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Los detalles que están por negociar en La Habana (y las polémicas que se vienen)
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Los detalles que están por negociar en La Habana (y las polémicas que se vienen)

Staff ¡Pacifista! - Agosto 23, 2016

Esta semana terminarían las negociaciones entre Gobierno y Farc. Estos son los puntos más complejos de la recta final.

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El Gobierno y las Farc anunciaron que, si bien hay avances, aún quedan aspectos por acordar. Foto Oficina del Alto Comisionado para la Paz

La semana empezó con todo un repertorio de especulaciones: que la negociación concluyó y ya hay un acuerdo definitivo solo pendiente de la firma; que sí hay avances muy claros, pero que aún faltan algunos detalles; que hay puntos complejos que aún tomarán tiempo.

Sin entrar en pormenores, el Gobierno y las Farc respondieron a la ola de información y desinformación. En un corto comunicado aseguraron que han “avanzado en la construcción de acuerdos pero aún quedan temas pendientes”. Las partes agregaron que siguen trabajando en “intensas jornadas” y que, una vez se alcance el acuerdo final, “el país lo conocerá”.

Más allá de ese escenario pasajero, los últimos días han sido de trabajo continuado en la mesa de La Habana y, a juzgar por algunos movimientos y por las declaraciones que personas cercanas al proceso han entregado en las últimas horas, está claro que podríamos estar a pocos días de un anuncio fundamental hacia el cierre de las conversaciones.

Para ponernos en contexto, revisamos las polémicas por venir a partir de los puntos que están pendientes –o que, por lo menos, no han sido anunciados públicamente– en las conversaciones entre el Gobierno y las Farc:

Participación política de la guerrilla    

Si bien existe un acuerdo general en el punto de participación política con la premisa de lograr una apertura democrática que haga posible la paz, de ese punto aún no se han anunciado los detalles de cómo las Farc harán parte de los procesos electorales futuros.

El borrador de ese acuerdo incluye aspectos como el acceso a medios de comunicación, los derechos y garantías para los movimientos de oposición, los mecanismos de seguridad para el ejercicio de la política y para integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos; las garantías para la protesta e, incluso, la forma como se construirá la reforma al sistema electoral.

Sin embargo, en ese acuerdo están por definir los detalles de lo que fue denominado como “promoción de la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono”. Es allí donde se tiene que concretar el número de las llamadas “circunscripciones especiales de paz”, el número de curules que serán asignadas de manera especial en la Cámara de Representantes y el periodo de tiempo durante el cual estará en funcionamiento ese sistema especial de representación.

Es decir, conforme avancemos hacia un acuerdo definitivo de paz, nos encontraremos con discusiones como la posible asignación directa de curules para el movimiento político que se desprenda de la desmovilización de las Farc y la elegibilidad política de exguerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad.

Al respecto, el propio jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, ha anticipado que el tránsito de la guerrilla a la política sin armas es justamente lo que pretende la negociación.

La reincorporación a la vida civil de los guerrilleros

De los pasos más ciertos para finalizar el conflicto en la práctica, los acuerdos de cese al fuego bilateral y definitivo, la entrega de armas y el combate a las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, son los más significativos.

Aunque en los borradores de esos acuerdos –y en los protocolos anunciados después– se establecen parámetros para la ubicación de las Farc en las zonas veredales transitorias durante el cese al fuego y la dejación de armas, todavía no existe un acuerdo sobre lo que pasará en un segundo momento con los combatientes guerrilleros. Es decir, no se sabe aún qué modelo de reintegración está previsto para los guerrilleros desmovilizados.

Cuáles serán sus posibilidades de formación e integración laboral, los servicios de salud con los que cuenten, el acceso a subsidios del Estado, las condiciones de seguridad con las que contarán. ¿Formarán guetos de excombatientes o se mezclarán en las masas como cualquier ciudadano?

Sobre ese punto se han generado polémicas por un supuesto acuerdo para que el Estado pague un salario mensual de $1.8 millones a los excombatientes. Esa posibilidad fue desmentida y descartada por el Gobierno, al tiempo que, aseguró, se trata de uno de los mitos que han lanzado los opositores del proceso para generar un ambiente desfavorable para la negociación.

Sin embargo, los verdaderos términos de ese proceso de reintegración aún están pendientes. Para hacer parte de esa discusión, Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración se sumó al equipo negociador del Gobierno en esta última etapa de los diálogos.

La implementación

El Gobierno y las Farc acordaron que la verificación del cese al fuego bilateral estará a cargo de un mecanismo tripartito que encabezará la ONU. De la misma forma, para refrendar los acuerdos finales de paz, la guerrilla acogió sorpresivamente el mecanismo del plebiscito propuesto por el Gobierno, aprobado por el Congreso y, hace pocos días, declarado exequible por la Corte Constitucional.

Sin embargo, el punto seis de la agenda (Implementación, verificación y refrendación) aún no está cerrado. Justamente, porque no existe acuerdo sobre los términos de la implementación de los acuerdos. Ese aspecto se refiere a los mecanismos necesarios para materializar lo acordado en la mesa de conversaciones.

Incluye no solamente todo un paquete de normas que tienen la tarea de darle validez jurídica a los acuerdos, sino también las formas de seguimiento que permitan definir si se cumple de manera efectiva con lo acordado. La concepción inicial es la de un sistema, por tratarse de una apuesta a largo plazo, y en él se incluyen reformas constitucionales, legislativas, administrativas e institucionales que no se limitan solo a la definición de presupuestos económicos para el postacuerdo.

Hoy, se vislumbran fuertes discusiones alrededor de la forma como se tendrá que moldear la legislación y las instituciones para convertir en realidad la pretensión de una paz estable y duradera.

La ley de amnistía

En diciembre de 2015 se anunció el modelo de justicia que se implementará para satisfacer los derechos de las víctimas. En ese acuerdo, se definieron los términos de las amnistías que recibirán los guerrilleros de acuerdo con lo que se resuelva en una Sala de Amnistía e Indulto, que hará parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Quienes no puedan acceder a la amnistía, por la naturaleza de sus delitos, pasarán a un tribunal ante el que tendrán que reconocer sus responsabilidades y, de acuerdo con el grado de colaboración, se les impondrán sanciones.

Sin embargo, en cuanto a los tiempos de las amnistías, el borrador solo precisa que estará condicionada a la terminación de las hostilidades y a la “finalización de la rebelión”, cuestión que, dice el documento, será resuelta en el acuerdo final. En síntesis, las condiciones de tiempo para que un guerrillero pueda acceder a una amnistía dependen del acuerdo final de paz y todavía no están definidas.

En los últimos días, las Farc aseguraron que no habrá acuerdo hasta que el Congreso no apruebe una ley de amnistía que permita la salida de la cárcel de los guerrilleros presos por delitos políticos. “No vamos a normalizar la vida en la cárcel, nadie termina su lucha política armada, para continuarla en la cárcel”, dijo el negociador guerrillero “Marcos Calarcá”.

Ese es uno de los puntos -y en general todo el tema de justicia- que promete una de las grandes polémicas una vez se logre un acuerdo. No solo por los tiempos, sino por los alcances de las amnistías y la naturaleza de las sanciones para quienes no accedan a ese beneficio. Sin embargo, cabe recordar que para el proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia, la experiencia más reciente de negociación entre el Estado colombiano y un grupo armado, la Ley de Justicia y Paz acudió a mecanismos como la suspensión de la ejecución de la pena para  la gran mayoría de los combatientes que no fueron responsabilizados de delitos graves.