El llamado del Movimiento por la Constituyente Popular se une al clamor de los líderes y defensores de derechos humanos de esa región de Norte de Santander. Reclaman al Gobierno protección y seguridad.
Por medio de un comunicado, la seccional Norte de Santander del Movimiento por la Constituyente Popular (MCP) denunció este jueves que las amenazas en su contra se han agudizado en los últimos meses en la región del Catatumbo. Aseguran que la situación es incluso más preocupante desde el pasado 15 de octubre, cuando el ELN secuestró a Juan de Jesús Pineda, uno de sus integrantes.
Ante la vulnerabilidad e indefensión que padecen, desde el movimiento hicieron un “llamado urgente a todas las organizaciones sociales del departamento de Norte de Santander”. También llamaron la atención del Gobierno nacional, las autoridades del departamento y la Defensoría del Pueblo para que hagan frente a las amenazas y garanticen su protección. Reclamaron el derecho que tienen de existir como movimiento popular, actor político y social.
El MCP es una organización de tipo social y participa en discusiones a través de la Asociación Nacional Campesina (Asonalcam). Como suele ocurrir en el Catatumbo con las organizaciones campesinas, son víctimas recurrentes de amenazas e intimidaciones. A la persecución que sufren allá por parte de los grupos armados, se suma el hecho de que el Estado no ha sido capaz de contener las acciones de los violentos —que resucitan con frecuencia— ni retomar el control de la zona.
Desde hace años, la MCP ha sufrido la pérdida de algunos de sus miembros como consecuencia de las denuncias que encabezaban. En septiembre de 2018 fue asesinado Alirio Antonio Arenas en Ocaña. Él era un líder campesino y presidía la Junta de Acción Comunal de la vereda San Isidro. Pese a que la Unidad Nacional de Protección le autorizó un esquema de seguridad, nunca se lo asignaron. En febrero de 2019 fue asesinado otro integrante del MCP y líder de sustitución de cultivos: Wilson Pérez Ascanio.
Otras asociaciones como la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) también comparten su preocupación ante el incremento de hostilidades en Norte de Santander. En febrero de este año fue liberado el dirigente comunal Celiar Martínez tras cinco meses de cautiverio. Por desgracia, otros líderes de ese movimiento no han corrido con su misma suerte. Ernesto Aguilar y Luis Tarazona de Tibú, Carmen Ángel Angarita de Convención y Esequiel Rangel de El Carmen son algunos de los líderes de este colectivo que han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de paz.
El incremento de acciones por parte de los grupos guerrilleros deja a la población de esa región al borde del desplazamiento. Por ejemplo, en el municipio de Hacarí los enfrentamientos del ELN con el EPL preocupan a las comunidades campesinas ante un inminente desplazamiento masivo. En esa zona también están presentes los paramilitares de ‘Los Rastrojos’ y varias bandas criminales y de contrabando que hacen de las suyas en la frontera.
En nuestro contador de líderes sociales asesinados encontramos que el 7 por ciento de las víctimas son del Catatumbo. Desde noviembre de 2016 han asesinado a 24 líderes comunales y campesinos. Quienes contribuyen a la defensa y el desarrollo del territorio en el Norte de Santander llevan bastante tiempo exigiendo protocolos de seguridad y una mayor presencia estatal. Necesitan medidas efectivas.
Estos son los 413 líderes sociales asesinados desde el inicio de la implementación
