Aunque la violencia en Colombia haya disminuido en los últimos años, todavía hay que prestarle especial atención a la que se da contra las mujeres y la población LGTBIQ.
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El conflicto armado de Colombia ha hecho que otras realidades, otras violencias, hayan pasado desapercibidas casi por completo en nuestro país. El enfrentamiento entre guerrillas, bandas criminales y Fuerza Pública, y la cantidad de muertes, atentados y víctimas que se han producido durante años han hecho que se opaquen, por ejemplo, las agresiones que suceden con frecuencia contra las mujeres o la población LGTBIQ en diversos contextos.
Es por esto que, con la visión de que el fuego y la violencia de gran parte de la confrontación armada quede atrás con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, las instituciones colombianas han empezado a prestar atención a estas otras realidades. La Policía Nacional, por ejemplo, lanzó un proyecto llamado Enfoque de género en el Servicio de Policía, que busca fortalecer la atención diferencial por parte de la institución, el acceso a la justicia de las víctimas y la prevención y de violencia basada en género en siete municipios históricamente afectados por el conflicto.
“Este es un proyecto que forma parte de la estrategia de construcción de paz de la Policía”, nos cuenta Clara Leal, directora del proyecto. “Busca mejorar la respuesta que le debe dar la Policía a las personas que son víctimas de violencia de género –hablamos principalmente de las mujeres y de la población LGTBIQ–. Vamos a cualificar la respuesta capacitando de manera profunda al personal de la Policía en enfoque de género y buscaremos evitar la revictimización de las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia propiciada por el conflicto armado”.
El enfoque de género que quiere implementar la Policía se basa no solo en atender los casos de violencia de género con prontitud y oportunidad, sino también en direccionar a las víctimas en el camino adecuado cuando la situación trascienda la capacidad de la Policía –y se necesite ir a otras instancias como la Fiscalía, Medicina Legal o juzgados– y en insistir en que los miembros de la Fuerza Pública confíen en la denuncia de las víctimas y no las juzguen por su condición.
Cuatrocientos policías (380 hombres y 20 mujeres) van a ser capacitados por personas expertas en violencia de género para atender de una manera prioritaria y eficaz los casos que sucedan, y también habrá módulos dedicados a la prevención. La iniciativa va a tener una duración de 17 meses, con un costo de 1.5 millones de dólares para los municipios de Fonseca, en La Guajira; La Paz, en el Cesar; Anorí, en Antioquia; Caldono, en Cauca; Planadas, en Tolima; Vista Hermosa en el Meta y San Vicente del Caguán, en Caquetá.
Estos municipios fueron escogidos para ejecutar el proyecto por el nivel de afectación que tuvieron en el conflicto armado. Presentan altos índices de violencia -contra la mujer y las niñas, sobre todo-, y los siete están cerca de Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración (ETCR) que dejó el Acuerdo de Paz. El proyecto pretende beneficiar a alrededor de 300.000 personas.
Para el general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía Nacional de Colombia, “ningún tipo de violencia es justificable, y mucho menos si es basada en su género. Incorporar la perspectiva de género en la Policía Nacional constituye en parte del proceso de modernización de la institución y la consolidación del Modelo de Construcción de Paz”. También anunció que la violencia de género va a ser prioritaria para la Policía, al asumir una existencia social y cultural de relaciones desiguales.
Hay una iniciativa del proyecto y es reconocer que las formas de violencia en Colombia afectan de manera particular a las mujeres, niñas y población LGTBIQ, y que estos hechos no son aislados ni individuales, sino que favorecen a una cultura de subordinación con la mujer y la población LGTBIQ, que genera discriminación, intolerancia y violencia.
Clara Leal explica que “la violencia basada en género es aquella que parte de una situación de desigualdad. Estamos hablando de la existencia de patrones socioculturales muy fuertes que hacen que se considere que hay una desventaja en la situación de las mujeres que le potencia a los hombres su capacidad de ser violentos con ellas. Lo mismo ocurre con la población LGTBIQ: tiene que ver con la forma con la que la sociedad comprende esas diferencias, que no es una forma sana ni que busca tolerar ni generar lazos de confianza, sino que busca reprimir esas diferencias”.
El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que entre 2009 y 2014 hubo 8.020 homicidios de mujeres, de los que el 35,6 por ciento se dieron en contexto de violencia intrafamiliar. De los 127.703 exámenes médico-legales practicados por delitos sexuales en esos años, 84,3 por ciento correspondieron a mujeres, la mayoría entre los 10 y 14 años, y en el 95 por ciento de los casos el agresor fue un hombre, casi siempre familiar o cercano a la víctima. En este contexto, entre 2010 y 2016, la Fiscalía inició 34.571 procesos judiciales por feminicidio, y hasta el momento solo el 10 por ciento ha llegado a una condena.
Por su parte, la situación de la población LGTBIQ tampoco es alentadora. Según un informe de Colombia Diversa y Caribe Afirmativo, solo en 2016 y 2017 asesinaron a 219 personas de esta población, y la principal causa ha sido la discriminación por prejuicio o intolerancia hacia lo que son estas personas, incluso por parte de la Policía. Igual que con las mujeres, la mayoría de casos de violencia y amenazas contra los y las LGTBIQ termina en la impunidad judicial.
“Muchas veces –añade Clara Leal– se considera que la mujer es culpable de la violencia que le ocurre, y también la población LGTBIQ: gran parte de la sociedad no considera que esa sea una condición de origen de las personas sino que es como si fuera una situación de voluntad que debería ser corregida con violencia. Esos patrones tan arraigados en nuestra sociedad son los que terminan haciendo que se minimice la violencia, que no se le dé la importancia, que no se atienda de manera prioritaria, y que incluso en el momento en que las personas deciden acudir a las instituciones no reciban un trato adecuado, y terminan perdiendo la confianza y renunciando al acceso a la justicia. Esperamos que este proyecto fortalezca genere confianza en la población para que denuncie y se sienta protegida cuando lo haga”.
Esta iniciativa va a ser ejecutada por Alianza para la Paz, Interpeace, ONU Mujeres y la Policía, y los fondos los va a proporcionar Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Posconflicto, que se creó en las Naciones Unidas para canalizar de una manera pertinente la cooperación económica que los distintos organismos están dando para el posconflicto colombiano.
