La abogada Luz Marina Monzón fue nombrada directora de la nueva unidad. El reto de devolverle la esperanza a las familias será enorme.
A pesar de las advertencias de las Farc, John Jairo Posso, el esposo de Sandra Bonilla, se metió en un territorio restringido por esa guerrilla en el Guaviare. Desde ese día de 2006, la mujer no volvió a saber de él. “Yo presentía que algo le había pasado. Cuando un conocido de nosotros me comentó que un frente de las Farc había dicho que a quien se metiera por allá le iban a poner la lengua de corbata confirmé ese temor”, dice Bonilla 11 años después.
John Jairo y Sandra trabajaban como comerciantes. Vendían productos de primera necesidad, como ropa, comida e implementos de aseo. “Íbamos por varias veredas vendiendo nuestras cosas. Con lo que nos daba nuestro trabajo podíamos mantener a nuestra hija, que en ese momento tenía tres años”, cuenta Bonilla. John Jairo desapareció en uno de esos viajes.
Tras confirmarse la desaparición de su esposo, Sandra se enclaustró en el dolor. Tenía miedo, porque el frente responsable le había hecho llegar amenazas, en las que se le advertía que no podía hablar de lo ocurrido con ninguna autoridad. Años después, impulsada por un funcionario del gobierno local, Bonilla denunció. Sin embargo, según ella, esa denuncia no rindió ningún fruto.
Bonilla llegó a la capital del país tras ser desplazada. Hoy radicada en Bogotá, es líder de la mesa de víctimas de la localidad de Fontibón. Allí representa a mujeres que han sido afectadas por flagelos como la violencia sexual y que, como ella, no saben dónde están sus seres queridos.
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La hoy líder cesó la búsqueda de su esposo durante varios años por temor a que le hicieran algo, a ella o a su hija. Foto vía Facebook
Según el Registro Único de Víctimas (RUV), la historia de Sandra se repitió más de 3.000 veces en el Guaviare durante las más de cinco décadas de conflicto armado. Pese a la existencia de organismos como la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, gran parte de los afectados por ese flagelo, como Sandra, no han encontrado a sus familiares.
En la actualidad, los procesos de búsqueda se realizan a través de entes adscritos a la rama judicial. Es el caso de las Rutas de Búsqueda de Personas Desaparecidas, encabezadas por la Comisión de Búsqueda. Allí se recolecta información, se analiza y se recopilan los datos de los análisis para luego proceder a la entrega de los restos. No obstante, según la líder, este mecanismo, junto con otros que se han creado desde el año 2000, no han resultado satisfactorios para los afectados por la desaparición forzada ni para sus familias, debido a la “falta de voluntad por parte de las autoridades”.
Sin embargo, el Acuerdo de Paz trajo consigo una posible solución para las víctimas. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto (UBPD). Esa entidad extrajudicial se creó a raíz del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, también contemplado en lo pactado entre el Gobierno y las Farc. Según el decreto presidencial que establece la creación de la Unidad –expedido el 5 de abril de este año–, el eje central serán las víctimas.
El decreto establece que, durante 20 años, la labor de la UBPD será el diseño e implementación de un plan nacional y regional para encontrar a los desaparecidos, esto sin reemplazar los mecanismos judiciales existentes, además de gestionar la atención psicosocial para las víctimas. Otra de las tareas que tendrá será contribuir a la identificación de quienes sean encontrados sin vida para que así el proceso sea más rápido y los familiares de las más de 46.000 personas reportadas como desaparecidas en Colombia, según el RUV, puedan disponer de sus restos.
Justamente, el pasado martes El Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición escogió a Luz Marina Monzón como directora de la UBPD. La funcionaria fue postulada por más de 130 organizaciones de víctimas.
Monzón es abogada de la Universidad La Gran Colombia y cuenta con estudios superiores en temas relacionados con las Ciencias Penas y Criminológicas y Derechos Humanos. Además estuvo involucrada en el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde realizó labores en materia de flagelos como el secuestro y la desaparición forzada.
La preocupación de víctimas y organizaciones sociales
Supuestamente, la UBPD pretende terminar con el margen entre las víctimas directas e indirectas, pues reconoce a los familiares como piezas clave dentro de las investigaciones. Inclusive, según el decreto, dos de los integrantes serán delegados de organizaciones de afectados por la desaparición forzada. No obstante, según la líder, las víctimas no han recibido ninguna información al respecto.
“Nosotras sabemos que la unidad está próxima a conformarse, pero nadie nos ha hablado del tema ni nos ha dicho que podemos participar”, dice Bonilla. Tanto Sandra como las víctimas de la mesa que lidera, esperaban recibir información detallada el pasado Día internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada (el 30 de agosto), esto con el fin de iniciar sus procesos de búsqueda, pero no se mencionó a la UBPD durante los actos conmemorativos celebrados en el país.
Quizás la falta de información para las víctimas obedece a la suspensión de revisión del decreto por parte de la Corte Constitucional en julio de este año. El retraso, según la Corte, se debe a que primero tendrá revisar la constitucionalidad de los instrumentos para la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, antes de pronunciarse frente a la UBPD. Sin embargo, se espera que la operación del ente empiece en enero del próximo año.
Al retraso de la corte se suma la preocupación de diversas organizaciones nacionales e internacionales con respecto a la independencia de la UBDP, pues, según un artículo anexo al decreto, ese ente estaría bajo el dominio del Ministerio de Justicia. “Consideramos que es contrario a lo establecido en el Acuerdo, puesto que del espíritu de este se desprende que la Unidad debe ser un órgano de alto nivel, autónomo e independiente”, manifestaron 30 organizaciones sociales a través de una carta publicada el pasado julio.
No obstante, el nombramientode Luz Marina Monzón resulta esperanzador. Aunque el escepticismo sigue latente. “Yo creo que esa incertidumbre se nos acaba cuando empiecen a contar con nosotros para encontrar a nuestros seres queridos”, dice Sandra Bonilla.
La líder aún no sabe cómo reaccionará si la UBPD encuentra los restos de John Jairo. Sin embargo, asegura que darle sepultura a su esposo pondría fin al sufrimiento que lleva a cuestas desde hace 11 años. “Es que cuando a uno le matan un ser querido, uno al menos puede enterrarlo y hacer el duelo, pero si ese ser querido está desaparecido ese sufrimiento no desaparece. A mí me ha costado hasta la salud porque hasta el día de hoy me pregunto dónde estará mi esposo”, concluye.
