Durante esta emergencia sanitaria, ellas han vivido la agudización de la violencia y nuevos escenarios de riesgo que obstaculizan la defensa de los derechos humanos.
“Yo comparo la pandemia por el Covid-19 con las amenazas: tenemos que asilarnos y escondernos cuando nos amenazan por el trabajo que hacemos. Es lo que vivimos a diario”. La pandemia ha perjudicado fuertemente a Yirley Velazco. No se contagió del virus y ninguno en su familia enfermó de gravedad. En cambio, le ha tocado enfrentarse a las agresiones en contra de las mujeres que defienden los derechos humanos en Colombia, una violencia que creció durante la pandemia.
Velazco, de 34 años, es una lideresa social de El Carmen de Bolívar, un municipio del departamento de Bolívar que hace parte de la región de Montes de María. Ella es sobreviviente de la masacre de El Salado, ocurrida en el 2000, en la cual sufrió de violencia sexual. Pero inspirada en su madre, una importante lideresa comunal de la región durante los años ochenta del siglo pasado, Velazco cofundó el grupo Mujer y vida para ayudar a otras mujeres sobrevivientes de la masacre y víctimas de violencia sexual. También es la representante de la Asociación de Sobrevivientes de Violencia Sexual Mujeres Sembrando Vida, que reúne a por lo menos 120 mujeres de Bolívar.
Debido a su labor y vocería en Montes de María, Velazco es blanco de amenazas desde 2017. Incluso durante las cuarentenas obligatorias por la pandemia llegaron panfletos amenazantes a su casa y la llamaron a su teléfono para intimidarla. “Fue horrible. Desde abril de este año llegaron nuevas amenazas. Y en octubre recibí una llamada de alguien que dijo ser de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Me dio un ultimátum de 24 horas para abandonar el territorio, en plena pandemia”. Esta ultima amenaza la obligó a salir de su casa en El Carmen de Bolívar.
Según la Defensoría del Pueblo, los riesgos en seguridad para las lideresas sociales y las mujeres que defienden derechos en el país van en aumento. Entre enero y junio de este 2020, a pesar de las restricciones de movilidad impuestas para contener la pandemia, se reportaron 151 agresiones contra ellas: 132 amenazas, 11 homicidios, siete atentados y una detención arbitraría. Además, entre enero y octubre fueron denunciados tres casos de violencia sexual. Estas cifras son altas en comparación a las registradas el año pasado.
“Mientras en 2019 se presentaron cinco atentados contra las defensoras de derechos humanos, en 2020, sin que se haya acabado el año, se registran 12. Esto supone un incremento del 140 por ciento. En el caso de los homicidios, la Defensoría señala que en 2019 se registraron 16 casos y en lo corrido de 2020, con corte a octubre, van 19 homicidios, lo que supone un incremento del 18,8 por ciento”, se lee en el boletín ‘Lideresas y defensoras durante la pandemia: entre la violencia sociopolítica de género y el Covid-19’, que preparó la corporación Sisma Mujer.
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Por su parte, la Fiscalía General de la Nación dijo que entre el primero de enero y el 19 de agosto de este 2020 fueron denunciadas 280 amenazas en contra de lideresas sociales y defensoras de derechos humanos. También señaló que se reportaron 16 casos de lesiones personales y uno de violencia sexual. En el análisis de Sisma Mujer, descartando los homicidios, esto significa que durante esos meses una lideresa o defensora fue agredida cada 19 horas.
Pero la violencia contra ellas durante la pandemia no solo se queda en agresiones físicas y amenazas. Sus liderazgos se han visto seriamente afectados. Así lo atestigua Clementina Carabalí, una lideresa afro del norte del Cauca y que hace parte de diversos procesos sociales y comunitarios como la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Carabalí, además, luchó por los derechos de las víctimas de la masacre del Naya, uno de los episodios del conflicto armado que más dejó huella en el pueblo afro del Cauca.
“Si me amenazan o lo hacen contra alguna de las mujeres, automáticamente se genera un miedo colectivo. Eso provoca que las compañeras no quieran reunirse, por temor, y así se retrasan los procesos que llevamos adelantando”, explicó Carabalí. Al miedo hay que sumarle obstáculos históricos que viven las lideresas y defensoras, como la exclusión por el hecho de ser mujeres, la violencia basada en género y el poco apoyo económico o logístico que reciben.
Debido a las cuarentenas obligatorias, a Carabalí y las demás mujeres que trabajan con ella les ha tocado reunirse, capacitarse o hacer actividades de manera virtual. El problema de esto es que en el territorio donde se encuentran hay dificultades para conectarse a internet, incluso para disponer de buena señal telefónica. “Además, por las restricciones, tenemos una desescolarización del 80 por ciento, siendo las mujeres quienes llevan la peor parte. Esto afecta a nuestras organizaciones”.
Por otro lado, Carabalí aseguró que en la región donde ejerce su liderazgo viene creciendo la violencia basada en género. “La mayoría de esa violencia se está dando dentro de los hogares. Mire: en 2019 nuestras organizaciones atendieron 15 casos. Este 2020, a falta de unas pocas semanas para que se acabe el año, van 68 casos. Todos los días llegan denuncias, pero por la falta de apoyo económico y logístico no tenemos la capacidad para responder a cada una”.
Y a lo anterior hay que agregarle que las lideresas y defensoras, así como las mujeres que trabajan en sus organizaciones y colectivos, han experimentado un aumento en las labores diarias durante la pandemia: además de atender sus causas y luchas, deben encargarse de tareas de cuidado en sus hogares. “Son jornadas de trabajo que suponen un mayor riesgo para la integridad de ellas, no solo por la posibilidad de contagio de Covid-19”, señaló Sisma Mujer en su boletín.
María Adelaida Palacio es abogada y gerenta de Sisma Mujer. Ella y la corporación a la que pertenece le han hecho seguimiento a los efectos de la pandemia en las lideresas y defensoras. “Lo que primero que tenemos que entender es que ellas sufren diferentes violencias en comparación a los hombres solo por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, violencia sexual o violencia intrafamiliar. ¿Y qué nos ha mostrado la pandemia? Que esas violencias se han exacerbado”. Además, según el análisis de Palacio, el Estado no se encuentra preparado para proteger a estas mujeres que juegan un papel importante de la defensa de los derechos humanos, menos durante la pandemia.
¿Y por qué la violencia contra las lideresas y defensoras se ha exacerbado en plena pandemia? Por su rol de cuidado en nuestra sociedad: son ellas las que se han encargado de atender a la población más afectada por esta emergencia sanitaria. “Y esto las pone en la mira de los grupos armados ilegales y otras organizaciones criminales, pues se volvieron veedoras de las ayudas humanitarias”. Recordemos que en varios territorios, durante las cuarentenas obligatorias, los grupos armados ilegales impusieron toques de queda y ciertas restricciones a los habitantes.
La exacerbación de las agresiones también tiene que ver con la débil atención que el Estado les brinda a las lideresas y defensoras. Si antes de la pandemia era complejo acceder a justicia o buscar protección, ahora con las restricciones de movilidad es más difícil. “Hay una falencia en sus comunicaciones y es clave mencionarlo. No todas tienen un Smartphone o buena conexión a internet, por lo que la respuesta estatal a las violencias no puede ser: remítanse a nuestras páginas web”, comentó Palacio.
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Por eso desde Sisma Mujer y los territorios donde las mujeres adelantan procesos sociales y comunitarios se pide rodear a las lideresas y defensoras. “Invitamos a rescatar y apoyar desde el Estado y la sociedad en general a las iniciativas adelantadas en todo el país, donde lideresas fortalecieron el uso de Twitter, Instagram o YouTube para visibilizar su trabajo y alertar sobre las difíciles condiciones de seguridad y de confinamiento que están enfrentando”.
Tanto Velazco como Carabalí tratan de resistir en sus regiones. La lideresa de Montes de María lo hace por medio de la confección de tapabocas en el taller que creó con Mujeres Sembrando Vida. Es una manera de mantener unidas a las mujeres y generar ingreso para ellas. Mientras tanto, la defensora de derechos del pueblo afro del norte del Cauca continúa impulsando proyectos para que los procesos sociales en su territorio no se desvanezcan . Sin embargo, ellas no pueden solas. Necesitan del respaldo del Estado y de la sociedad en general.
