La Jurisdicción Especial para la Paz deberá encontrar el justo equilibrio entre sanciones y amnistías. Esto es lo que las víctimas esperan tengan en cuenta los 51 magistrados electos.
Diferentes expectativas están girando en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La labor de los 51 magistrados elegidos para investigar y juzgar a los actores del conflicto armado debe quedar definida en detalle por el Congreso y la Corte Constitucional. Por lo menos esta semana, las comisiones primeras de Cámara y Senado están concentradas en la evaluación de 161 artículos que contiene el proyecto de Ley Estatutaria que le da vida a la JEP. Desde ya se están escuchando propuestas para la jurisdicción, como la del fiscal Néstor Humberto Martínez de excluir de beneficios jurídicos a los integrantes de las Farc que no denuncien a los testaferros de la guerrilla.
En el transcurso de las próximas cuatro semanas —las últimas del periodo legislativo fast-track— el Congreso definirá las propuestas que se incluirán o no en el proyecto de Ley de la JEP. Las voces de las víctimas seguramente pesarán, pues el espíritu de la jurisdicción es justamente repararlas, con la verdad de los hechos del conflicto como primera medida.
En ¡Pacifista! consultamos a diferentes organizaciones de víctimas del conflicto que nos contaron sus expectativas frente al trabajo que asumirán, aproximadamente en dos meses, los 51 magistrados de la JEP.
Bertha Lucía Fries, víctima de la bomba de El Nogal
En la conformación de la JEP he visto diversidad, magistrados de diferentes partes del país. La verdad desconozco quiénes son, solamente reconozco al exministro de Justicia, Yesid Reyes. Los magistrados que conforman la jurisdicción tienen que garantizar, en primera medida, la verdad. Como víctima, ¿cómo me reconcilio si no me dicen la verdad? Yo a los magistrados les mando un mensaje muy claro y es que en el caso de El Nogal nosotros esperamos un trabajo muy riguroso. Estamos hablando del acto terrorista más grande que hicieron las Farc en una ciudad, que dejó 36 muertos y 198 heridos. Mi hipótesis sobre la bomba de El Nogal es que allí están involucrados varios actores del conflicto, no solo las Farc, también el Estado e incluso los paramilitares. Esa verdad no se sabe y nosotros queremos que aparezcan todos los actores. De hecho ya enviamos una carta a la Unidad para las Víctimas solicitando que la JEP incluya nuestro caso como uno de los primeros en la lista. No sabemos todavía si van a catalogar este acto terrorista como un delito de lesa humanidad, sin embargo, las víctimas de este atentado pedimos primero la verdad, no tantos barrotes sino verdad. Si los responsables no dicen toda la verdad, bueno, ahí deben tener sus 20 años de cárcel.
Alejandra Gaviria, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) hija de Francisco Gaviria, militante de la UP.
En la elección de magistrados se presentó algo inédito y es que incluyeron a sectores excluidos, como los indígenas. Valoramos esa pluralidad de manera positiva, lo mismo el esfuerzo por lograr una equidad de género. Nos queda un sinsabor por los magistrados que están comprometidos con las Fuerzas Militares y que pueden llegar a tener conflictos de intereses.
Algunas de estas personas vienen de una doctrina militar en la que los guerrilleros son considerados sus enemigos y la obligación siempre ha sido acabarlos. Este tema, sin embargo, creo que tiene solución. La idea es que esos magistrados no sean juez y parte. Nosotros queremos que la JEP cumpla su mandato como órgano transitorio hacia la paz. Las víctimas vivimos con una impunidad del 98% y es importante que la JEP asuma la justicia en sentido amplio encontrando a los responsables individuales de magnicidios, desplazamientos forzados y despojos de tierras. Lo más importante ahora es que el Congreso le dé a la JEP la fuerza que necesita para actuar pues, por ahora, no la tiene.
Pastora Mira García, líder de víctimas de San Carlos, Antioquia
Me gustó la JEP porque incluyó a representantes de poblaciones históricamente marginadas, como las comunidades indígenas. Como víctima de guerrilla y paramilitares espero que los magistrados hagan el trabajo con suma responsabilidad. Espero que no suceda lo de Justicia y Paz, donde les dieron mucha relevancia a las voces de los actores del conflicto y no a las víctimas. Es necesario que se fortalezca la Comisión de Búsqueda de la Verdad, que se revelen las rutas del conflicto y los intereses de los actores. Creo que tiene que existir un equilibrio entre amnistías y sentencias. Lo más importante es que se presente un esclarecimiento de los hechos, que no se manipule el pasado ni la justicia. Nosotros, por ejemplo, todavía no sabemos quiénes estuvieron detrás de la masacre de Samaná en julio de 2004, cuando asesinaron a siete campesinos. Lo primero que queremos las víctimas es saber quiénes son los responsables.
Carmenza Gómez, una de las madres de Soacha. Víctima del Estado.
Nosotras tenemos algo muy claro y es que no queremos que este caso sea incluido en la JEP, tiene que seguir el curso por la justicia ordinaria. Los asesinatos por los que reclamamos no tienen nada que ver con el conflicto con las Farc.
El abogado de las Madres de Soacha, Luis Guillermo Pérez, explicó detalladamente la postura:
“La JEP tiene las máximas calidades éticas y académicas, confiamos en que harán bien su labor. Sin embargo, el caso de las madres de Soacha no tiene que ser considerado por la JEP, pues con el asesinato de civiles no se estaba buscando una ventaja militar frente al adversario. Que a un soldado le den ocho días de vacaciones por matar a un guerrillero cuando en realidad mata a un campesino no es algo que se pueda juzgar en la JEP. Estos homicidios, cometidos por beneficio personal e incluso institucional, no se deberían incluir en el marco de la justicia transicional”.
Rosa de las Nieves, integrante del Comité de Víctimas de Bojayá
No podemos adelantarnos a los acontecimientos, no sabemos muy bien si la JEP será efectiva. Eso sí, esperamos que haya justicia. Muchos familiares de Bojayá quieren que los responsables paguen una pena, pero para mí lo más importante es que todo ser humano que cometa errores los reconozca y no los vuelva a repetir. Yo les diría a los responsables de la masacre: “venga, hablemos, cuéntenos todo lo que hicieron, reflexionemos en torno a lo que ha sido nuestra vida y, de corazón, prometan que no van a volver a hacer algo así”. Si dicen todo lo malo que hicieron y no lo vuelven a repetir, para mí se estaría dando un cambio. Si no cuentan y van a la cárcel pues las cosas no mejorarán. Las cárceles antes empeoran a las personas. En Bojayá estamos esperando disculpas públicas y verdad. Vinieron las Farc, pero faltan el Estado y los paramilitares.