Lideresas en Urabá y Catatumbo se plantan para acabar con una violencia que no se destruye, solo se transforma | ¡PACIFISTA!
Lideresas en Urabá y Catatumbo se plantan para acabar con una violencia que no se destruye, solo se transforma Ilustración: AN
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Lideresas en Urabá y Catatumbo se plantan para acabar con una violencia que no se destruye, solo se transforma

María Camila Paladines - Febrero 4, 2021

Lideresas de Urabá y Catatumbo e investigadoras de la FIP presentan informe sobre los impactos de la implementación del Acuerdo de Paz, la reconfiguración de los actores armados y sus acciones para contrarrestar los daños.

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“¿Qué es algo frágil? Algo quebradizo, inconsistente. Algo que se puede romper, pero no se ha roto, algo de tratar con cuidado. Lo frágil se puede reparar”: con estas palabras de una de las lideresas del Catatumbo, Norte de Santander arranca  el primer capítulo de “Haciendo frente a la fragilidad: las mujeres y la paz en el Urabá y el Catatumbo”, el más reciente informe de la Fundación Ideas Para La Paz (FIP), publicado el pasado viernes 29 de enero. 

En el documento se abordan las reflexiones de unas 50 lideresas de la Asociación de Mujeres del Plantón del Urabá, la Red de Mujeres Emprendedoras del Catatumbo e investigadoras de la FIP, que trabajaron durante el 2020, en plena pandemia, en una  estrategia llamada ‘La Incubadora’. Justo como en las incubadoras de los bebés, que sirven para evolucionar la salud del ser humano ante la fragilidad de un nacimiento con complicaciones, La Incubadora de lideresas pone en perspectiva la fragilidad de los dos territorios como un enfoque que permite identificar factores de riesgo –condiciones de vulnerabilidad, impactos del Acuerdo de Paz, afectaciones por la reconfiguración del conflicto– y también las expresiones que permiten afrontar, mitigar y gestionar esos riesgos.

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Desde que se firmó el Acuerdo de Paz, el crimen organizado se reestructura y la violencia urbana, el control armado en zonas rurales, vinculación de jóvenes a redes de microtráfico, e incluso violencia y explotación sexual de niñas y mujeres, no solo persisten sino son socialmente toleradas. Como si fuera poco –nada nuevo, por cierto– la violencia intrafamiliar preocupa a las lideresas de la región, sobre todo desde la declaración de la pandemia, debido a las “dificultades en el acceso a las rutas de atención y a la prevalencia de la trata de niñas y mujeres de los actores armados hacia las inmediaciones del río Atrato”.

En el Urabá las víctimas de delitos sexuales son, en su mayoría, niñas entre los 10 y 15 años, según datos de la Policía Nacional.

Como si no fueran suficientes males, en el Eje Bananero del Urabá –Chigorodó, Turbo, Apartadó, Carepa– se vive un ambiente de tensión entre las comunidades, el Estado y las empresas. Aunque en ese territorio se concentra en mayor medida el desarrollo económico de la región, que aporta el 80,6% del PIB, es paradójicamente en esta zona se encuentra la mayor presencia armada, explotación sexual y vinculación de jóvenes al microtráfico por redes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y la más alta concentración del impacto humanitario desde las negociaciones con las FARC hasta la actualidad. Además, el informe de la FIP asegura que eso ha generado “rezagos significativos en las zonas rurales y en el resto de los municipios de la región”, y cita un ejemplo con cifras del DANE: “entre 2005 y 2018, Apartadó presentó una disminución en el porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas, pues pasó del 24,5% al 14%. En contraste, Vigía del Fuerte mostró en el mismo periodo un incremento, pasando de 68,3% a un 77,8% de su población en estas condiciones”. Es decir, mucho progreso económico en las urbes, pero más bien poco en lo social y lo rural. 

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Así como en Urabá, la reconfiguración de los actores armados ha sido permanente en Catatumbo y ha implicado un alto coste humanitario durante la implementación de los Acuerdos de Paz. A esto se les suman otras fragilidades territoriales como la escasa presencia del Estado, el abandono de los gobernantes locales, pocas vías de penetración, altos índices de pobreza multidimensional rural, bajos niveles de bienes y servicios básicos, y barreras para el acceso a la tierra.

En esta región las lideresas reconocen que desde que inició la fase de implementación del Acuerdo, luego de la desmovilización de las FARC, el ELN y el EPL empezaron a reacomodarse y disputarse el control del sector, lo que automáticamente “incrementó las amenazas, asesinatos y desplazamientos masivos, entre otras afectaciones”. Al respecto, la FIP menciona un dato valioso de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) sobre  la segunda ola más alta en impactos humanitarios que ha vivido el Catatumbo, ocurrida en 2018 con “165.502 personas afectadas por el conflicto y la violencia armada”.

Las lideresas no se cruzan de brazos

Aunque en Colombia todavía no se cuantifican ni se visibilizan los logros del Acuerdo de Paz en torno a los procesos y liderazgos de las mujeres; y a pesar del crudo contexto en el que viven en Urabá y Catatumbo, como bien resalta el informe, desde la década de los 90 el papel de las mujeres y sus liderazgos en estas regiones ha sido fundamental en materia de defensa de sus derechos, de procesos de verdad, justicia y reparación, de generación de rutas propias de prevención, denuncia y acompañamiento a mujeres víctimas de violencias. 

En Urabá, su labor ha sido clave en la desmovilización de las mujeres de las AUC (a principios de este siglo) y las FARC. Mientras que en el Catatumbo priorizan, debido al subregistro y al difícil acceso a la justicia, la protección de las mujeres de cara a las violencias de género y al conflicto armado.

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Taller de diagnóstico, Urabá Antioqueño. Apartadó. Febrero de 2020. Foto: Informe FIP
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Jornada de cierre y balance de Diálogos Territoriales. Noviembre 2020. Foto: Informe FIP

‘La Incubadora’ sirve para que las lideresas e investigadoras analicen juntas los factores que perpetúan las vulnerabilidades que sufren y “lo que esto significa para la garantía de los derechos de las comunidades”, como dice la FIP en su informe.

Asimismo, a través de su trabajo en territorios y la compilación de las reflexiones en el informe, hacen un llamado sobre la urgencia de comprender los desafíos de la implementación y el enfoque de género del Acuerdo de Paz, además de la profundidad que han alcanzado las brechas de género debido a la migración, el desplazamiento y la reestructuración del conflicto armado. Desde las grandes ciudades se verá como un trabajo menor, pero es un aporte real y consecuente en miras a la construcción de paz y la reconstrucción del tejido social en el Urabá, el Catatumbo, dos regiones que no han podido saborear la paz que les prometieron.

Si quieren conocer y descargar el informe completo, lo encuentran aquí

A María Camila la pueden leer acá