Se trata del Ejército Revolucionario Guevarista, una disidencia del Eln que cometió más de 1.700 delitos.
Desapercibida pasó en diciembre de 2015 la primera sentencia que se ha proferido en Justicia y Paz contra una guerrilla. A mediados de ese mes, el Tribunal Superior de Medellín condenó a Olimpo Sánchez, fundador y máximo comandante del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), una organización insurgente que nació en 1993 como un movimiento separatista del ELN. Junto a él fueron sentenciados otros 19 guerrilleros por 1.775 delitos cometidos en Antioquia, Chocó, Risaralda, Tolima y Caldas.
El fallo, de más de 2.400 páginas, incluye un extenso apartado sobre la historia y la evolución del ELN, cuestiona la elaboración de patrones de macrocriminalidad realizada por la Fiscalía y condena, por primera vez en el país, a varios guerrilleros por la ejecución de abortos forzados. Además, ordena que las víctimas sean reparadas con millonarias indemnizaciones.
El Ejército Revolucionario Guevarista
Todo empezó a mediados 1984, cuando el ELN decidió crear un pequeño foco guerrillero en el municipio de Carmen de Atrato (Chocó), cuyas características poblacionales y culturales son similares a las del suroeste antioqueño. Finalizando la década, la pequeña estructura recibió el nombre de frente Ernesto Che Guevara y fue adscrita al frente de Guerra Noroccidental. Su comandante era Olimpo de Jesús Sánchez Caro, nacido y criado en el Carmen de Atrato.
A comienzos de los 90, cuando el ELN llevó a cabo diálogos de paz con el gobierno de César Gaviria, Sánchez estaba convencido de que la confrontación militar debía continuar y se mostraba en desacuerdo con la centralización de las finanzas. Esas contradicciones también se planteaban de manera general en el ELN, que se debatía entre la prevalencia de lo militar sobre lo político, y viceversa.
Encerrado en esas ideas, Sánchez convenció a 17 militantes de abandonar el ELN y crear una nueva guerrilla. Fue así como en 1993, en zona rural del Carmen, se fundó la Compañía Guevarista, que más tarde recibió el nombre de Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). La mayoría de sus militares eran familiares, vecinos o conocidos de la vereda Guaduas de ese municipio. A diferencia del ELN, que para entonces se consideraba una organización política en armas, el ERG le otorgó prevalencia al campo militar.
Entre sus fuentes de financiación se encontraban los secuestros extorsivos, las extorsiones a mineros, cafeteros, ganaderos, comerciantes y empresarios, y la siembra de algunas hectáreas de hoja de coca. El progresivo fortalecimiento de la organización le permitió contar con 413 combatientes y colaboradores distribuidos en cinco comisiones: Los Conquistadores, Los Libertadores, Los Patriotas, Los Vencedores y Héroes de Belén, que operaron de forma discontinua en 18 municipios de seis departamentos.
El valor estratégico de esa zona hizo que en ella también se asentaran el frente Ernesto Che Guevara del ELN, el frente Óscar William Calvo (una disidencia del EPL), el bloque José María Córdoba de las Farc y los frentes paramilitares Cacique Pipintá y Héroes y Mártires de Guática. La confrontación con esas organizaciones y con el Ejército redujo notablemente el número de militantes y la capacidad operativa del ERG.
El debilitamiento fue tal que, según el Tribunal, entre 2007 y 2008 los comandantes del ERG negociaron con los Urabeños una posible anexión. Sin embargo, pese a que esa banda criminal prometió cargos de dirección o la opción de compra de la estructura, por valor aproximado de $4.000 millones, el Estado Mayor del ERG rechazó la propuesta al considerar que atentaba contra su ideología y echaba al traste varios años “de lucha armada insurgente”.
Aun así, la organización era insostenible y después de entablar acercamientos con autoridades militares y civiles se desmovilizó en la vereda Guaduas, el 21 de agosto de 2008.
Las víctimas
Aunque el ERG hizo presencia intermitente en varios departamentos, la sentencia se concentró en los impactos que generó esa guerrilla sobre la población del Carmen de Atrato. Allí, según los propios relatos de las víctimas, sus militantes “andaban como Pedro por su casa” y “como si fueran la ley del pueblo”, sin que ninguna autoridad hiciera algo para proteger a los civiles.
En ese municipio, el ERG convocó a reuniones de carácter político, ingresó sin autorización a las casas de los pobladores, les exigió la prestación de servicios como transporte, alimentación, uso de duchas y suministro de gasolina; les robó víveres, vacas, cerdos y pollos; los obligó a observar asesinatos y masacres, invadió los territorios de las comunidades indígenas y decidió quiénes podían aspirar a cargos populares.
Según la Fiscalía, su afincamiento en la zona obedeció a que la mayor parte de sus integrantes habían nacido allí. Además, a que Luis Octavio Sánchez, el padre del máximo comandante, fue uno de los primeros habitantes de Guaduas y dueño de gran parte de las fincas de la región, “situación que generó sometimiento y poder (sobre) la comunidad”.
La presencia del ERG en esa área también ocasionó desplazamientos forzados, que fueron motivados por combates con el Ejército, amenazas directas e indirectas y asesinatos de campesinos. La Fiscalía ha registrado 182 casos de desplazamiento atribuibles al ERG, nueve de los cuales le fueron presentados al Tribunal, en los que se incluyeron 82 familias y 339 víctimas.
El primer desplazamiento masivo ocurrió en mayo de 1998, cuando el ERG asesinó a los campesinos Euquerio Úsuga y Francisco Bolívar, a los que acusaba de ser informantes del Ejército. El crimen motivó el abandono de la región de muchos de los vecinos y familiares de las víctimas, que habitaban distintas veredas del Carmen.
Cuenta uno de los pobladores que en esa época “no había libertad, ya que había que hacer lo que ordenaban los comandantes de la guerrilla del ERG. El 22 de mayo de 1998, llegaron a la vereda Guaduas y asesinaron a Euquerio y a Francisco, dos vecinos de mi finca. Al ver esta situación, decidí irme con mi familia, no pude seguir en ese sitio pensando que me iban a matar o que se iban a llevar a mis hijos, porque los del ERG me decían que los preparara, que ellos tenían que ser útiles para la guerra; los futuros militares de la guerra”.
Otra víctima relata que, un mes después, “en la parte baja de la vereda Guaduas se presentaron enfrentamientos entre paramilitares y el ERG, quedando en medio del tiroteo los pobladores de la región. El 22 de junio de 1998, con la colaboración de la Cruz Roja Internacional, logramos salir, dejando abandonado todo lo que teníamos”.
Además de sus casas y fincas, los campesinos dejaron abandonados cultivos, productos agrícolas, muebles, enseres, animales, máquinas y vehículos. Al respecto, la Fiscalía reportó 36 víctimas de abandono forzado en el Carmen de Atrato y la Unidad de Tierras ha documentado seis solicitudes de restitución de pequeños terrenos abandonados por culpa del ERG.
No obstante, ninguna de las dos entidades cuenta entre sus archivos con casos de despojo de tierras atribuibles a esa guerrilla.
Los guevaristas también cometieron múltiples secuestros. El ente acusador documentó 48 casos con 99 víctimas, ocurridos entre 1986 y 1998, la mayoría de los cuales se ejectuaron en el Carmen de Atrato y en los municipios antioqueños de Ciudad Bolívar y Andes, “por tratarse de zonas productivas con actividades económicas importantes como la ganadería, la agricultura, el comercio, la explotación forestal, la minería, la piscicultura y el empleo público”.
Noventa y cuatro de esas personas fueron secuestradas por motivos económicos, casi todas en zonas rurales y muchas de ellas en ‘pescas milagrosas’. Otras cuatro fueron “retenidas” para obligarlas a transportar víveres o arreglar vías, y una fue raptada con fines políticos.
Esta última es el médico francés Ignacio de Torquemada, que trabajaba en la organización humanitaria Médicos sin Fronteras. Con su secuestro, los guerrilleros buscaron atraer la atención del Gobierno y exigieron la desmilitarización de varios municipios de Chocó y Risaralda.
Según la Fiscalía, en ninguno de esos casos “las víctimas fueron sometidas a torturas o maltratos físicos, salvo las largas caminatas que de por sí eran un agravio”.
El ERG también cometió 38 casos de desaparición forzada, en algunas ocasiones contra integrantes de la Fuerza Pública, paramilitares y civiles “extraños”, quienes, según los guerrilleros, eran colaboradores del Ejército o de los ‘paras’. Sus cuerpos fueron arrojados al río o enterrados en selvas y montañas.
La guerrilla también reclutó a más de 200 menores de edad entre 1991 y 2006, aunque en el proceso judicial sólo fueron incluidos como víctimas a 21, varios de los cuales pertenecieron primero al ELN. Los niños y adolescentes eran estudiantes, agricultores, líderes comunitarios, obreros, mineros y vendedores, y varios de ellos se dedicaban a los oficios domésticos. De ese número, seis fueron asesinados por los mismos guerrilleros (“ajusticiados”) y tres murieron en combate.
La violencia contra las guerrilleras
Aunque no se reportó violencia sexual al interior del ERG, siete de sus exmilitantes sí le contaron a la justicia que fueron obligadas a abortar so pena de ser asesinadas. Entre todas tuvieron que abortar 21 veces, y una de ellas fue víctima y victimaria de ese delito.
Las razones para ello fueron, según los propios guerrilleros, que “el tener hijos limitaba las condiciones óptimas militares, pondría en estado de debilidad el compromiso revolucionario de ‘patria o muerte’ (de la madre) y declinaba en los niveles de moral y compromiso en la organización (de la madre)”.
Las mujeres también eran regañadas públicamente si tenían relaciones sexuales o afectivas con distintos guerrilleros a lo largo de su militancia, comportamiento que estaba permitido para los hombres. También eran castigadas si se relacionaban amorosa o sexualmente con civiles o militantes de otras organizaciones.
Por ello, el Tribunal aseguró que “las diferencias ineludibles de las mujeres, como la manera de vivir la sexualidad, las relaciones afectivas, el embarazo, el aborto, el parto, la lactancia y la maternidad, son castigadas dentro de los grupos subversivos”.
Por los delitos de aborto forzado en persona protegida de dos guerrilleras menores de edad y de aborto sin consentimiento de otras cinco militantes adultas fueron condenados los comandantes del ERG Olimpo de Jesús Sánchez, Martín Alonso Arenas, Beatriz Elena Arenas y Edison Maturana, y el combatiente Efraín de Jesús Sánchez.
Los errores de la Fiscalía
Desde 2012, y con el fin de acelerar el proceso de Justicia y Paz, la Fiscalía elabora “patrones de macrocriminalidad” de las estructuras que investiga. Se trata de identificar la sistematicidad de algunos delitos y prácticas criminales, la forma como se cometieron, sus objetivos, los impactos que tuvieron sobre las víctimas y los máximos responsables de esas conductas.
Para el caso del ERG, la Fiscalía identificó patrones sobre desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, violencia basada en género, secuestro y abandono forzado.
En concepto del Tribunal, el ente acusador forzó la información para crear los patrones de desplazamiento y abandono, que no constituyeron prácticas sistemáticas. Asimismo, dijo que la Fiscalía se había limitado a presentar sendas estadísticas que, aunque eran importantes, no contribuían a la comprensión de los fenómenos.
La Sala también rechazó la manera como se construyó el patrón de secuestro y sólo aceptó los de reclutamiento y violencia basada en género. Así, los magistrados concluyeron que tres de los cinco patrones “no cumplen con los requisitos técnicos ni metodológicos, ni se ajustan a la realidad de lo ocurrido”.
El asunto no es de poca monta, toda vez que esos errores impiden conocer la verdad respecto a la manera como operaba el ERG y los beneficios que le reportaba la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.
La condena
Los 20 guerrilleros del ERG que fueron procesados recibieron penas de entre 5 y 8 años de prisión, tal como está contemplado en la Ley de Justicia y Paz. Además, deberán asistir al Carmen Atrato para pedirles perdón a sus víctimas.
