El altísimo riesgo de ser lideresa, en las voces de tres defensoras en Cauca, Meta y Nariño | ¡PACIFISTA!
El altísimo riesgo de ser lideresa, en las voces de tres defensoras en Cauca, Meta y Nariño Ilustración: Juan Ruíz @jucaruiz
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El altísimo riesgo de ser lideresa, en las voces de tres defensoras en Cauca, Meta y Nariño

Laura A. Torres Martínez - agosto 1, 2021

En lo que va del 2021, al menos 19 lideresas han sido asesinadas en Colombia. Su trabajo es indispensable para la consolidación de paz, por lo que hay que redoblar esfuerzos para protegerlas. Tras 20 años de la Resolución 1325 sobre mujeres paz y seguridad, ser defensora en Colombia sigue siendo una labor de riesgo. PACIFISTA! habló con tres defensoras sobre su trabajo y los riesgos que enfrentan.

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“Todos los días uno vive sin saber qué va a pasar (…). Siempre decimos que hay que acompañar a la comunidad hasta donde la vida nos dé”, dice Diana Collazos Cayapu, una joven de 25 años del pueblo nasa del norte del Cauca. Es comunicadora y desde hace casi una década se ha dedicado a visibilizar el trabajo de su gente desde este oficio. Ahora hace parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Por eso sabe que corre peligro constantemente. “El estar en el territorio y caminar con algún proceso dentro de las organizaciones sociales, sí tiene un riesgo grandísimo”, continúa. Hasta el momento, dice, no ha recibido ninguna amenaza directa, pero sí ha estado en escenarios en los que, por hacer lo que hace y dedicarse a comunicar, la situación de seguridad es compleja.

Al hablar de las amenazas recuerda a su colega Beatriz Cano, con quien trabajaba en la emisora comunitaria Radio Payumat. El pasado 7 de junio, la comunicadora de 35 años falleció en la clínica Valle del Lili, en Cali, luego de que se le declarara muerte cerebral por recibir tres disparos.

Tres días antes, varios hombres armados, al parecer del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, abrieron fuego contra un retén de la Policía Nacional en Santander de Quilichao, al norte del departamento. Según le contó el comunicador e integrante de la ACIN, César Galarza, a El Espectador, él, otros compañeros y Beatriz ya iban a pasar el retén de rutina, cuando empezaron los disparos. Otras cuatro personas, entre esas dos patrulleros, también fueron asesinados.

“Todo apunta y hasta ahorita creemos que el asesinato de nuestra compañera Beatriz Cano fue en el marco de este ejercicio de comunicación que se viene haciendo desde acá, desde el tejido. Ellos venían a cubrir un espacio con la comunidad. (…) Entonces ahí es cuando vemos que de alguna forma, independientemente de la labor que uno venga realizando, siempre va a haber un riesgo”, sostiene Collazos al hablar con PACIFISTA!

En lo que va del año, al menos 19 lideresas y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en toda Colombia, de acuerdo con el registro de Indepaz. Una de ellas era Beatriz.

De 2019 a 2020 las agresiones a mujeres defensoras incrementaron, según los datos recopilados por la Corporación Sisma Mujer en su último informe sobre esta situación: “Lideresas y defensoras de derechos humanos durante el segundo año de la pandemia en Colombia”. Mientras que en el primero se registraron 292 hechos, en el siguiente fueron 302, lo que representa un aumento del 3,42%. Este dato contrasta con el total de agresiones a hombres que ejercen liderazgo, pues las agresiones en su contra se redujeron en un 10,82%.

“(Es una) situación (la de los hombres) que no deja de ser preocupante, sin embargo, evidencia el aumento desproporcionado a nivel porcentual de la violencia contra las mujeres que defienden los derechos humanos”, se lee en el documento. Las conductas de riesgo de las que más alertan son el desplazamiento forzado, las amenazas y los atentados.


Por ahora se sabe que en el primer trimestre del año se registraron al menos 46 agresiones contra lideresas y defensoras, entre esas, dos casos de violencia sexual, según el informe.

Lo que dicen esos datos es que, aunque las mujeres son actoras indispensables para la consolidación de paz de los territorios, tal como lo expresan los mandatos de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los riesgos a los que se ven expuestas no están disminuyendo en la misma proporción que los de los hombres. Esto no quiere decir que desestimamos los que enfrentan ellos, sino que hay ver esta realidad bajo una mirada de género: ser mujer y defensora implica un doble peligro.

Son constructoras de paz, pero las están matando

Cuando Viviana Palacios, coordinadora de la Mesa Humanitaria del Meta y cofundadora del movimiento Mujeres Jóvenes Yo Puedo, piensa en lo que es ejercer un liderazgo, lo primero que se le viene a la cabeza es una mujer.

Líder no es solo quien tiene la palabra pública o que participa de lo político, sino que desde su cotidianidad ejerce ese liderazgo. Por ejemplo una mujer que se ha quedado sola por el conflicto armado, que ha sacado adelante sus hijos, que a veces se los han reclutado y ha ido por ellos y los ha sacado de allá, o que se los han desaparecido y sigue luchando para que puedan regresar”, explica.

Para ella, otro ejemplo que la lleva a asociar la defensa de derechos con las mujeres es el trabajo organizativo y de liderazgo que ella y otras en su comunidad han hecho. “Los temas de derechos humanos, de reivindicación del territorio o de defensa del territorio han estado en la voz, en las manos, en el corazón y en la cabeza de las mujeres”, sostiene.

Es abogada y vive en Granada, Meta, donde ha impulsado procesos sociales y ha liderado iniciativas para denunciar y abordar las violencias de género en su territorio. También estuvo vinculada a procesos organizativos juveniles, en los que se dio cuenta de la importancia del enfoque de género en la movilización. Fue el movimiento de mujeres, dice, el que le puso las gafas violeta de género.

Palacios nunca ha recibido una amenaza directa, pero sabe que esa posibilidad existe. “Creo que la clave ha estado en que aquí las mujeres nos hemos pensado todo un tema de autoprotección colectiva. (…). Hasta para un pronunciamiento, para dar una entrevista pasamos por ese proceso y creo que eso ha prevenido que muchas, no las que quisiéramos pero sí muchas, no hayamos tenido amenazas”, agrega en diálogo con PACIFISTA!

Como Beatriz Cano, Lucy Villarreal también era defensora de derechos humanos y una líder en su comunidad. Fue asesinada el 23 de diciembre de 2019, en Llorente, Nariño. Durante años fue gestora cultural, pues creía que el arte y la cultura eran herramientas de transformación social.

Su asesinato no solo envió un mensaje a toda la comunidad, sino a su familia. Melissa de los Ángeles Herrera tiene 29 años y al igual que su hermana mayor, Lucy, es una lideresa en este departamento al suroccidente de Colombia. Para ella, este hecho ha significado una amenaza constante a su seguridad y trabajo comunitario.

“Yo sentí directamente que esa muerte era un mensaje y una señal para mí, para mi trabajo como líder juvenil, como activista de género y como una persona que había trabajado durante toda su vida por posicionar las problemáticas de las mujeres jóvenes en este escenario”, le cuenta Herrera a PACIFISTA!, en una mañana fría desde su casa en Pasto, a los pies del Volcán Galeras.

Herrera es abogada en Nariño. Ahora está vinculada a procesos institucionales, como docente y funcionaria. Gracias a su trabajo en la Universidad de Nariño se han creado políticas de género y de educación inclusiva. Hace unos meses fue una de las mujeres jóvenes seleccionadas para participar en el Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres, que terminó el pasado 2 de julio.

Ella ya no está en escenarios y plataformas públicas porque después del asesinato de su hermana siente miedo. De todas formas, sigue trabajando en otros espacios porque, insiste, “a través del ejercicio del liderazgo se ponen en riesgo no solamente la propia vida, sino también la del núcleo familiar. Entonces es de esperarse que haya algo de temor, pero siempre abajo de todo eso ha estado la fuerza”.

En este escenario, la pregunta que se plantean las organizaciones y defensoras es: además del autocuidado que ejercen mujeres como Palacios en Meta, o Herrera en Nariño, ¿cómo protegerlas?

Las deudas con las lideresas

La Resolución 1325, sobre mujeres, paz y seguridad, cumplió 20 años en el 2020. Es un documento histórico del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no solo reconoce que las mujeres, jóvenes y niñas se ven impactadas de manera diferenciada y más grave en escenarios de guerra, sino que sin su participación activa en la resolución de conflictos, difícilmente pueden perdurar espacios de paz. De ahí que el rol de las defensoras sea tan importante en un contexto como el de Colombia, en especial tras la firma del Acuerdo de paz.

El pasado 28 de julio, organizaciones de mujeres y de sectores LGBTI+ se reunieron para hablar de la vigencia de la Resolución, dos décadas después de su expedición, y los retos que tiene su implementación en este momento. Se analizó cómo aplicarla en contextos de migración, covid-19, guerra contra las drogas, defensoras y situación de personas LGBTI.

“La agenda de mujeres, paz y seguridad no es ajena a esa lógica de la excepción o de crisis (bajo la que se ha estructurado el derecho internacional y el sistema de Naciones Unidas). (…) De hecho, una de las razones por la que la agenda se ha convertido en una poderosa herramienta de gobernanza global, es precisamente porque ha contribuido a difundir la idea de que si bien las mujeres son perdedoras en casi todos los escenarios de la vida, las pérdidas que las mujeres sufren en la guerra no son comparables con ninguna otra tragedia”, fue lo algo de lo que argumentó Daniela Díaz Villamil, abogada, en uno de los paneles del encuentro.

El problema de este enfoque, de acuerdo con la investigadora, es que la respuesta internacional y local a las problemáticas que viven las mujeres (entre esas las lideresas) no responden a sus realidades cotidianas. La llegada del covid-19 y su impacto en mujeres y niñas es un ejemplo, un punto que también abordó Sisma Mujer en su primer informe sobre la situación de las lideresas y defensoras de derechos humanos durante la pandemia.

Por su parte, Andrea Catalina León, también investigadora, llamó la atención sobre el hecho de que en el caso de defensoras, a la luz de la Resolución 1325, es importante reconocer las agendas sociales y las causas que lideran para poder dar una respuesta efectiva a su situación de seguridad. Pero uno de los inconvenientes, de acuerdo con ella, es que ese énfasis en la agenda de mujeres, paz y seguridad, sobre la protección a lideresas es muy reciente.

Todo esto se traduce en que, por el momento y a pesar de los intentos por garantizar su seguridad, las defensoras siguen en riesgo constante. La respuesta internacional ha sido deficiente porque, desde el principio, según académicas e investigadoras feministas, el foco para abordar sus realidades no ha sido adecuado.

A nivel nacional, en términos de justicia, el panorama tampoco es alentador. Según el informe de Sisma Mujer, que recopila datos de la Fiscalía General de la Nación, entre el 2010 y 2021 se han documentado 2.720 amenazas contra defensores de derechos humanos. La impunidad es del 99,34% en casos de lideresas, pues solo un porcentaje menor al 1% está en etapa de juicio; el resto sigue en indagación, lo que significa que apenas se está investigando pero está lejos de tener una sentencia.

Frente a los asesinatos a defensoras, hay un mayor porcentaje de sentencias condenatorias: de los 93 casos registrados por la Fiscalía desde el 2010, el 21,51% de todos los hechos está en etapa de ejecución de penas. “Sin embargo, más de la mitad de los casos continúan en la primera fase del proceso, correspondiente a la indagación con 52,69%, lo cual pone en evidencia la persistencia de la impunidad en los casos de asesinatos de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos”, alerta el documento.

Con todo, “¿qué significa ser una constructora de paz en un escenario como el de Nariño tan convulsionado y también, tan violento en algunas partes del territorio? Yo creo que significa creer en una utopía. Ser una constructora de paz es creer en una utopía y la utopía es justamente la paz”, dice Herrera. Insiste, también, en que la paz no le pertenece a nadie porque es una meta del país. La responsabilidad de conseguirla no está solo en las y los defensores de derechos humanos.

Hasta hace poco, Collazos, Herrera y Palacios no se conocían. Lo hicieron a propósito del más reciente capítulo del pódcast ‘Aquí hablamos todas’, de ONU Mujeres y la Embajada de Suecia, en el que hablaron de sus trabajos y liderazgos; de los riesgos que corren ellas y sus familias por lo que hacen y sobre todo, de por qué lo hacen.

“Estoy muy, muy, muy feliz por haberlas encontrado en mi vida. Lo único que tengo en mi corazón es gratitud y una admiración bastante grande por los procesos que se realizan en el Meta y en el Cauca”, dice Herrera desde Pasto, a la pregunta que hace PACIFISTA! de cuál es su conclusión de ese espacio.

Para Palacios es esperanzador saber que hay más mujeres jóvenes liderando escenarios en otras partes de Colombia, lo que demuestra que sí es posible el relevo generacional de una lucha de décadas que han dado otras mujeres. Y para Collazos, haber dado con ambas la llevó a reconocerse a sí misma como lideresa y también, a entender mejor el trabajo de otras que, como ella, son defensoras y constructoras de paz en sus hogares y comunidades.

Pero si las siguen agrediendo y el Estado y la comunidad internacional continúan sin dar respuesta efectiva a estas amenazas, la paz será cada vez más una aspiración inalcanzable. Una utopía.

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A Laura, quien escribió este texto, pueden encontrarla acá. Si quieren contarle algo pueden buscarla allá o escribirle a laura.torres@pacifista.co

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