OPINIÓN | Colombia tiene pendiente fortalecer el ordenamiento territorial y ambiental para evitar tragedias y muertes, como ha ocurrido en el pasado.
Por: María Camila Bustos
En mi última entrada, expliqué cómo los colombianos estamos acostumbrados a los llamados “desastres naturales”, pero cada vez es más claro que de “naturales” estos eventos no tienen mucho. En el texto, hice un llamado a que en el desarrollo de los Planes de Ordenamiento Territorial “modernos” repensáramos nuestra propia vulnerabilidad frente a eventos climáticos, especialmente en un periodo de transición política y social donde los desafíos en materia territorial aumentan. Es en este contexto donde el fortalecimiento del ordenamiento territorial es aún más importante.
Ya sea por vulnerabilidad climática o cambio climático (que según los expertos son dos cosas diferentes), Colombia es un país vulnerable por su misma geografía, dependencia en el aprovechamiento de recursos naturales y falta de planeación territorial. La misma Defensoría ha dicho que por la ocurrencia de tantos desastres naturales y la existencia de un sistema nacional para prevenir y atender estos eventos, “Colombia debería ser un líder a nivel mundial o regional en dichas áreas”. Sin embargo, no lo somos por dos principales razones.
Primero, aunque existe una normatividad que ha evolucionado según los desastres naturales y las necesidades que estos eventos han creado para el país, los municipios y las alcaldías no cuentan con los recursos suficientes para diseñar e implementar planes de ordenamiento territorial y gestión de riesgo. Segundo, la respuesta a desastres naturales (que cubre desde atención inmediata hasta reasentamiento de poblaciones en algunos casos) no ha sabido integrar las lecciones aprendidas y mejores prácticas.
Colombia también es el segundo país del mundo con más desplazados internos después de Siria. Y aunque hoy conflicto armado sigue siendo la razón principal para la reubicación forzosa de poblaciones, el desplazamiento interno por desastres climáticos amenaza los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables, de las cuales muchas ya sufren de una doble victimización al ser desplazadas por lluvia o sequía después de haber migrado escapando de la violencia. De enero a junio de 2017, hubo 23,000 personas desplazadas por desastres en Colombia.
Esta doble victimización, el panorama de proyecciones a futuro sobre el cambio climático y la inercia burocrática colombiana nos pone en una situación preocupante. Pero no es porque en Colombia no haya ideas, buenas prácticas y gente comprometida. Es más bien porque nos falta memoria institucional en la misma respuesta a los desastres.
Por ejemplo, durante la ola invernal del 2011 el gobierno nacional creó nuevas instituciones como Colombia Humanitaria y el Fondo de Adaptación para atender lo que en ese entonces era una tragedia sin antecedentes. Se crearon mecanismos de respuesta, herramientas de financiación y un sistema que de manera eficiente prestara ayuda humanitaria a 3,6 millones de personas afectadas a través de auxilios de arriendo, albergues construidos, viviendas reparadas y obras de infraestructura. Además, se explicó que en muchos casos no solo la mala planeación, sino también la deforestación y sus afectaciones a ecosistemas locales habían aumentado la vulnerabilidad a las terribles lluvias de ese año.
Este fue el mismo gobierno que durante la tragedia de Mocoa implementó todo un nuevo aparato de respuesta que desafortunadamente no tuvo en cuenta las experiencias del 2011. Es decir, en vez de retomar las lecciones aprendidas, que fueron documentadas de manera juiciosa por un grupo de funcionarios públicos comprometidos con el país, se respondió casi que de manera mediática, encargando al Ministerio de Defensa como coordinador de la reconstrucción. También se ignoró la deforestación de la zona, que permitió que cuando las corrientes del río Mocoa se intensificaran, el agua se llevara lodo, arena, piedras y árboles con toda su fuerza.
Ante este panorama, Colombia necesita un marco más eficiente, rápido y descentralizado para gestionar el riesgo. En este periodo de posacuerdo y como han mostrado mis colegas de Dejusticia, tenemos pendiente fortalecer el ordenamiento territorial y ambiental en Colombia.
Desde la identificación de zonas de alto riesgo no mitigable hasta la reubicación de una comunidad después de un desastre, necesitamos un modelo menos fragmentado y reactivo que nos permita realmente proteger a nuestra población. Necesitamos asignar los recursos necesarios para fortalecer el conocimiento técnico, producir estudios de suelo y de riesgo y realmente implementar la normatividad que ya existe.
Porque al final del día son las mismas víctimas o sea del conflicto armado, de la desigualdad o del olvido estatal las que terminan sufriendo más cuando la quebrada se desborda e inunda un barrio o una sequía progresiva que amenaza la subsistencia de una comunidad entera.
* Investigadora de Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad)
@MaCamilaBustos
