los contratistas son genéricas o no se determinan responsabilidades de supervisión.